Comienza el año legislativo con incierto destino para la agenda del Gobierno y en medio del clima eleccionario

Este primer lunes de marzo, la mayoría de los veraneantes se reintegran al trabajo, el grueso de los escolares a clases y comienza un nuevo año legislativo, que todo indica será tan o más intenso que los anteriores. Aunque la agenda estará nuevamente marcada por la reforma previsional y los proyectos tributarios producto del pacto fiscal, hay una serie de otras iniciativas que retomarán o iniciarán su tramitación. La antesala no sugiere un ambiente ni más fácil ni más expedito que en 2023.

El estudio de Análisis de Coyuntura Regulatoria de Álvarez&Jordán, elaborado por el abogado Tomás Jordán y la cientista política Pamela Figueroa, este año “se visualiza altamente complejo, donde el Gobierno -con un sello cada vez más realista- hará lo posible para mostrar logros legislativos en materia social, aún a costa de su propio discurso”.

Esta disposición, añaden, la trabará la posición de las derechas, “las cuales -estiman- están marcadas por la radicalización de sus posiciones en los últimos dos años y de cara a las elecciones de fin de año”.

Reformas clave

Por lo pronto, dos de las propuestas simbólicas del Ejecutivo tienen un incierto destino. La Comisión de Trabajo de la Cámara Alta está convocada para este miércoles 6 de marzo para iniciar el segundo trámite de la reforma de pensiones, día en que la ministra de la cartera, Jeannette Jara, presentará la iniciativa. Si bien está con suma urgencia (15 días en cada cámara), la realidad y el escenario político indican que es imposible que su discusión concluya el primer semestre.

Algo similar ocurre con el proyecto tributario que Hacienda ingresó a la Cámara Baja en enero, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según la presidenta de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, Gael Yeomans (CS), este mismo lunes escucharán al ministro Mario Marcel y la próxima semana parttirán las audiencias. Este proyecto ingresó sin urgencia.

Otro tema muy presente en la agenda de este año es el que busca terminar con la “permisología”, que según los expertos ahoga la inversión, tanto extranjera como local. Para ello, el Gobierno ingresó dos proyectos en enero, la Reforma al Sistema Ambiental 2.0, con urgencia simple (30 días en cada cámara) y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, con suma urgencia.

Para Jordán y Figueroa, estas iniciativas se pueden considerar un “guiño del Gobierno al sector privado, ante su permanente incomodidad por los excesivos tiempos en la tramitación y aprobación de los proyectos de inversión”.

La primera no está en tabla de la Comisión de Medio Ambiente aún, mientras que la Comisión de Economía está citada para este martes 5 de marzo a las 17:30 con el fin de comenzar la discusión de la Ley Marco, con la exposición de la iniciativa por parte del ministro de la cartera, Nicolás Grau.

Tenso clima político

En cuanto a la Ley Corta de Salud, que este año inicia su segundo trámite en la Cámara de Diputados y está puesto en primer lugar de la tabla de la Comisión del ramo de la Corporación para este martes desde las 17:00 horas, no parece enfrentar un muy buen panorama.

El 2 de febrero un grupo de senadores oficialistas ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad ente el Tribunal Constitucional por estimar que lo aprobado por la oposición –solidarizar entre los afiliados a las isapres su deuda-, a través de indicaciones, es materia de exclusividad presidencial. Desde el oficialismo y sectores no alineados han señalado que no lo aprobarán.

En el polarizado clima político, que debido a las elecciones municipales y de gobernadores sólo amenaza con profundizarse, es que continuará la tramitación de la nueva Ley de Pesca en la Cámara Baja. La Comisión del área está convocada para este lunes a las 17:15 con el objeto de retomar su discusión y escuchar al subsecretario de la cartera, Julio Salas.

Aunque las reformas previsional y tributaria han acaparado los focos estos años, la nueva Ley de Pesca también es emblemática para este Gobierno, ya que la mayoría de sus representantes fueron duros críticos de la que pretende reemplazar, conocida como “Ley Longueira”, que tiene una fuerte carga política y a la que caratularon como “corrupta”.

Ante esto, Jordán y Figueroa advierten en su análisis que “está pendiente examinar la causa y efecto de las reuniones de ministros con empresarios en la tramitación la nueva Ley de Pesca”.

En enero el Ejecutivo ingresó -sin urgencia- al Senado dos proyectos cuyo fin es evitar que se vuelvan a repetir situaciones de corrupción como el llamado caso convenios: el que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales de Empresas y el que establece las bases de las transferencias a personas e instituciones privadas y modifica la Ley 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Ambas esperan ser discutidas por la Comisión de Hacienda.

Notarios y Sernac

También se retomarán proyectos que generan alto interés púbico y que se esperaba concluyeran en el periodo legislativo anterior. Uno de ellos es el proyecto de Protección de Datos Personales que crea la Agencia de Datos Personales, que a fines de enero pasó a Comisión Mixta, donde se discutirá este mes, para que finalmente pueda ser despachada.

Otra iniciativa es la reforma al Sistema Notarial que la Comisión de Constitución del Senado tiene en tabla para el miércoles 6, a la que está invitado el ministro de Justicia, Luis Cordero, para terminar con los nudos que no permitieron despachar el proyecto en enero.

Lo más relevante que se zanjó en enero fue la aprobación por unanimidad de una indicación del Ejecutivo, según la cual se le entrega el proceso de selección de candidatos a notarios, conservadores y archiveros al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). En cualquier caso, sorteada esta instancia, este proyecto también deberá pasar a Comisión Mixta.

A otra iniciativa que se le podría hacer cuesta arriba el avance en el Congreso es la que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor, más conicida como “Sernac te protege”, que el Gobierno ingresó en septiembre del año pasado, pero que genera resistencia por las atribuciones que se le confieren a este organismo. Está en la Comisión de Economía de la Cámara con suma urgencia, pero sin movimiento aún.