Libertad sindical y certeza jurídica para el agua: las propuestas de norma de los agricultores y la CUT que llegan al Consejo Constitucional

Buenas noticias durante este fin de semana recibieron tanto la Asociación Nacional de Agricultura (SNA) como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y es que ambas organizaciones lograron que sus iniciativas populares de norma (IPN) recolectaran las 10 mil firmas requeridas para que éstas sean analizadas por el Consejo Constitucional.

Los agricultores lograron que su propuesta “Certeza jurídica para el uso del agua”, reuniera 11.704 apoyos. La iniciativa, en simple, apunta a establecer de forma expresa el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), algo que no estaba considerado en el anteproyecto.

“Habiendo reconocido el anteproyecto el derecho al agua y al saneamiento y la prevalencia del uso para consumo humano y uso doméstico, es fundamental establecer también la certeza jurídica sobre los DAA para la producción de alimentos”, argumenta el gremio en su propuesta.

En el caso de la CUT, el hito se logró dos veces, ya que la organización presentó dos propuestas: una que busca definir a nivel constitucional el concepto de trabajo decente y su alcance, y otra que establece la libertad sindical y su marco de extensión, la primera reunió 10.518 firmas y la segunda 12.593 apoyos.

Otra propuesta que tuvo buena acogida fue la impulsada por Pivotes -el laboratorio de políticas públicas fundado por el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte-, Horizontal e Ideas País, titulada “Por un Estado sin pitutos”, la cual apunta a establecer un nuevo régimen único de designación, contratación, promoción y cese de funciones para los funcionarios de la administración del Estado.

La idea logró recopilar más de 18 mil votos.

Menos suerte tuvieron gremios como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), ya que de las cinco iniciativas que presentaron, ninguna logró reunir el mínimo de firmas de respaldo requeridas.

De hecho, algunas obtuvieron una baja cantidad de votos: Provisión mixta de derechos sociales, por ejemplo, logró 105 votos; por una Constitución Sostenible (74 apoyos); Derechos Colectivos del Trabajo (95); y Conciliación entre derechos colectivos e individuales (39).

La acción “Calidad de políticas públicas y programas para la modernización del Estado”, fue la propuesta del gremio con más apoyos, con 1.520 firmas.

El papel de las audiencias

Sin embargo, pese a la votación conseguida, el gremio ha tenido un intenso despliegue en materia constitucional, al menos en los otros procesos de participación ciudadana que se habilitaron en este proceso.

De hecho, el gremio expuso recientemente ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional.

En la cita, la entidad expuso en torno a cómo el sector privado puede también participar en la provisión de derechos sociales y bienes públicos como, por ejemplo, en educación, salud y vivienda.

No han sido los únicos encuentros. El gremio industrial invitó recientemente a la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Experta del proceso constitucional, Verónica Undurraga y Sebastián Soto, al consejo general de la organización para abordar con los consejeros el trabajo de la comisión.

Otro gremio que ha tenido una activa participación en el proceso de redacción de la carta fundamental, aunque no ingresó ninguna propuesta de norma, es la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Al igual que Sofofa, Sonami participó en el ciclo de audiencias públicas desarrolladas en el marco del proceso constitucional en curso.

En la instancia, llevada a cabo el pasado 1 de julio, el presidente de la entidad gremial, Jorge Riesco, indicó que si bien en el anteproyecto constitucional se conserva parte importante de la institucionalidad minera que ha permitido el desarrollo de la industria, hay oportunidades de mejora en algunos ámbitos, principalmente en los temas que dicen relación con la exploración y explotación de los recursos minerales.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), también ha tenido un intenso despliegue de cara a una nueva carta magna. De esta forma, el gremio liderado por José Pakomio ha participado en seis audiencias, en las que ha abordado temas como: seguridad, principios tributarios, orden público económico y temas laborales y de emprendimiento.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha tomado un rol activo, participando activamente en las audicencias que dicen relación con temas como la descentralización.

Género y cuidado: el tema que moviliza a las organizaciones sociales

El pasado 1 de julio, la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, expuso recomendaciones referentes a la igualdad de derechos y oportunidades laborales para las mujeres con el fin de introducirlas en el nuevo texto que deberán aprobar los 50 consejeros y consejeras constitucionales.
El objetivo de la entidad es lograr agregarle al documento mínimos esperables en cuanto a la no discriminación en razón de género, a la ampliación del concepto de igualdad salarial e incorporar el derecho a trabajar en lugares libres de acoso y de violencia.
“En ChileMujeres trabajamos por los derechos y oportunidades laborales de las mujeres. Y sabemos que, para lograrlo, son necesarios aquellos cambios culturales y legales que innoven en políticas públicas”, dijo Jünemann.
Una motivación similar es la que se puede observar al interior de ComunidadMujer, desde donde han impulsado una fuerte campaña para posicionar el tema de los cuidados al interior de la carta magna. “Me cuidaron, cuido y me cuidarán: derecho constitucional a los cuidados”, es el nombre de la iniciativa que logró reunir casi 15 mil votos, y que busca reconocer el valor y la función social de los cuidados, estableciendo y garantizando derechos de las personas cuidadas y la labor de quiénes cuidan.
Esta iniciativa propone incorporar un nuevo derecho en el artículo 16, para reconocer objetivamente la función social de los cuidados y también para que el Estado promueva la corresponsabilidad sobre los mismos.