“Edificios fantasmas” en Estación Central: Municipio dice que “no se identifica una falta de servicio grave” tras demanda de inmobiliaria

La Municipalidad de Estación Central, representada por el abogado Carlos Solís, solicitó a la justicia rechazar una demanda de indemnización de perjuicios presentada por una inmobiliaria tras los denominados “edificios fantasmas”, inmuebles que fueron construidos pero que han debido enfrentar extensos plazos para lograr su recepción definitiva (permiso municipal).

La Inmobiliaria Ecuador -vinculada al grupo Norte Verde, ligado a los hermanos Roberto y Francisco Bascuñán- presentó una acción judicial en contra del Fisco de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de la Región Metropolitana, la Municipalidad de Estación Central, su alcalde Felipe Muñoz y el director de Obras, Juan Hernández. La empresa solicitó condenar a los demandados “a resarcir los perjuicios causados, más intereses y reajustes, debido a sus responsabilidades y negligencias en los entorpecimientos graves en la tramitación y obtención de la recepción definitiva del denominado Edificio Ecuador”, en calle Coronel Godoy 0157, Estación Central. “Existen omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias”, aseguró.

La compañía apuntó a una “falta de servicio” y a un “actuar irregular e ilegal” de la Municipalidad de Estación Central, materializado a través de su Dirección de Obras Municipales, al rechazar la solicitud de recepción definitiva. También cuestionó “la demora en la conclusión de actos administrativos de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; y las falencias de coordinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dilataron innecesariamente la corrección de dicho rechazo, y provocaron con ello, el aumento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que afectaron a Inmobiliaria Ecuador”.

En su acción judicial, la firma explicó que el edificio de 14 pisos -de carácter aislado, con 172 unidades para fines habitacionales y una placa comercial con seis locales- fue terminado en agosto de 2021 e inmediatamente ingresó la solicitud de recepción final a la DOM.

Luego de seis meses sin ningún pronunciamiento, la empresa dijo que la Dirección de Obras Municipales rechazó la solicitud de recepción final aludiendo una supuesta “inconsistencia” en el permiso de edificación.

Además, la inmobiliaria sostuvo que el alcalde de Estación Central –“sin fundamento legal o reglamentario alguno”, dijo el privado- pidió a las compañías afectadas por situaciones similares, pagar por unas supuestas “compensaciones por el impacto urbano” que habrían generado.

Con todo, la empresa solicitó una serie de indemnizaciones, que suman $ 1.683 millones, aunque anunció que también buscará el pago de reparaciones (que no cuantificó) por concepto de lucro cesante (por las ventas no concretadas) y daño moral.

En respuesta a la demanda, el municipio sostuvo: “Se identifica claramente que, la causa atribuida a la Municipalidad de Estación Central como ‘generadora de daños patrimoniales’, es la tardanza en la tramitación de solicitudes ingresadas en la Dirección de Obras y que estas se habrían dictado vulnerando la ley, quedando de manifiesto su improcedencia, toda vez que la administración actúo dentro de plazo y los actos administrativos emanados se ajustan a lo establecido en las normas jurídicas ya desarrolladas, y en su defecto, no se identifica una falta de servicio grave, que permita acoger la tesis de la actora y en consecuencia, menos aún, concurren los elementos para la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual”.

Además, en su escrito, el abogado Solís afirmó: “El costo de no recibir ingresos por más de un año, que alega la demandante, son riesgos propios del proyecto inmobiliario que aventuró la contraparte, debiendo seguirse el principio de que cada parte debe soportar el riesgo creado, sobre todo tratándose de actos o negocios comerciales como el inmobiliario”.

Fisco también pide rechazar

El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, también solicitó rechazar la demanda de la inmobiliaria. Sostuvo que “de una lectura atenta de la demanda podemos apreciar que lo realmente cuestiona es el rechazo de la solicitud de recepción final del edificio Ecuador”, para luego, afirmar: “Ni el Ministerio de Vivienda ni la Seremi tuvieron injerencia en el rechazo de la recepción definitiva del edificio (…) ni menos en el requerimiento de la emisión de una boleta de garantía por UF 5.890,73, a fin de garantizar la ejecución de los espacios públicos”.

El CDE dijo que la demanda “debe ser desestimada en todas sus partes, al menos respecto de los órganos que integran al Fisco de Chile, puesto que no existe una falta de servicio de esta parte”. Además, aseguró que “no existe relación de causalidad entre los hechos y los daños que se reclaman y que los perjuicios que se reclaman son totalmente inconsistentes e improcedentes”.