Juan Manuel Sánchez, director general de Concesiones del MOP: “Yo le quiero sacar el dramatismo. A veces los aplazamientos nos aseguran que tengamos una buena competencia”

En su oficina ubicada en Merced 753, Juan Manuel Sánchez, director general de Concesiones, abordó la cartera de proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas para los períodos 2024-2025, la cual incluye 24 llamados de licitación por US$ 12.600 millones.

Sánchez detalló que ya están trabajando a toda máquina para llegar a la meta. Actualmente, la cartera tiene alrededor de 10 proyectos en etapa de aprobación, para así lograr tener esas licitaciones en lo que queda del año. Asimismo, el director explicó que tienen nueve obras por US$ 6.300 millones por adjudicar, lo que calificó como una “excelente” señal para el país.

“Siempre hubo dudas de si existían proyectos. La verdad es que los tenemos (...) Esta es una cartera súper desafiante, que va en la línea de poder aportar al crecimiento económico del país, que requerimos con urgencia, de ponerle motores a la reactivación económica y a la generación de empleo”, enfatizó.

“Hoy estamos mirando permanentemente los contratos, y hemos realizado algunos cambios. Sin embargo, estoy seguro que tenemos mucho más campo para abordar aquello, y seguramente vamos a tener alguna propuesta”.

Sin embargo, los ojos del sector privado están sobre la cartera, debido a que una serie de actores de la industria han criticado al ministerio por el lento avance en las licitaciones de obras, lo que ha derivado en hechos como una cuarta postergación de la recepción de ofertas por la Segunda Concesión de la Ruta 68.

- ¿Qué engranaje del proceso está fallando ocasionando efectos como estos retrasos?

- Es una responsabilidad compartida. Detrás de cada llamado se activa un conjunto de empresas que hacen análisis de los proyectos. Ahora estamos con muchas solicitudes de aplazamiento, porque no están pudiendo lograr absorber la cantidad de trabajo que se requiere para hacer un análisis correcto. Estamos hablando de inversiones que van a durar años, no son licitaciones simples. Pero yo le quiero sacar el dramatismo. A veces los aplazamientos nos aseguran que tengamos una buena competencia, y eso es lo que hemos estado viendo.

-¿No será mejor lanzar una cartera de proyectos más acotada?

- Lo notable que hemos hecho es contarle al país y a los inversionistas que tenemos una amplia cartera para invertir, que tenemos proyectos que están en distinto estado de maduración. Siempre hay posibilidades de que los proyectos sufran algún cambio en su cronograma. En nuestra cartera vuelven los centros penitenciarios, también estamos trabajando en poder licitar durante el segundo semestre la primera desaladora y este mes recibimos las ofertas del estudio integral del tren Santiago-Valparaíso, estamos con mucha diversidad, lo que ayuda a la inversión del país.

- ¿Van a llegar a la meta?

- En eso estamos.

- ¿Están tomando medidas para agilizar los procesos?

- Claro que sí. Hay aspectos súper relevantes en esto. Uno tiene que ver con el aprendizaje. Otro tiene que ver con la posibilidad de aprovechar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno con el proyecto de la denominada permisología. Aquí nadie, y menos nosotros, queremos saltarnos la ley, queremos ser un aporte. Otro elemento tiene que ver, principalmente, con la afectación a las personas, y en ello estamos convencidos que un buen trabajo territorial tiene una implicancia en una reducción sustantiva de los plazos de ejecución.

Aumento de conflictos

De acuerdo al último estudio lanzado por la Comisión Arbitral, durante 2023 ingresaron 144 procesos arbitrales en el rubro constructivo -que incluye el sector concesional-, lo que representa un aumento de 38% comparado con el ejercicio anterior. Asimismo, las discrepancias ingresadas al Panel Técnico de Concesiones también han ido al alza. Según la institución, durante 2023 se ingresaron 16 conflictos a la entidad, mientras que en 2022 se abrieron ocho procesos, lo que representó un aumento del 100%.

- ¿A qué se debe esta alza?

- Hay una causa matemática simple. Tenemos 79 contratos hoy día, los cuales tienen un componente un poco distinto a lo que pasaba hace cinco años. Hoy día tenemos contratos que tuvieron algunas dificultades con la pandemia y que han sido motivo para acudir al panel, que es una herramienta que nos parece muy sana. Sin duda que podría perfectamente ser mejorada, más bien ampliada, porque hoy día contamos con más contratos. Pero es un sistema que funciona, que da garantía de estabilidad a la inversión.

Aquí la importancia del mecanismo de resolución de controversia es que cada contrato puede hacer sus argumentaciones, sus alegatos en virtud de cada particularidad. Aquí no hay perdonazo, aquí lo que hay es un estudio muy profundo de las condiciones que están afectando algún proyecto en particular.

- ¿Qué tipo de ampliación?

- Como aumenta la cantidad de proyectos, aumenta la cantidad de contratos y la cantidad de personal. El año pasado nosotros tuvimos un incremento del 10% en el personal, y todavía es insuficiente. Esperamos seguir creciendo.

- Se ha hablado de una actualización de los contratos para disminuir estos conflictos. ¿Cree que se debería tomar esa medida?

- Sin duda. La mejora continua es algo que está dentro de nuestra responsabilidad. Esto es como cambiar la rueda con el auto andando. Hoy estamos mirando permanentemente los contratos, y hemos realizado algunos cambios. Sin embargo, estoy seguro que tenemos mucho más campo para abordar aquello, y seguramente vamos a tener alguna propuesta al respecto.

- ¿De qué trataría esa mejora?

- Es muy preliminar, pero estamos mirando la experiencia de países como Perú, donde han podido incorporar algo que llaman los contratos colaborativos. También estamos viendo otros modelos en otros países.

Desaladora de Coquimbo

- Las sanitarias ya establecieron sus tarifas, y lo más probable es que el agua desalada sea más cara. ¿Cómo va a ser la estructura de negocio? ¿Han pensado en subsidios?

- Estamos trabajando en dos líneas. Por una parte, en el proyecto de ingeniería, y por otra, en la elaboración de las bases, en donde está la definición del modelo de negocio. Hasta el momento, la manera más tradicional o simplificada de lo que estamos pensando es muy similar a una carretera, que para poder levantar la inversión se utiliza el cobro de peaje. Si es que no se logra levantar la totalidad, el Estado concurre a un subsidio.

La particularidad de este modelo es poder garantizar al usuario un precio adecuado. Sin embargo, esta desaladora tiene también varias opciones de poder generar otros ingresos que van a ir, seguramente, en disminución directa de ese subsidio. Por lo tanto, el modelo va a ser flexible de alguna manera, y seguramente va a contar con un gatillador de inversión.