Fue un ícono del 27-F. Un edificio nuevo, que se partió en dos para luego desplomarse. A diez años de esa trágica madrugada y tras dos juicios para obtener reparaciones, los dueños de los departamentos siguen esperando una solución. Lo que hoy más los aflige es que el terreno ubicado junto a lo que fue "Alto Río" y que se les entregó como indemnización no puede ser usado ni menos vendido: arrastra una deuda de contribuciones que supera los $ 100 millones. Y no pueden -ni mucho menos, quieren- pagarla.
Uno de los abogados de los propietarios de los departamentos, Enrique Hernández, explica que en primera instancia se abrió una causa penal por la muerte de ocho personas que se encontraban al interior del edificio. Además, se iniciaron acciones de carácter civil para obtener reparaciones, dado a que el edificio era nuevo, y muchas personas no tenían seguros contratados.
Hernández, junto al también abogado Renato Fuentealba, son quienes representan a cerca del 80% de los propietarios de Alto Río. El resto de los habitantes del edificio contrató a sus propios profesionales y aun en el Poder Judicial se tramitan algunas querellas.
En 2012, el grupo defendido por Hernández y Fuentealba obtuvo una sentencia penal favorable, donde se logró acreditar, parcialmente, la responsabilidad del ingeniero calculista René Pettinelli Loayza en el derrumbe.
Sin embargo, los querellantes no quedaron satisfechos con esta medida, que solo sancionó a uno de los ocho imputados en el caso, entre los que se encontraba el gerente general de la constructora Socovil, Juan Ignacio Ortigosa; su gerente comercial Felipe Parra; los ingenieros civiles calculistas René Petinelli y Pedro Ortigosa; el gerente de proyectos Ricardo Baeza; el director de la obra, Mario Valeria; y los jefes de obra Héctor Torres y José Luis Paredes.
"Al condenar solamente a un profesional, se obligó a que la fiscalía y los querellantes presentáramos un recurso de nulidad que fue acogido", explica Hernández.
Segundo juicio
Luego de esto se produjo un segundo juicio por el edificio Alto Río, en el que se logró condenar a tres años de pena remitida a Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, todos propietarios de la constructora Socovil. Además, René Pettinelli, fue condenado a 800 días de pena remitida.
Las condenas que recibieron, las cumplieron con remisión condicional de la pena, es decir, no estuvieron privados de libertad, porque no tenían antecedentes, y por haber sido condenados a una causa penal muy baja.
En lo monetario, la sanción civil fue cercana a los $ 4.000 millones. "Nosotros habíamos hecho una averiguación de los patrimonios personales de cada uno de los condenados", cuenta Hernández. Explica que gracias a ello lograron que la inmobiliaria Socovil, vendiera un inmueble ubicado en el centro de Concepción, donde estaba la oficina central de la empresa, y que les entregaran ese dinero a las víctimas. Además, se entregaron propiedades personales de los condenados para poder solventar parte de las indemnizaciones.
Sin embargo, a 10 años de la catástrofe, lo que aún sigue pendiente, es el dominio absoluto del terreno donde estaba ubicado el edificio.
Un portazo tras otro
Los afectados llegaron a un acuerdo con los condenados para que les entregaran como compensación un terreno aledaño al edificio que se derrumbó en la avenida Los Carrera de Concepción donde Socovil planeaba levantar la segunda etapa del condominio Alto Río, que se promocionaba como uno de los más modernos, seguros y mejor conectados de la ciudad penquista.
"Nosotros como abogados de las víctimas, si bien sabemos que no es el mejor negocio recibir bienes para pagar indemnizaciones, aceptamos porque estimamos que no existía otra solución más factible que esta", explica Hernández.
A pesar de que ambos terrenos conforman una sola unidad, jurídicamente están separados y cada uno tiene su propio rol de avalúo. Y sus contribuciones no estaban pagadas. La misma empresa constructora jamás hizo los abonos correspondientes.
Lo que más aflige a las familias que compraron esos departamentos, es que si bien ambos sitios ya están inscritos a nombre de la comunidad, el terreno que se les entregó como indemnización arrastra la deuda de contribuciones. Y sin eso saneado no pueden venderlo ni ofrecerlo.
Por eso, en los próximos días enviarán una carta al comité de gracia de la Tesorería de la República, con copia al presidente Sebastián Piñera, pidiendo esa deuda sea condonada.
Actualmente, los imputados por el caso siguen ligados al área de la construcción. El ingeniero calculista René Pettinelli Loayza, tiene boletas de honorarios electrónicas firmadas este año por servicios de ingeniería, según su situación tributaria del SII. Los tres dueños de Socovil, después de los juicios se separaron, quedando por un lado Felipe Parra y por otro Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza.
Los tres siguieron en el rubro de la construcción, inmobiliario y asesorías.
Del horror a una fundación
Mónica Molina, directora de la Fundación Alto Río y sobreviviente del edificio del mismo nombre, aún espera una solución definitiva para que el caso se cierre. "La noche del 27F yo estaba sola en el departamento y me desperté con el movimiento. Tuve la percepción de que el edificio iba a colapsar, y así fue. Esa fue la primera vez que me enfrenté a la posibilidad de morir, tenía súper claro que era probable que me muriera mientras se caía el edificio o llegaban a rescatarme", cuenta.
Después de la caída del edificio, los vecinos empezaron a organizarse para resolver los problemas más urgentes que tenían las familias de la comunidad, sobre todo en salud.
Molina cuenta que estuvo más de un año trabajando con representantes de otras comunidades de edificios que quedaron inhabitables en Concepción, y se dieron cuenta de vacíos, complicaciones y falta de protocolos para enfrentar problemas de esta envergadura, lo que complicaba aún más el avance en cualquier gestión.
Por esto, en mayo de 2013, Molina junto a otros sobrevivientes de la tragedia del edificio, decidieron crear la Fundación Alto Río, para promover el desarrollo de una cultura de gestión del riesgo y desastre en la Región del Biobío. Desde ese entonces han realizado una serie de actividades en alianza con instituciones y han hecho seminarios nacionales e internacionales.
"A lo largo de los 8 años que llevamos, hemos desarrollado una serie de iniciativas apuntando a la ciudadanía y a las familias, porque son ellos los primeros que tienen que saber cómo estar preparados para poder responder de la mejor manera posible frente a un desastre", cuenta Molina.
La fundación se financia con recursos propios, el directorio aporta una cuota mensual, y también realizan alianzas con otras entidades para poder coordinar actividades en conjunto. Además, en el último tiempo han postulado a fondos concursables para poder financiar algunas iniciativas. Una de las más importantes e inédita en Chile y Latinoamérica, es la que tiene como fin gestionar a voluntarios espontáneos, que quieran colaborar en caso de que ocurra una tragedia.
La Fundación se basa en el registro, educación y memoria, porque considera que recordar las experiencias de desastres ayuda a salvar vidas.
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