Fundamenta y paralización de proyecto en Ñuñoa: “Esta gracia, arbitrariedad e ilegalidad, por lo menos, nos ha costado $ 13.800 millones”

Casi siete meses lleva paralizado el proyecto inmobiliario que la empresa Fundamenta estaba construyendo frente a la Plaza Egaña en Ñuñoa, y que considera cuatro edificios con una inversión de US$ 300 millones. El 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la Delegada Presidencial, Constanza Martínez, y compuesta por los Secretarios Regionales Ministeriales nombrados por la administración del Presidente Gabriel Boric- rechazó la iniciativa denominada Egaña Comunidad Sustentable.

“La decisión fue muy política. Y esta gracia, arbitrariedad e ilegalidad, por lo menos, nos ha costado 400 mil UF (unos $ 13.800 millones), lo que se divide en desmovilizar la obra (con más de 600 trabajadores despedidos), los costos financieros que se han ido acumulando, y lo que significaría retomar las obras”, dice Pablo Medina, fundador de la Inmobiliaria, que tiene como socio minoritario a Andrés Echeverría de Frontal Trust. “Es prácticamente la mitad de la utilidad del proyecto. Y esto, pensando en que se pueda reiniciar a principios del próximo año”, añade el empresario.

- ¿Ilegalidad?

- Absolutamente. Nosotros teníamos un permiso de edificación, un Eistu y una Declaración de Impacto de Ambiental desde el año 2019. Es un proyecto que llevaba un 30% de avance cuando nos detienen la obra a medio camino de forma absolutamente injustificada.

Sin ganancias

El 26 de julio, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró admisible los recursos de casación que presentaron Fundamenta, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y vecinos del proyecto en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió –a fines de noviembre de 2021- retrotraer el análisis de la obra y revisar el impacto de las sombras que generarían los edificios.

Todas las partes buscan que se anule esta sentencia: los vecinos quieren que se rechace el proyecto, mientras que la autoridad ambiental y la inmobiliaria solicitaron que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada el 15 de mayo de 2019- sea validada por el máximo tribunal del país.

“Hoy día, la única salida que tenemos es que nos vaya bien en la Corte Suprema, y que valide el proyecto tal como está”, dice Medina.

- ¿Están dispuestos, como plantearon hace unos meses, a modificar el proyecto?

- Modificar el proyecto hoy día es imposible; si lo hacemos, tiene que hacerse tal cual está diseñado. Pensábamos que podíamos llegar a un acuerdo para bajar de 32 a 28 pisos, pero hoy eso es imposible.

En paralelo al proceso ante el máximo tribunal del país, la empresa busca que la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, revierta el dictamen de la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM y se califique favorablemente la iniciativa.

- Se la están jugando por completo en la Corte Suprema, más que en el proceso que se lleva ante el SEA.

- Claro, porque si la Suprema le da la razón al proyecto, lo de evaluación ambiental queda sin efecto. Creemos que es un caso fácil para la Corte, no es uno complicado porque es bastante arbitrario e injusto lo que nos pasó. Por eso, pensamos que no habría problema que nos dé la razón y acoja nuestra posición, por justicia para este proyecto y también por la señal para otros inversionistas.

- ¿Qué pasa si les va mal?

- Fundamenta lo perdería todo y los inversionistas también. Gracias a Dios no compromete las otras obras que tenemos en Chile y Perú. El que está bien garantizado es el Banco de Chile.

- ¿Presentarían un nuevo proyecto a evaluación ambiental?

- El proyecto está presentado, tiene un permiso de edificación y está avanzando un 30%. Lo tendríamos que estudiar, mejor, pero la viabilidad del proyecto es manteniendo el mismo con una nueva Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, que tomaría un año o un año y medio más.

Yo creo que el Banco de Chile va a apoyar que se haga el mismo proyecto, con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y, a lo mejor, con una autoridad ambiental más razonable.

La otra posibilidad es subdividir el terreno en diferentes lotes y venderlos a diferentes inmobiliarias para hacer proyectos independientes, pero sin las bondades que tiene nuestro proyecto, que cede mucho a espacios públicos.

- ¿Si les va mal en la Suprema seguirían con el proceso ante el SEA?

- También está esa posibilidad. Y ahí, la postura de la autoridad es jurídica, y el SEA siempre ha sido por aprobar el proyecto.