El ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Víctor Ossa, denuncia que el organismo excedió sus atribuciones en la circular 49 que emitió el 9 de diciembre, y que buscaba ordenar y sistematizar las instrucciones de carácter general para los sujetos obligados.
El ingeniero comercial, que hoy está dedicado a la certificación de empresas en modelos de prevención contra el lavado de activos mediante la consultora Prelafit, cuenta que después de analizar el texto de diez páginas junto a su socio, el abogado Rodrigo Reyes, llegó a la conclusión de que la institución (que lideró entre 2004 y 2009) excedió sus atribuciones en dicho escrito.
Al respecto, explica que el texto fue presentado como una mera estandarización de criterios, pero incluía nuevas obligaciones para las entidades reguladas al instruir la creación de tres nuevos registros permanentes, lo que “es absurdo”, dispara.
Las nuevas instrucciones son diseñar registros de operaciones de los clientes (conocidos como Registros de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente); un registro de operaciones realizadas por las personas expuestas políticamente (PEP); y un registro de transferencias electrónicas de fondos. Estos se agregan al registro de transacciones en efectivo superiores a UF 450 que deben mantener los sujetos obligados.
El ex jefe de servicio señala que la ley 19.913 que creó la UAF capacita al organismo sólo para solicitar a los sujetos regulados un registro para las operaciones en efectivo superiores a UF 450 y que le hizo ver esta supuesta contradicción a la entidad presidida hoy por Javier Cruz, a través de una consulta el 15 de mayo.
“Yo le cuestioné a la UAF la sensatez de los registros que estaba pidiendo, porque me parecen un poco absurdos, y las facultades que tuviera para hacerlo. La respuesta que me dieron fue bastante insólita, porque me dicen que la ley habla de ´registros´ y que por lo tanto al ser plural se refiere a cualquier registro. Es un problema casi del idioma español”, señala Ossa.
En este sentido, argumenta que un informe de la comisión de Constitución del Senado de diciembre de 2002 y un fallo del Tribunal Constitucional establecieron que la UAF no podía obligar a sus regulados a llevar más de un registro.
“No es mi responsabilidad velar porque las instituciones cumplan con la legalidad, para eso está la Contraloría y ellos tendrán que ver si hay alguna institución que esté pasándose de sus atribuciones”, aegumenta Ossa.
Efecto y cumplimiento en las empresas
El otrora titular de la UAF señala que el supuesto exceso de atribuciones del servicio significaría mayores costos a las empresas, al tener que duplicar algunos registros.
“Hay claramente un tema de costos por duplicar registros y que además perjudica los controles, ya que tienes que estar revisando dos bases de datos, lo que es menos eficiente que estar trabajando con una sola”, argumenta.
Dicho esto, señala que ha conversado con gerentes de Cumplimiento de empresas, en especial del sector bancario, que le han manifestado que no están en condiciones de cumplir con las nuevas obligaciones que les impone la circular 49.
“Ellos tienen la misma interpretación que yo y suponen que si la UAF los sanciona, ahí darán la pelea. Pero no van a llevar registros duplicados, no van a llevar registros de todas las transacciones y después de todas las transacciones sobre US$ 1.000. Lo van a llevar en una sola base de datos”, argumenta el ex jefe de servicio.