Auditora PwC contrata a Pablo Rodríguez para afrontar frente judicial

La firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), se ha convertido en una pieza clave en el puzzle del escándalo financiero de La Polar.

Desde 2007, fue la auditora externa de la multitienda, que ha visado los estados financieros, no existiendo registro de notas con observaciones de éstos. De ahí que todos los ojos están puestos en el rol que jugó la firma en este bullado caso. Es más, la primera medida del directorio al conocer las irregularidades en su sistema crediticio, fue reemplazarla por Ernst&Young.

Por esta razón, la auditora decidió contratar la asesoría del abogado litigante Pablo Rodríguez, previendo la ola de eventuales demadas que se pueden venir en su contra.

Las cuatro líneas de acción

Cuatro son las huellas que se siguen en torno a PwC. En primer lugar, su participación como auditora externa de La Polar en el período en que el directorio detectó que se cometiron las irregularidades.

Por esta razón, la Fiscalía Centro Norte ingresó a las oficinas de la auditora para recopilar la información que requiere para la investigación que está realizando.

Un segundo punto que se investiga es que PwC es la firma que también audita a la empresa emisora y operadora de la tarjeta de crédito de La Polar: Inversiones SCG S.A.

Esta última es una sociedad, en la cual figura como representante legal y gerente general Nicolás Ramírez, ex gerente general de La Polar que dejó el cargo en enero de este año.

En tanto, como presidente de Inversiones SCG aparece Pablo Alcalde, ex presidente de la multitienda.

Un tercer punto que se analiza es la participación de PwC como la auditora a la cual se le encargó la obligación de la SBIF de ver si la multitienda cumplía o no los parámetros establecidos en la circular número 17.

Esta circular obliga a cumplir varios criterios, entre ellos el trato que se debe dar a los incobrables y las provisiones.

Por último, un cuarto tema que se está considerando es que la Sbif no fiscaliza en terreno a las emisoras de tarjetas no bancarias , por lo cual no tiene la capacidad de ver la solvencia como lo hace con los bancos.

La normativa del Banco Central estipula que los emisores de tarjetas deben presentar un informe a la Sbif. El Banco Central en la norma dispone que la fiscalización sea realizada mediante un informe de procedimientos acordados efectuados por los auditores externos de la compañía. El contenido del informe es acordado entre la empresa y el auditor externo. Este informe es una especie de “check list”, y la Sbif se limita a verificarlo. Ese check list, en ese caso lo hacía PricewaterhouseCoopers.