Senadores discrepan de idea de incluir al sistema de ADP los nombramientos de notarios

La propuesta del Ejecutivo de eliminar al Poder Judicial del proceso de nombramiento de notarios y conservadores y, como contraparte, incluir al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en el proceso de selección, generó una división entre los senadores de la comisión de Constitución que tramitan el proyecto de ley que moderniza el sistema notarial y registral.

Las indicaciones que presentó el Ejecutivo y que serán discutidas a partir de diciembre -luego que finalice la tramitación del Presupuesto-, plantean que será el servicio civil el encargado de las etapas de convocatoria, evaluación y elaboración de selección de candidatos; y que el Presidente de la República hará la designación final.

De esta forma, salen del proceso las cortes de Apelaciones que hasta hoy realizan las convocatorias y selección de ternas que son enviadas al Ministerio de Justicia para nombrar a los notarios.

La Asociación de Notarios declinó opinar sobre la propuesta de indicaciones del Ejecutivo hasta que se realice una asamblea este fin de semana para analizar el tema.

“No estoy 100% convencida de la forma para mejorar los nombramientos, lo que sí creo es que ya no tiene que ser la Corte Suprema, pero tampoco estoy convencida que sea la ADP, que no ha dado resultados esperados, creo que cambia de lugar el pituto”, afirma la presidenta de la comisión de Constitución del Senado, Luz Ebensperguer (UDI).

A su juicio, “esto debe ser por concurso y que gane el que tenga el más alto puntaje, pero esto de ternas o quinas es cuando empiezan a correr los pitutos. Si cambia solo el organismo que nombra se traslada de un lado a otro el poder de influencia y no se soluciona el problema”.

El senador Pedro Araya (IND) es más categórico: “No se puede perder el know how que tiene hoy el Poder Judicial para la elaboración de ternas en el caso de notarios, conservadores y archiveros. No comparto la decisión del gobierno de incluir el sistema de ADP”.

Esto último, señala, “trae aparejado un alto costo financiero para el Estado que hoy no está contemplado en los gastos de este proyecto y una excesiva demora en la elaboración de las ternas”.

Más que incluir la ADP, estima que las indicaciones deben ir por objetivizar el proceso de concurso.

También expresa su disenso con la prohibición de contratar parientes: “No soy partidario de esa norma, los notarios asumen el riesgo propio de llevar adelante la gestión notarial y, en esa línea, si necesitan tener a una persona de su confianza, que es un familiar, no veo problema”.

En opinión de Araya, “es como decirle a un dueño de un negocio que no puede contratar parientes para que cumplan labores en el negocio”.

Puntos a favor

Para el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli) es “absurdo que pueda asumir una notaría un abogado con apenas tres años de titulado, con pocos antecedentes académicos y en el que parece haber poca atención al mérito profesional y la trayectoria”.

Por eso, añade, “me inclino por que la designación en estos cargos pase por el sistema de Alta Dirección Pública, y que el mejor evaluado obtenga el cargo. En esa línea irán mis indicaciones”.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostiene que “varios aspectos del sistema de nombramiento y supervisión de notarios está en tela de juicio, como se ha visto recientemente con ternas que están muchas veces con personas vinculadas al Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo.

Finalmente, dice, “se llega a una decisión del Ministerio de Justicia que abona la suspicacia que la ciudadanía tiene frente a este tipo de nombramientos”.

Desde su óptica, “la ADP podría ser un sistema más transparente, no me cierro a eso, en Chile hay muchísimos menos notarios de los que se necesitan y el tema tiene que de alguna manera hacerse cargo de eso y no pueden estar vinculados a personas del escalafón principal del Poder Judicial o personas que ejercen cargos relevantes a menos que tenga una carrera demostrada que lo habilita para el cargo”.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) afirma que se quiere avanzar en el sistema de nombramientos de tal manera que el Poder judicial simplemente quede en lo jurisdiccional y no tener una competencia para este tipo de nombramientos.

Agrega que también espera progresar en las inhabilidades e incompatibilidades y “dar una solución al rezago que queda con algunos notarios que tienen un cargo vitalicio”.

En este contexto, la Asociación de Notarios declinó opinar sobre la propuesta del Ejecutivo hasta que se realice una asamblea este fin de semana para analizar el tema, mientras que desde la Corte Suprema señalaron que esperarán que les solicite formalmente su posición el Congreso una vez que se presenten todas las indicaciones sobre la materia.