El mea culpa del controlador de Fundamenta tras el fin del proceso en la Suprema: "Faltó empatía con los vecinos de explicar más las bondades del proyecto"

Tras meses de paralización de obras -que dejaron cuantiosas perjuicios económicos y cientos de trabajadores desvinculados- hoy, y después de que la Corte Suprema fallara a su favor, la Inmobiliaria Fundamenta finalmente dejó atrás los problemas que impedían la ejecución de las obras por motivos medioambientales, y tiene el camino libre para continuar con la ejecución del proyecto Egaña - Comunidad Sustentable.

Y aunque desde la compañía se muestran felices por la decisión adoptada por la máxima corte de justicia, saben que parte de los problemas que originaron esta situación tienen que ver con la falta de comunicación con los vecinos del sector. Y se responsabilizan por ello. 

Pablo Medina, socio fundador de la inmobiliaria, contó cuál es el estado actual de las obras, a cuánto podría ascender la compensación económica que evalúa exigir al Estado, y cómo ven la certeza jurídica en el mercado inmobiliario. 

-A partir de la sentencia de la CS ¿Se acaban los espacios judiciales que puedan obstruir el avance del proyecto?

-Exactamente, por lo menos la parte judicial y en lo referido al tema medioambiental el tema está sancionado, juzgado. Y cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de reclamaciones ya lo dejó absolutamente zanjado la Corte. Por eso es una muy buena noticia, porque lo que nos estaban cuestionando era la validez de la nuestra Declaración de Impacto Ambiental.

Estamos muy tranquilos, contentos y bastantes seguros. Siempre se puede demandar o reclamar por cualquier cosa. Pero es distinto que estas reclamaciones tengan éxito.

-¿Retomaron las obras?

-Sí. Cuando la directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), doña Valentina Durán, emitió un fallo a favor nuestro, este fallo quedó a firme porque nadie interpuso recursos en contra de él. Eso fue el 27 de diciembre pasado. Nosotros con esa resolución ya podíamos empezar obras.

Si uno va a la obra ve que estamos demoliendo partes que no estaban demolidas, estamos empezando a excavar partes que no estaban excavadas, se están cerrando contratos o subcontratos, comprando fierros, hormigón y cosas así. Creo que entre el final de este mes de marzo y abril va hasta la obra en pleno funcionamiento. 

-¿Esto significa que va a mejorar la relación con los vecinos del sector?

-Sí. Las partes siempre hemos tenido confianza en la institucionalidad. Y también hay una confianza de las partes -nuestra y de los vecinos- en el expertise y seguridad de la Corte Suprema respecto a este tema. Por lo tanto, yo creo que merece confianza lo dicho por la Suprema, que está bien hecho.

-¿El financiamiento de la obra es un tema complejo para la empresa?

-No precisamente porque está bastante supeditado al éxito en este fallo de la Corte Suprema, y lo obtuvimos. El financiamiento continúa con el Banco de Chile porque uno de las necesidades del banco era tener la tranquilidad y certeza jurídica de que el proyecto iba a tener buena recepción por parte de la Suprema. Y lo tuvo.

-¿Cuántas personas desistieron de la compra de departamentos? 

-Hubo alrededor de 30 unidades de un total de 500 donde la gente vio la posibilidad de cambiarse a otro proyecto nuestro. Y algunos se cambiaron a un proyecto en la misma comuna y otros en la comuna de Santiago. La gran mayoría de las personas decidió permanecer comprando el proyecto. Tuvimos un voto de confianza extraordinario de parte de los compradores, y ya les avisamos a principios de enero que las obras se reanudaron y que se ha normalizado el proceso de pago de sus cuotas de los pies. Se han vendido varias unidades.

-¿Cree que, en general, se perdió la certeza jurídica para desarrollar proyectos inmobiliarios?

-No. Obviamente estuvo cuestionada y en un momento en jaque, pero las instituciones han funcionado. A veces, por errores de autoridades intermedias es que pueden equivocarse y se produce esa sensación de incerteza. Pero la buena noticia es que hay instancias superiores como el SEA y la Corte Suprema que al final colocan las cosas en su lugar y devuelven la certeza jurídica necesaria para invertir y trabajar tranquilamente.

-¿Cómo ven las condiciones del sector actualmente?

-Hay complejidad por el nivel de tasas de interés y de capacidad financiera de los compradores para acceder a crédito. Pero proyectos que ya están terminados -como este proyecto que va a terminar en diferentes etapas del año 2025 - 2026- los compradores están suponiendo condiciones jurídicas mucho más optimistas que las actuales. Entonces todos estamos asumiendo que en 3-4 años más las condiciones de mercado van a ser muy favorables.

–¿Decidieron si van a exigir o no una compensación al Estado? 

-Son ideas preliminares. De alguna manera los inversionistas del proyecto nos preguntan si vamos a demandar por los perjuicios que nos ha costado la paralización. Y dijimos que lo tenemos que estudiar. Obviamente no lo podemos descartar, pero sí, esta variación que nos ha costado a la fecha del orden de las UF 400 mil. 

-Es decir, el monto a exigir sería cercano a esa cifra

-Los perjuicios directos que hemos tenido por la paralización desde abril de 2022 a principios de enero de 2023 los hemos costeado en ese monto.

-Después de todos estos meses de disputa ¿Cuál es el balance que hacen?

-Siempre el proyecto ha sido calificado como un proyecto muy grande. Y nosotros voluntariamente pedimos que se hiciera una instancia de participación ciudadana, donde participaron más de 800 personas que hicieron 3 mil observaciones.  Y desde el SEA nos decían que todo el trabajo que habían hecho era muy superior a un Estudio de Impacto Ambiental. 

Todo esto que hacíamos en cantidad y en demanda de tiempo y de personal, pensábamos que estaba siendo conocidos por los vecinos. Y ahí el mea culpa de haber sido más comunicativo, más informativo, y tener más reuniones con las personas que no conocían el proyecto.

Fue una falta de empatía con la gente o los dirigentes vecinales del entorno de poder explicar más las bondades del proyecto.

-Y ahora ¿Qué esperan respecto del relacionamiento con la comunidad?

-Creo que llegaremos a un acuerdo beneficioso para ambas partes. No hay una enemistad con los vecinos. Por el contrario, encontramos que,los vecinos han ocupado el justo derecho que tenían para reclamar.