Inverlink: La historia de cómo se evitó que las AFP fueran afectadas por la crisis

"AFP Magister fue lo que me dio el empuje, el estatus, la posibilidad de entrar en todos los mercados". La frase es de Eduardo Monasterio, el hoy fallecido cabeza de Inverlink, en la emisión de uno de los capítulos del programa Contacto en 2005. Era la primera vez que hablaba ante un medio de comunicación tras la caída de su holding financiero, el que alcanzó a controlar 15 empresas y que en 2003 vivió su derrumbe luego de salir a la luz una de las estafas financieras más grandes en la historia de la plaza local.

La AFP de Inverlink era la más pequeña de las ocho administradoras de fondos de pensiones que operaban en el país, tenía cerca de 115 mil afiliados y administraba aproximadamente $300.000 millones. En una década donde las rentabilidades de los fondos de pensiones sorprendían al mercado y sus mesas de dinero se transformaban en el lugar donde se tomaban las decisiones de inversión del país, sin duda que la adquisición del 49% de la propiedad de Magister en USS$ 2,5 millones fue la puerta de entrada para Monasterio y sus socios a las grandes ligas del boyante Sanhattan.

Industria de administración de fondos de pensiones que tuvo su primera prueba de fuego en 2003, precisamente cuando se avecinó el derrumbe del imperio de Monasterio, el que para ese entonces ya se encontraba presente en los negocios de los fondos mutuos, la industria aseguradora y en la de isapres; además de una serie de sociedades dedicadas a las inversiones, con oficinas corporativas ubicadas en pleno barrio El Golf.

Era el verano de 2003, los chilenos comenzaban a dejar atrás el fantasma de la crisis asiática y el retail local empezaba a vivir su expansión de la mano de glamorosas aperturas en bolsa.

Y mientras los medios se revolucionaban con el lanzamiento de Protagonistas de la Fama y la temprana muerte del vocalista de Los Jaivas, Eduardo, el Gato, Alquinta, comenzaba a fraguarse uno de los escándalos financieros más graves del país, luego de que el Banco Central detectara la filtración de información confidencial hacia el gerente general de la corredora de bolsa de Inverlink, Enzo Bertinelli. La secretaria del mismísimo presidente del ente emisor de ese entonces, Carlos Massad, era la responsable de las filtraciones de información.

La situación fue sólo la punta del iceberg. Desembocó, solo en unas semanas, en una querella del BC en contra de la secretaria en cuestión y de Bertinelli, la orden de la SVS de auditar los negocios de Inverlink y, como consecuencia, una estampida de los clientes del holding financiero. Rescates de las inversiones frente a los cuales Monasterio y sus socios hicieron frente, perpetrando un millonario robo a la Corfo.

La intervención

En la superintendencia de AFP se encendieron inmediatamente las alertas. "Era una situación de altísimo riesgo, que eventualmente se le diera un manotazo, que se intentara usar recursos del fondo de pensiones para cubrir la bicicleta", recuerda Alejandro Ferreiro, quien estaba al mando del ente regulador en ese momento.

Y es que eso fue precisamente lo que pasó con Corfo, entidad desde la cual Inverlink, con la ayuda de Javier Moya, tesorero de la estatal, sustrajo $85 mil millones, a través del robo de depósitos a plazo.

En ese momento el regulador de AFP no tenía las mismas facultades que hoy tiene y legalmente no podía intervenir la administradora, explica Ferreiro. Sin embargo, la decisión fue hacerlo de todos modos. "Teníamos dos opciones, o mirar y esperar que no pasara nada, o pedir información y ser un poco más drásticos y tomar control de facto de la gestión de la AFP", relata el abogado.

A mediados de febrero el regulador decidió proceder. La medida la hizo pública 15 días después, a través de un comunicado de prensa. La intervención consistió en la fiscalización in situ, en dependencias de la AFP Magister, tanto en el área de operaciones como financiera. Además, se exigió la custodia de todas las inversiones del fondo de pensiones, los títulos locales en el Depósito Central de Valores y los extranjeros en el Banco Brown Brothers de Nueva York. Asimismo, la superintendencia exigió visar todos los egresos desde la AFP.

Ferreiro asegura que en su momento desde Magister podrían haberse opuesto, ya que tenían argumentos para reclamar ante los tribunales. Sin embargo, eso no ocurrió y encontraron un aliado desde dentro de la administradora: Julio Bustamante, en ese entonces presidente de AFP Magister y exsuperintendente de pensiones.

"Hubo gente de la misma AFP que "validó" la intervención y redujo el riesgo de que alguien lo cuestionara", recuerda Ferreiro.

Bustamante coincide en el relato. "Lo que hicimos fue separar la AFP de lo que estaba ocurriendo con el resto de las empresas del grupo y trabajar en conjunto con la Superintendencia para tomar las medidas que se debía para resguardar los fondos". De todos modos, señala que no se trató de una intervención como tal, sino más bien se siguieron las instrucciones del regulador.

El trabajo no terminó ahí. Luego de unos meses en que se logró controlar la situación y separar aguas de Inverlink, el desafío de Bustamante fue buscar un nuevo dueño para la AFP, operación que finalmente se concretó en marzo de 2004, cuando fue fusionada con Planvital. "Con eso terminó toda mi función", dice Bustamante.

El expresidente de Magister reconoce que no se trató de un momento fácil, sin embargo asegura que lo que se hizo fue importante. "Uno pasa malos momentos al estar vinculado a una cosa como ésta, pero tanto el mercado como el ambiente empresarial reconocieron que no hubo daño para los fondos de pensiones de AFP Magister gracias a que tomamos las decisiones que hicimos. Y eso no sólo salvó a la AFP, sino que también a todo el sistema", asegura.

Por su parte Ferreiro, a mediados de 2003, cuando ya había llevado a cabo la intervención de Magister, pasó a encabezar la Superintendencia de Valores y Seguros, tras la renuncia de Álvaro Clarke. No se fue solo, se llevó con él al entonces jefe de estudios del regulador de AFP, Osvaldo Macías, hoy líder de la Superintendencia de Pensiones. Pero así como los fondos de los afiliados de Magister se salvaron, los pensionados de la aseguradora de vida del grupo, Le Mans, vieron quebrar a la compañía en 2004 y sus rentas vitalicias ser traspasadas a otra aseguradora. Cuando se acaben los fondos, sus jubilaciones se reducirán a la garantía legal que establece la ley.

JORGE BURGOS

En aquellos años Jorge Burgos era diputado de la Democracia Cristiana y presidió la Comisión Investigadora del Caso Inverlink. Entre las cosas que destacó el entonces parlamentario es que posterior al escándalo el proyecto de ley de Mercado de Capitales II (MKII) introducía una serie de modificaciones legislativas y reglamentos que prevenían que casos como el de Inverlink se repitieran. "La reingeniería que se está haciendo en Corfo da cuenta del aprendizaje. Y espero que las mesas de dinero de los entes públicos y privados estén tomando medidas destinadas a una mayor autorregulación y autocontrol. La línea seguida en MKII es la correcta y busca mejorar las normas de control, prevención y autorregulación que son muy importantes a la hora de evitar estos problemas", dijo a DF en ese momento.

ENRIQUE MARSHALL

El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras del momento se convirtió en el verdugo de Eduardo Monasterio y es que la gran aspiración del líder de Inverlink era lograr la licencia bancaria para ingresar a ese mercado.
Sin embargo, cuando éste la solicitó recibió la negativa del regulador bancario, en ese momento liderado por Marshall.
En una primera instancia, desde Inverlink declararon a la prensa que habían postergado los planes de iniciar un banco, intenciones que ya habían hecho públicas. Sin embargo, luego el propio Monasterio reconoció que la licencia les fue negada.
La desconfianza de parte del regulador nacía del paso de Monasterio por el Chase Manhattan Bank, ya que se había visto vinculado a operaciones cuestionadas con dólares desde Argentina.

GUILLERMO LARRAÍN

Asumió la superintendencia de AFP en 2003, en reemplazo de Alejandro Ferreiro, quien pasó a encabezar el regulador de valores y seguros. Luego de que los fondos de pensiones de AFP Magister lograran ser resguardados, Larraín debió seguir monitoreando de cerca los pasos de la administradora. En marzo de 2004 finalmente la AFP se vendió a Planvital, operación que fue visada por la Superintendencia de AFP, en ese momento liderada por Larraín.
En ese momento, consultado por Diario Financiero sobre los aprendizajes del caso, Larraín señaló que "la gran lección es que la separación patrimonial entre los fondos de la administradora y los de los afiliados es eficiente y protege a estos últimos a todo evento".

GUILLERMO ARTHUR

El entonces presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, fue la cabeza de la industria en medio de todo el escándalo y celebró que el sistema de pensiones saliera airoso.
"La situación que afectó Inverlink ni siquiera tocó a los afiliados de AFP Magister. En consecuencia, la ley, que separa los patrimonios entre la administradora de los fondos de pensiones y el fondo administrado, demostró tener la fortaleza suficiente para defender los ahorros de los trabajadores", dijo en ese entonces Arthur.
Para el lider gremial también fue relevante defender que los tenedores de los títulos en algún momento cuestionados eran sus legítimos dueños mientras no se comprobara que se habían adquirido de mala fe. "La Corte Suprema nos dio la razón", dijo esa vez a DF.

Alejandro Ferreiro: "El riesgo de no actuar a tiempo era fatal"

El exsuperintendente de AFP, Alejandro Ferreiro reflexiona que "lo que afortunadamente pasó fue que nadie reclamó la peculiaridad de lo que estábamos haciendo, en parte porque todo el mundo entendía que era necesario y en parte porque los Inverlink no estaban en condiciones de reclamar".
- ¿Considera que fue un éxito la decisión de actuar?
- Salimos con cero falta, no se perdieron recursos, después se vendió la AFP. Uno de los principales riesgos, que era el desfalco, no se produjo. La decisión de intervenir prefiriendo pedir perdón que pedir permiso fue porque el riesgo de no actuar a tiempo era fatal.
- ¿La reducción del encaje que propone el gobierno tiene riesgos?
- Esa es una discusión que tiene varias aristas, la de la competencia, de la utilidad líquida distribuible para las AFP y la arista de una disminución de la capacidad de respuesta frente al incumplimiento de rentabilidad mínima. Cada una hay que analizarla por separado.
-¿Y que otros actores entren a administrar el 4%?
- Si no tuviésemos un ánimo adverso contra las AFP, en cualquier país del mundo un aumento de 4% de la cotización se habría destinado a las mismas formas de inversión que el 10%. Pero ese ánimo adverso existe, es un dato. Esa restricción más política que técnica ha buscado alternativas, el gobierno anterior propuso el consejo de ahorro colectivo gestionado por el Estado y el actual propone generarle competencia al 4%. Es un tema que hay que discutir.

2003
enero

El robo de los $85.000 millones que Corfo aún busca

El 29 de enero de 2003 el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, recibió en su correo un mail rebotado. El reconocido economista que cumplía su segundo periodo a cargo del ente rector dio aviso inmediatamente dentro de la entidad. El correo demostraba que su secretaria, Pamela Andrada, filtraba información privilegiada al gerente general de la corredora de bolsa Inverlink, Enzo Bertinelli. A todo esto se sumaba que Andrada y Bertinelli mantenían una relación sentimental. Ese fue solo el comienzo de uno de los escándalos más grandes que han afectado al sector financiero local, que desencadenó el robo de $85 mil millones en depósitos a plazo de Corfo, luego de que Eduardo Monasterio, líder de Inverlink, y sus socios se apropiaran de esos documentos para hacer frente a la masiva salida de clientes desde las empresas del holding, tras estallar el caso. Pudo hacerlo por su nexo con Javier Moya, tesorero de Corfo, quien robaba documentos de la estatal para enviarlos a Inverlink. A la fecha, Corfo ha logrado restituir $55 mil millones y aún mantiene acciones judiciales que buscan recuperar los millones restantes. Específicamente en la Corte Suprema el organismo disputa $11.500 millones con BBVA Corredores de Bolsa por concepto de multas e intereses.