En US$ 300 millones se reducirá el gasto de salud tras ley de licencias

Por Gonzalo Cerda M.




Controlar y disminuir el mal uso de las licencias médicas es el objetivo de la nueva ley que fue promulgada por el Congreso y que busca reducir los 
US$ 300 millones que pierde el sistema de salud anualmente por el otorgamiento fraudulento de licencias.

La Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias entró en vigencia a fines de mayo estableciendo mecanismos que permitan fiscalizar de mejor forma el actual sistema de salud.

Tal como explica el gerente de desarrollo de Inmune -institución dedicada a aumentar la eficiencia del sistema de salud, mediante el control de fraudes de los distintos actores involucrados en la cadena, beneficiario, empleador y prestador- Nicolás Leal, “el impacto de esta nueva ley va a depender del actuar de los médicos que, donde un 2% / 3%, emiten licencias irregulares. Esta ley otorga atribuciones a los organismos públicos, al Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para generar sanciones y tipificar el delito”.




Foco en el fraude


Según explica, el fraude debe ser atacado en tres focos. En el médico que está vendiendo licencias irregulares; los cotizantes que están engañando al sistema; y los empleadores que generan empresas falsas para afiliar gente y presentar licencias sobre un vínculo laboral que nunca existió. Las multas que se pueden aplicar van desde las 7,5 UTM y 30 días de suspensión de otorgamiento de licencias médicas, hasta 60 UTM y un año de suspensión dependiendo de la reincidencia del médico. Si la persona sancionada vuelve a emitir una licencia mientras está en suspensión, la ley faculta para sancionar con una multa a beneficio fiscal de entre 10 y 80 UTM. Además, la Suseso podría iniciar una investigación en caso de que un profesional emita una licencia médica con evidente falta de fundamento.

Según explica Leal, la aplicación de esta nueva ley no debiera afectar el otorgamiento de las licencias médicas reales ya que, se enfoca particularmente en el fraude. Durante la discusión de la nueva ley, hubo parlamentarios que estuvieron en contra de su aprobación. De hecho el diputado Juan Luis Castro (PS), aseguró que aunque la normativa es favorable, deja de lado temas importantes como el mal uso del documento y el problema de los tres días de carencia.

Para el Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico de Chile, esta medida más que ayudar a la salud de los chilenos, sólo encarece los trámites y se perderán recursos en procesos administrativos y judiciales.