La fórmula del Servicio Civil para acelerar procesos de selección

El 23 de junio el Servicio Civil conmemoró 20 años desde su creación, organismo que cual tuvo como fin contribuir a dar un rostro más moderno y confiable del Estado. Esto, de mano del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que buscó profesionalizar la contratación de personal calificado al sector público en ciertos niveles.

Un camino que sigue, según anticipa su director nacional, Felipe Melo, pues está en elaboración un proyecto de ley que busca mejorar la forma de proveer cargos a la administración del Estado y también ampliar su alcance a determinados puestos en administración municipal y gobernaciones, que son dos mundos a los que hoy la ADP “escasamente llega”.

En el primer nivel jerárquico, se ha provisto el 80% de los cargos y la remoción a mayo del segundo año de gobierno es del orden de 19%, ambas cifras en los promedios históricos.

En el caso de los gobiernos regionales, solo el jefe de control se nombra actualmente a través del sistema; y a nivel municipal, es a través de las leyes de educación que se completan los cargos de jefe del Departamento de Educación Municipal.

Y aunque el perfeccionamiento ha sido recomendado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Melo señala que se debe tener cuidado para que las autoridades democráticamente electas no pierdan también parte sustantiva de su capacidad de gobierno.

“Tenemos un desafío bien concreto que permita al sistema seguir creciendo, pero que lo haga en forma orgánica y basado en las necesidades de la ciudadanía”, afirma.

Pero más allá de estos aspectos, Melo cuenta que el Consejo ADP ha estado desarrollando una serie de diálogos con diferentes actores con la idea de hacer una propuesta de perfeccionamientos al inicio de 2024. El objetivo es que el sistema logre una mayor rapidez en el aprovisionamiento de cargos.

“Hay que estudiar modificaciones legales para que las instalaciones de los gobiernos respondan con la celeridad que la ciudadanía merece y el sistema espera”, señala.

A juicio de Melo, hay “algunas buenas ideas” y, como ejemplo, menciona la del exPresidente Sebastián Piñera de pensar en movilidad interna de los cargos directivos ADP. Es decir, “que quienes hayan pasado exitosamente por el sistema de selección frente a otra postulación a un cargo semejante no repitan el proceso de selección, generar sistemas de movilidad horizontal”.

Otro cambio es la gestión de candidatos frente a cargos que tengan una menor demanda, donde el Consejo ADP puede invitar a ciertas personas -que ya hayan ejercido esos mismos cargos o semejantes- directamente hacia las fases finales de los concursos.

“Ese es el tipo de instrumentos que puede ayudar sustantivamente a que la situación mejore, a que el proveer estos cargos sea más rápido”, sostiene.

Los números frente a frente

De todas formas, Melo considera que el sistema -que, recuerda, se originó en medio de “lamentables escándalos de sobresueldos y pagos indebidos”- está “maduro”.

Así, durante estas dos décadas creció del orden de los 600 el número de cargos originales a más de 5 mil que provee en la actualidad y que cada año se suma otros.

Sobre la rotación de los mismos cada cuatro años por la llegada de una nueva administración de gobierno, indica que el esquema ha logrado “estabilidad”.

Desde su perspectiva, los indicadores -tanto de remociones como de niveles de nombramiento- no muestran grandes cambios si se mira al menos lo ocurrido durante los últimos tres gobiernos.

La remoción total a nivel del sistema, a mayo del segundo año de esta administración es del orden de un 19%. La cifra del segundo mandato del Presidente Piñera era prácticamente igual; y, en el caso, de la Presidenta Bachelet era levemente superior.

Desde el punto de vista de los nombramientos, la actual administración ha nombrado al 31 de mayo un total de 102 cargos del primer nivel jerárquico, que corresponden a jefaturas nacionales, como superintendentes y directores de servicio, alcanzando un 80% del total.

Este porcentaje equivale al mismo del gobierno pasado a igual plazo y superior al 71% registrado en el segundo periodo de gestión de Michelle Bachelet.