Mayores plazos y unificación de criterios: ejes para perfeccionar la Ley de Humedales Urbanos

Con poco más de dos años de vigencia, la Ley 21.202 de Humedales Urbanos no ha estado exenta de problemas. A la fecha, ya suma alrededor de 50 reclamaciones en todo el país, en su mayoría basadas en el derecho de propiedad y en fallas en el sustento técnico de los procedimientos. Y la cantidad de recursos que apuntan a la ilegalidad de algunas de declaratorias es tal, que instancias judiciales como el Segundo y Tercer Tribunal Ambiental han reforzado la capacitación de sus profesionales en la materia.

En este contexto, la consultora Entorno Social elaboró una propuesta centrada en cinco ejes para perfeccionar la ley en materias como plazos, y participación ciudadana. En este marco, desde la firma advierten que si no se introducen mejoras, la norma podría enfrentar una escalada de judicializaciones y una eventual retrotracción de zonas que ya han sido declaradas como humedales.

“Si se tiene más tiempo se puede fundamentar mejor la delimitación del humedal, y abordar las observaciones”,
señaló Robert Currie.

Si bien la valora como “muy relevante en protección del ecosistema, sustento a la biodiversidad y recarga de acuíferos”, el director de estrategia socioambiental y asuntos regulatorios de Entorno Social, Robert Currie, señaló que es imprescindible realizar ajustes a la ley para “velar por la mejor delimitación posible del humedal urbano y entregar certezas” .

Uno de los temas más relevantes dice relación con los plazos de declaración. Al respecto, el abogado considera el plazo de seis meses vigente para las declaraciones a petición de los municipios es “insuficiente” considerando el gran volumen de solicitudes y “los procesos de judicialización que imponen una carga en la administración del Estado”. Por ello, recomienda contar con un plazo adicional porque “si se tiene más tiempo se puede fundamentar mejor la delimitación del humedal, así como abordar adecuadamente las observaciones y solicitudes que se vayan presentando”.

Asimismo, el experto propone establecer una consideración especial para proyectos estratégicos o de interés nacional. La idea, dice, es que la ley establezca un régimen de compatibilidad de esta clase de iniciativas con el cuidado a los humedales urbanos, de modo que los proyectos que ingresen al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para mitigar sus impactos lo hagan “con la certeza de que si establece las medidas adecuadas no se va a prohibir su ejecución por una incompatibilidad”.

“Hay ciertos proyectos que aportan al interés público y benefician a la comunidad en general, como son, por ejemplo, los puertos, aeropuertos, líneas eléctricas y gasoductos”, indica Currie.

Agrega que esta propuesta tiene precedentes como la Ley de Bosque Nativo, que establece excepciones para ciertos proyectos calificados como de interés nacional.

Mejor participación

Currie apunta que la ley “no contempló” ciertas instancias participativas hacia la ciudadanía y que, en cambio, “estableció un periodo de recepción de antecedentes que difiere de una consulta pública”. A esto suma que algunas reclamaciones enfatizan que “se debió abrir nuevos periodos de participación ciudadana, lo que denota confusión en las instancias de involucramiento ciudadano”.

A su juicio, es necesario elevar el estándar de respuesta del ministerio del Medio Ambiente, de modo de “evitar que constantemente se incorporen antecedentes de manera extemporánea durante el procedimiento”.

En un cuarto eje, el experto subrayó la necesidad de la procedencia del recurso de casación, ya que actualmente la sentencia de los tribunales ambientales concluye el proceso. “No se puede impugnar la sentencia del Tribunal Ambiental y esto es problemático”, comenta, ya que no existe un órgano superior -en este caso la Corte Suprema- “que unifique los criterios de estos tribunales”. Argumenta que uniformar criterios “disminuye la discrecionalidad administrativa y judicial, y va formando estándares tanto para la declaración de los órganos como para la impugnación”.

Finalmente, Currie insta a mejorar el financiamiento para implementar la ley, particularmente en Medio Ambiente.