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UAF levanta cargos contra corredora por cuentas de Pablo Alcalde
Informe sancionatorio contra LarrainVial es por “no reportar operaciones sospechosas”.
Por: | Publicado: Lunes 8 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por Jimena Catrón S.
Finalmente la Unidad de Análisis Financiero (UAF) evacuó un informe sancionatorio en contra de la corredora LarrainVial por no reportar operaciones sospechosas en el marco de la investigación que el organismo inició a comienzos de este año con el objetivo de recabar antecedentes respecto de las cuentas del ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde y los movimientos financieros que éste realizó antes y después de que estallara el escándalo de las repactaciones unilaterales.
Así, las diligencias realizadas por la unidad encabezada por Tamara Agnic, concluyeron que la corredora no habría cumplido con su deber de informar operaciones no sospechosas e inició un proceso sancionatorio donde estipuló una multa de 500 UF, aseguraron fuentes de tribunales.
Ante este informe, LarrainVial decidió el pasado viernes interponer un recurso civil por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, expediente que se mantiene en custodia a la espera de que se designe una sala. Esta es la primera vez que una multa por no reporte de operaciones sospechosas llega a tribunales y por lo tanto, sería la primera vez que la justicia va a determinar los alcances de la ley de lavado de activos.
Asimismo, trascendió que dentro de sus descargos LarrainVial señaló que como Pablo Alcalde era un cliente habitual de la corredora no les daba pie para revisar sus operaciones, incluso tras destaparse el escándalo que lo sindica como uno de los responsables del escándalo La Polar.
UAF
La UAF, creada en 2003 con personalidad jurídica y patrimonio propio, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, tiene como rol legal prevenir e impedir en el país el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Para ello, realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público para proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos, de acuerdo a su definición.
