Nuevas ayudas a viviendas de integración social: beneficios e interrogantes en la mirada de las inmobiliarias

La construcción es uno de los sectores que aún no logran ponerse de pie del todo después de los años más duros de la pandemia. Las trabas para acceder a inmuebles propios, además de los sobrecostos de edificación no solo han golpeado a proyectos privados, sino también han hecho tambalear a un gran número de iniciativas destinadas a las familias más vulnerables del país.

En este escenario, hace algunas semanas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) modificó el Programa de Integración Social y Territorial, más conocido como el DS19, apoyando a las empresas constructoras para que puedan retomar los proyectos a los que han renunciado, que no han iniciado las obras o para que las retomen. La medida permitirá mejorar las condiciones de financiamiento para un total de 46.026 viviendas seleccionadas en los llamados en 2019, 2020 y 2021.

Los principales cambios realizados por la cartera dirigida por Carlos Montes - y que buscan enfrentar el déficit de viviendas en Chile- consideran aumentos del precio máximo que pueden comprar por vivienda DS19 y el monto de subsidio para familias de bajos ingresos para proyectos que resulten seleccionados en 2022, así como la posibilidad de homologar esos aumentos -que varían según región y algunas comunas en particular-, para proyectos entre los años 2019 y 2021.

Las inmobiliarias que trabajan con este tipo de proyectos han valorado el anuncio que, según dicen, supone medidas de salvataje. Sin embargo, señalan que aún no saben si esto “será suficiente” o no, pues desconocen, entre otras cosas, el efecto que tendría el alza de los precios en las oportunidades de acceso a estas viviendas por parte de los grupos vulnerables.

“Si se considera que el alza de los materiales en los últimos años ha sido de cerca un 30%, con este aumento en el precio de venta se podrían desarrollar proyectos más eficientes y que haga que sean factibles”, señala Christian Fariña, de Icuadra.

Christián Fariña, gerente comercial de Inmobiliaria Icuadra

Un “segundo aire” para las empresas con
proyectos cuyo desarrollo está en riesgo

En opinión de Christian Fariña, gerente comercial de Inmobiliaria Icuadra, el conjunto de propuestas significa para el sector “un segundo aire para poder retomar proyectos que estaban en el congelador”. Y en el caso de la compañía -con más de seis años en el mercado y que hoy se encuentra desplegada en la zona centro y sur del país-, la resolución emitida les permite “volver a evaluar la construcción de cerca de unas 1.500 a 2.000 viviendas” que estaban en riesgo de no ser ejecutadas.
“El año pasado fue el peor en ese sentido. Pero hubo un cambio de gobierno y con ello la manera de acercarse a las inmobiliarias. Por primera vez desde que participamos se entregaron medidas de manera retroactiva, de manera de ayudar a que proyectos que estaban atrasados puedan terminar”, comenta. Y destaca el “impulso” que podría implicar esto en la Región Metropolitana: “En Santiago el precio techo de la vivienda pasó de UF 2.200 a UF 2.800. Entonces, si se considera que el alza de los materiales en los últimos años ha sido de cerca un 30%, con este aumento en el precio de venta se podrían desarrollar proyectos más eficientes, y que haga que sean factibles”, sostiene. Pese a ello, advierte que no se sabe si esta ayuda “va a ser suficiente”, debido a eventuales problemas de acceso. “Cuando se sube mucho el precio, se podría encontrar con la paradoja de que, para el sistema, esos clientes están sobre el 90% (de inscritos en el Registro Social de Hogares) y por ende, no califican”, dice.
Agrega que Banco Estado debería tomar “un rol fundamental” en cuanto al financiamiento de empresas involucradas en el programa.

Rodrigo Boetsch, gerente general de inmobiliaria Boetsch

La tarea pendiente de aplicar el cambio
de condiciones de manera transversal en todo el país

Para el gerente general de inmobiliaria Boetsch, Rodrigo Boetsch, las nuevas condiciones para este tipo de viviendas vienen a “resucitar” proyectos “apretados” en términos de construcción.
La inmobiliaria cuenta con más de 10 iniciativas de integración social en la Región Metropolitana, entre ellas dos edificaciones en las comunas de Cerrillos y La Granja (que suman unos US$ 51 millones). Y si bien esta última iniciativa tenía problemas de ejecución, a partir del nuevo documento del Minvu podrá iniciar obras a fines de julio, según comentan desde la firma.
Para el ejecutivo, los beneficios no solo ayudan a las compañías y sus ideas, sino que también se “ataca el problema del financiamiento”.
“No tenía sentido subir el precio de la vivienda si no se subía el pie al cliente final”, indica. Y destaca, al igual que Farías, el hecho de que se homologan las condiciones de este nuevo llamado para decretos anteriores.
Sin embargo, desde la empresa mencionan que el texto contiene algunas “letras chicas” que deberían ser remediadas, como el hecho de que la entrega de ayuda “no se está haciendo de manera transversal en todas las comunas del país”, sino solo en ciertas regiones y ciudades en específico.
Además, cuestiona el hecho de que “el crédito de enlace -que siempre lo han dado- ahora lo están entregando en parte”.
Esto, debido a que los mayores gastos para una empresa siempre se observan al inicio de los proyectos, por lo que configuraría “una barrera de entrada” para inmobiliarias medianas y pequeñas, argumenta Boetsch.