Ministerio de Vivienda aprueba requerimiento de Justicia para ampliar cárcel Santiago 1
"Se verificó que se trata de un recinto penitenciario existente que es imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional", indicó la cartera.
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió con fecha 16 de diciembre de 2024 la resolución exenta 1902, a través de la cual aprueba la propuesta de ampliación de la cárcel Santiago 1 de la comuna homónima que realizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Revisados los antecedentes, se verificó que se trata de un recinto penitenciario existente que es imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y, especialmente, para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas”, indicó la cartera liderada por Carlos Montes.
Tras la decisión, el Minvu iniciará la elaboración del decreto supremo para la modificación tanto del Plan Regulador Comunal de Santiago como el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para así adecuarlos y permitir acoger la ampliación de dicha cárcel.
El jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Vicente Burgos, indicó que para adoptar esta resolución se ponderaron los antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia, el municipio, el gobierno regional y vecinos, además del detalle de la ley que tiene por objeto hacerse cargo de manera ágil del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios.
“El Ministerio concluyó que el requerimiento corresponde efectivamente a la ampliación de un recinto penitenciario necesario para resguardar la seguridad de la población. Por tanto, se resolvió hacer uso de las herramientas extraordinarias contempladas en la ley en que fundamenta su requerimiento el Ministerio de Justicia e iniciar el proceso de modificación excepcional del plan regulador comunal y metropolitano”, dijo Burgos.
Cabe destacar que las obras de ampliación tendrán un plazo de seis años para su ejecución desde la publicación en el Diario Oficial.