A 30 años de la primera concesión en Chile: aciertos, tareas pendientes y nuevos desafíos

Un 8 de abril de 1993 el ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó por primera vez una iniciativa de infraestructura pública bajo el modelo de concesiones, dejando en manos de privados la construcción y posterior operación del Túnel el Melón, que conecta las provincias de Quillota y Petorca, en la Región de Valparaíso. De ese hito, ya han pasado casi 30 años y más de 100 contratos de este tipo por un total que supera los US$ 27.000 millones a marzo de 2022.

Y aunque las obras desarrolladas han contribuido de gran manera a la conectividad del país y al mejoramiento de servicios públicos vinculados a la salud y el transporte, aún quedan varios desafíos para este y los próximos gobiernos. Esto, no solo en cuanto a la materialización de nuevas obras que respondan a problemas actuales, como la sequía, sino también a la relegitimación de un sistema que en ocasiones ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía.

“Hay una cantidad de necesidades sociales que hacen muy difícil conseguir los recursos. Y por eso el tema de las concesiones es tan importante”, dijo el exministro Carlos Hurtado.

Uno de los desafíos es “buscar la forma a través de la cual una industria que está cuestionada tenga que relegitimarse”, indica Carlos Cruz de CPI.

Bajo una mirada retrospectiva, Carlos Hurtado, exministro de Obras Públicas y responsable de dar inicio a este sistema durante el mandato del expresidente Patricio Aylwin, destaca el éxito, la buena aceptación de las concesiones por parte de los sectores público y privado, además de la “transparencia” -señala- que ha marcado a las licitaciones públicas. En este sentido, resalta avances en áreas como aquellas vinculadas al agua potable.

Y si bien sostiene que, en términos generales, “la ruta está bien definida”, precisa que existen temas respecto de los cuales aún falta mucho por avanzar como por ejemplo el sistema carcelario que le genera “bastante preocupación”.

“Este tema en Chile es un horror y hay que hincar el diente, y firme. No solo es cosa de derechos humanos, sino también de tener suficientes lugares adecuados para castigar a la gente que está delinquiendo”, dice.

Además, indica que hay que prestar atención a los puertos, particularmente a “la eficiencia de la distribución de la carga que llega a los puertos hacia el interior y viceversa”. Y apunta a la necesidad de descongestionar grandes arterias vehiculares, como la Ruta 5.

“Al ministro de Obras Públicas y al Presidente de la República no les faltan temas de qué preocuparse. Pero hay una cantidad de necesidades sociales en materia de vivienda, salud y otras que hacen muy difícil conseguir los recursos para desarrollar estos proyectos. Y por eso el tema de las concesiones es tan crítico e importante para este país”, afirma Hurtado.

Relegitimar el modelo

En el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) el balance es similar. El director ejecutivo de la entidad, Carlos Cruz, señala que la incursión del sistema de concesiones en actividades fundamentales permitió en su momento anticipar inversiones que de otra manera hubiesen tenido que hacerse igual, pero “de manera más distendida en el tiempo”. Y asegura que “la incorporación de privados al desarrollo de infraestructura pública ha cumplido más que satisfactoriamente con lo que se pensó inicialmente”, e incluso ha colocado a Chile “en lugares privilegiados en términos de su infraestructura a nivel regional”.

Para Cruz -exministro de Obras Públicas entre 2000 y 2002- el aporte de los privados en la principal red vial ha implicado “un alto nivel de prestación”, y destaca que el estándar en el caso del sector aeroportuario “es de primer mundo”.

De cara a los próximos años, considera urgente perfeccionar la interconexión portuaria, pensar en rutas que pueden usar el sistema concesional de carácter turístico, y rediseñar la estrategia en lo que respecta al agua potable. “¿Para qué hacer embalses cuando no hay agua? La preocupación principal debería ser pensar en una red de embalses pequeños en las distintas cuencas”, al igual que una política de desalación más intensa, comenta. Y sugiere potenciar proyectos consolidados de manera de extender sus beneficios a otros sectores del país.

“No tenemos que tener una sola arena en Santiago (Movistar Arena), puede haber distintas expresiones como esta en distintas regiones. Y no tenemos que tener una sola Plaza de la Ciudadanía”, propone.

Reforzar la institucionalidad

Cruz resalta que uno de los desafíos del Gobierno tiene relación con retomar la iniciativa de proyectos de infraestructura por parte del Estado, pues haber dejado la propuesta “solamente en manos del sector privado ha sido un tremendo error”.

En este marco, señala que uno de los desafíos es “buscar la forma a través de la cual una industria que está cuestionada tiene que relegitimarse”. Afirma que “lo esencial es preocuparse de cómo dar seguridad de que se está trabajando para el bienestar de la gente y no para simplemente facilitar la rentabilidad de algunas empresas”.

Cruz subraya que es necesario mejorar la institucionalidad del sistema a través del fortalecimiento del Panel Técnico, y de la entrega al Consejo de Concesiones de “un rol mucho más activo desde el punto de vista del diseño de la política pública”.