Probidad y educación marcan la agenda legislativa del gobierno

Angela Chávez M.




El proyecto de ley de probidad pública, la iniciativa que crea un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y el que establece el mecanismo de negociación colectiva para los trabajadores fiscales, marcarán esta semana el debate en el Congreso y la agenda legislativa del gobierno.

Eso sí, mientras la primera de estas iniciativas recién comenzará a discutirse en el Parlamento, las dos restantes deberían votarse este martes por la Sala del Senado y así avanzar en su camino para convertirse en ley.

Así las cosas, la agenda de probidad -que el gobierno había comprometido ingresar a tramitación antes que finalizara marzo- iniciará su discusión en un ambiente marcado por una serie de diferencias entre el oficialismo y la Concertación.

Es que pese a que los técnicos de ambos sectores -que trabajaron previamente en la propuesta- lograron resolver buena parte de las discrepancias que existían sobre cómo normar las declaraciones de interés y patrimonial de las autoridades públicas, no tuvieron el mismo éxito en lo que respecta al fideicomiso ciego.

Aquí el gobierno habría propuesto distinguir entre el mandato ordinario (administración ciega) y el diversificado (con una administración gradual), lo que no satisface a la Concertación. Las mismas divergencias se reproducirían en lo que concierne al tema de la enajenación de activos.

Con todo, la palabra final la tendrán los parlamentarios.




Educación y otros


La creación de la Agencia de Calidad y Superintendencia de la Educación, en tanto, es una de las iniciativas que el Ejecutivo espera tener despachadas antes del 21 de mayo. El proyecto, impulsado por la administración Bachelet y que viene saliendo de comisión mixta, será votado por el Senado donde existiría un amplio consenso en su favor.

La iniciativa que establece la negociación colectiva para el sector público, enfrenta este martes su primer trámite legislativo. Se trata de una moción impulsada por el senador UDI Hernán Larraín y apoyada por un grupo transversal de legisladores, que les reconoce el derecho constitucional a los trabajadores fiscales a negociar colectivamente, pero que ha sido criticado por los afectados dado que para su implementación se requiere de una ley orgànica que es facultad del gobierno proponer.

En la agenda legislativa del gobierno también está en la mira el proyecto de inscripción automática, que ya fue despachado por la comisión de Constitución del Senado.