Acostumbra a participar en el debate público, suele escribir columnas sobre diversos temas y, en ese contexto, el abogado penalista y profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Zaliasnik, decidió saltar a la palestra para expresar su preocupación por la crisis de inseguridad. Y advierte acerca de la necesidad de resguardar el Estado de derecho y proteger las instituciones del crimen organizado que todo lo corrompe, según dice.
En esta entrevista, analiza a fondo la precariedad en que –a su juicio- se mueven las policías en el país y el rol del Gobierno en esta materia, repasa el proceso constitucional y se refiere someramente a la batalla legal que enfrenta a Isidoro Quiroga con la transnacional china Joyvio, a la que representa.
“Aquí todos tenemos que entender que si le damos al Estado el monopolio de la fuerza, es para que lo use”.
“Es paradójico, porque tenemos una coalición política que quiere que el Estado intervenga en muchas áreas, pero no en materias de orden público y seguridad.
“Este es un Gobierno elegido democráticamente pero se gesta en la violencia”.
- ¿Qué le parece que el Gobierno le haya dado tal relevancia a la crisis de seguridad como para sellar un acuerdo con el Congreso para avanzar en esta agenda?
- Es una deuda pendiente, no sólo de este Gobierno, este es un tema de arrastre, en que la realidad se ha impuesto a la política. Hacía mucha falta, desde varios gobiernos atrás, tomar en serio el problema de seguridad ciudadana y de orden público para que hoy día enfrentemos el fenómeno delictivo violento de crimen organizado.
- ¿Es crítico del acuerdo?
- Soy crítico, porque estamos llegando tarde al problema, no así en orden a que haya estos acuerdos. Soy crítico en cuanto a creer que con este acuerdo basta, porque esto se puede transformar en una especie de placebo y nos seguimos engañando pensando que se hace algo para cambiar las cosas sin que nada cambie.
En Chile, por idiosincrasia, inventamos eufemismos para desfigurar la realidad. Tratamos de buscar acomodo político y ahí también hay una deuda de la política.
- ¿En qué sentido?
- Porque cuando el foco se pone en los problemas de la política, el Estado y los profesionales de la política descuidan los problemas de la gente o los problemas reales.
- Pero los problemas de la ciudadanía van ligados a la política, porque para resolverlos se necesitan leyes…
- Sí, pero si las leyes se trancan en el Congreso, si el Ejecutivo no les da la velocidad que se requiere, si la oposición, como ocurrió durante el pasado gobierno, obstruye o destruye cualquier intento de gobernanza, es difícil avanzar. Un ejemplo paradigmático, que es casi lo más importante en este acuerdo de las 31 leyes, es el tema de la ley de inteligencia, porque Chile no tiene inteligencia. Y, sin inteligencia, tenemos un problema muy serio, porque las policías actúan tardíamente, cuando el fenómeno delictivo se salió de cauce.
- En privado, algunos oficialistas admiten que los cambios que ha sufrido la delincuencia tienen mucho que ver con la migración, ¿comparte esa mirada?
- Indudablemente, el tipo de delincuencia violenta que se instaló es un fenómeno que no es endógeno, no está en la matriz delictiva chilena. Pero tarde o temprano, esto iba a ocurrir, ya sea por la migración ilegal o bajo otras formas, por ende llama la atención que no se haya hecho lo suficiente para prevenirlo. Y, cuando se quisieron hacer leyes más duras, como la ley de inteligencia, hubo una oposición que no ha permitido avanzar. Hoy todos hablan de crimen organizado y este fenómeno supone redes de corrupción a nivel del aparato del Estado, del sistema judicial, en todos lados, lo que implica redes para lavar y sacar el dinero. O sea, el problema que enfrentamos ha permeado a la sociedad en múltiples aspectos. Creo que estamos cerca de un estado fallido.
- ¿Es tan así lo que está pasando en Chile?
- Es cosa de ver lo que está pasando para darse cuenta de que vamos hacia un Estado fallido o estamos muy cerca de serlo. Tenemos presidentes, no un gobierno sino varios, que no tienen la capacidad de gobernar.
“Espaldarazo a Carabineros”
- ¿Qué evaluación hace de la gestión del fiscal nacional en este corto tiempo?
- Es demasiado temprano para evaluar si hay o no un cambio real respecto de lo que fue el mandato de Abbott. Hasta aquí, al menos, es rescatable la instrucción que impartió respecto de los indocumentados. Se podrá discutir jurídicamente los alcances de la medida, pero al menos la señal es positiva.
- Usted hizo hincapié en materia de inteligencia y la ministra Tohá reconoció que es una falencia en la que hay que avanzar para que las policías puedan adelantarse a los hechos, ¿este reconocimiento es una buena señal?
- Tomar conciencia de los efectos de los problemas es el primer paso para resolverlos. Lo que pasa es que estamos llegando muy tarde en este partido. Eso es todo. El problema es esta postura errática entre aprobar la Ley Naín-Retamal y luego las dudas con el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).
- ¿Eso demuestra que el Gobierno no tiene interiorizado en su ADN darle más autoridad a la fuerza pública?
- Es que es evidente. Si tú estás lleno de autoridades que deslegitimaron a la fuerza pública… Y, perdón, pero déjame coquetear con la idea de que podemos ir hacia un Estado fallido, si no hacemos las cosas bien y en serio, de una vez por todas; porque lo que caracteriza el funcionamiento del Estado es que la sociedad le entrega, bajo ciertas reglas, el monopolio de la fuerza. Y es paradójico, porque tenemos una coalición política que quiere que el Estado intervenga en muchas áreas, pero no en materias de orden público y seguridad. Y si se erosiona, porque se deslegitima el uso de esa fuerza, se termina evaluando mal a todas las instituciones y ese cóctel es muy peligroso. Aquí todos tenemos que entender que si le damos al Estado el monopolio de la fuerza, es para que lo use.
- ¿Las dos almas del Gobierno son un problema si se trata de seguridad?
- No tengo problema en decirlo, porque esta historia ya está escrita, este es un Gobierno que nace de la violencia, es elegido democráticamente pero se gesta en la violencia, en herramientas de violencia a nivel estudiantil…
- Pero el Presidente y varios ministros han dicho que no legitiman la violencia.
- Uno puede, razonablemente, cambiar de opinión. Yo escuchaba al Presidente en Enade y decía ‘tenemos que empatizar con las otras ideas y no ser obtusos’…
- ¿Es valorable que cambie de opinión?
- Es valorable que lo diga, pero más valorable que lo practique. Porque el espaldarazo que hay que darle a Carabineros y a las policías tiene que ser un acuerdo nacional.
- ¿Cree que el Gobierno tenga la capacidad para empezar a hacer frente de manera drástica al problema de seguridad? Digo empezar, porque no es algo que se cierre en una sola administración.
- A todos los gobiernos, por distintas razones, les ha costado tener esa capacidad, a éste le cuesta más naturalmente, pero aquí no tenemos tiempo que perder. Y hace falta un gran acuerdo nacional. Y perdona que lo vincule con la Constitución, pero nos damos tiempo para hacer plebiscitos, de entrada de salida; por qué no le preguntamos a la ciudadanía en un plebiscito qué es lo que quiere de sus policías. Renovemos el pacto con Carabineros.
“Factor que los inversionistas consideran”
- ¿Qué opina del proceso constitucional?
- El valor que debiera tener este proceso constitucional es que sea aprobado por una amplia mayoría para que podamos cerrar el capítulo y que dentro de los derechos y deberes para los ciudadanos, reconozcamos el derecho que del Estado a ejercer el monopolio de la fuerza, en forma muy clara. Porque la realidad de nuestros carabineros, policías y Fuerzas Armadas hoy es muy distinta a la realidad en la que se dictó la actual Constitución. Porque hoy una parte de la clase política deslegitimó su actuar. Yo aprovecharía la instancia constitucional para darles un espaldarazo de legitimidad, con un acuerdo político transversal.
- ¿Estamos en un punto en que la seguridad influye en que no llegue inversión o se vaya del país?
- Es un factor que indudablemente los inversionistas consideran, pero esta no es una discusión económica. Quizás, el problema en el país es que muchas veces hemos supeditado algunas decisiones de políticas públicas sólo a consideraciones económicas. Me preguntas si es importante para atraer inversión extranjera, probablemente lo es, pero más importante es para la inversión local. Este tampoco es un tema de pacto tributario, que también es necesario, es un tema acerca de la capa sobre la cual se construye la sociedad.
Su visión sobre el curso del
caso Australis: “Aquí no habrá impunidad”
En su caracter de abogado, Gabriel Zaliasnik está actualmente en el ojo del huracán por el caso Australis y aunque no quiso profundizar en el tema, cree firmemente en que, al final, “no habrá impunidad”.
- No puedo dejar de preguntarle, como abogado del grupo Joyvio que adquirió la empresa chilena Australis y ha anunciado una querella por estafa en contra de Isidoro Quiroga y los excontroladores de la empresa, ¿en que está esa acción?
- En esto aplico la sabiduría china. Los ríos profundos pueden parecer algo más lentos, pero llegan más lejos.
La evidencia que hemos hallado es contundente. Entiendo la ansiedad del señor Quiroga y su círculo cercano, pues conocen mejor que nadie la magnitud y gravedad de lo que hicieron. Todo tiene su momento. Aquí no habrá impunidad.
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