CPC acusa “violación del Convenio 169” por realización de consulta indígena y pide a la OIT hacer llamado de atención a la Convención

Las molestias del mundo empresarial respecto al trabajo que está realizando la Convención Constitucional llegarán hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y es que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) -con el respaldo de siete comunidades indígenas-, enviaron una carta conjunta dirigida al director general de la OIT, Guy Ryder, en la que acusan “graves deficiencias metodológicas y la ausencia total de estándares mínimos” en el proceso de consulta indígena realizada en el marco de la Convención Constitucional.

Los gremios advierten sobre la baja participación en la consulta indígena: un 0,3% de quienes se identifican con una etnia.

Según acusan los empresarios, la consulta indígena desarrollada a nivel nacional se desarrolló en un plazo de 21 días -que originalmente eran 19 y que con posterioridad fueron extendidos-, en circunstancias que el reglamento que regula el proceso fija plazos de, a lo menos, 120 días para el Poder Ejecutivo.

“Lo restringido del plazo no permitió que los pueblos indígenas se pudieran informar y contar con espacios adecuados para la reflexión y deliberación interna, lo que a juicio de ellos era indispensable para lograr diálogos fructíferos”, acusan el presentante de la CPC, Juan Sutil y el secretario general de la OIE, Roberto Suárez.

De hecho, de acuerdo a la información recopilada por la CPC, participaron de la consulta 7.549 indígenas en todo Chile, es decir, un 0,3% de los 2.185.729 chilenos que respondieron en el Censo del año 2017 que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario, equivalente a 40,2% de los 18.790 que esperaba la Secretaria de Participación y Consulta indígena de la Convención Constitucional.

En el escrito, la CPC y la OIE denuncian que el pleno de la Convención aprobó diversas normas relacionadas con los pueblos originarios para ser incorporadas al borrador de la nueva Constitución “sin siquiera esperar el término del plazo de la consulta indígena en curso, transformando al proceso de consulta indígena en un mero trámite que defrauda las normas y el sentido del Convenio 169”.

Para los empresarios, toda esta situación se trata de “flagrantes violaciones de las normas sobre consulta indígena previstas en el Convenio 169” que alterarían su correcta gobernanza.

Frente a esta situación, la CPC y la OIE solicitaron a la OIT que realice “un categórico llamado de atención a la Convención Constitucional y al Gobierno de Chile”, recalcando que es clave que se respeten las disposiciones previstas en el Convenio 169, para que enmienden “todas las falencias que han atentado contra los estándares fundamentales de la consulta indígena, en cuanto a que esta sea previa, de buena fe y con intención de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento”. 

Según informó la multigremial a través de un comunicado, la fundación indígena Rakizuam envió una carta a la CPC, la cual suma el respaldo de siete comunidades indígenas que le piden solicitar el pronunciamiento a la OIT respecto de las eventuales transgresiones a los principios que deben regir todo proceso de consulta indígena.