Tras reuniones con más de 100 gremios, CPC entregará a Hacienda el diagnóstico de los dolores de las regiones del país

Cuando Ricardo Mewes y Susana Jiménez asumieron la presidencia y vicepresidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en diciembre de 2022, una de las tareas que comprometieron fue el despliegue regional. Esto, con el fin de estrechar los lazos con los gremios más allá de la capital, escuchar y visibilizar sus dolores, y elaborar propuestas conjuntas. Así nació en abril de 2023 Gremios x Chile, una red de trabajo colaborativa -liderada por la CPC-, que busca transformarse en una plataforma que sume las voluntades de todas las organizaciones regionales y visibilice su quehacer. En los casi dos años de la dupla, se han realizado 10 encuentros (Antofagasta, Los lagos, Valparaíso, Biobío, Atacama, O’Higgins, Tarapacá y Coquimbo), en los que han participado 117 gremios, congregando a más de 500 participantes. La CPC consolidó el trabajo de este despliegue en un documento, en el que recopiló inquietudes en materias como seguridad e inmigración ilegal, certeza jurídica y permisología, medio ambiente y regulación, capital humano, e innovación, entre otros. Este trabajo lo entregarán en los próximos días al ministro de Hacienda, Mario Marcel. 

“Ha sido muy importante el trabajo (...) ha permitido visibilizar problemas que no se ven tan claros y que están ocurriendo en las regiones de Chile”, destaca el presidente de CPC Biobío.

“Comprendiendo y conectando estas realidades podemos trabajar por políticas públicas que sean efectivas y más representativas”, dice Francisca Sáez, past president de la CCHC de Puerto Montt.

Seguridad e inmigración ilegal: una preocupación transversal

La crisis de seguridad y la migración ilegal se posicionaron como las grandes preocupaciones del mundo empresarial a lo largo y ancho del país. Así quedó de manifiesto en los encuentros de Gremios x Chile, donde los líderes de los gremios locales plantearon la necesidad de tomar cartas en el asunto.

De hecho, los gremios empresariales de la región de Antofagasta, por ejemplo, manifestaron entre sus principales inquietudes los altos niveles de inseguridad y los desafíos que plantea la migración en la región e hicieron un llamado a abordarlo de manera conjunta, con todos los actores involucrados para implementar planes de acción.

La misma demanda se observó en Tarapacá, donde los representantes del mundo empresarial plantearon que la crisis migratoria se ha convertido en “un desafío crítico” que afecta profundamente el clima de inversiones, la generación de empleo y la calidad de vida de sus habitantes. “La región enfrenta los índices más alarmantes de delincuencia e informalidad laboral en el país, fenómenos directamente vinculados a la migración irregular”, se planteó.

En la foto, los participantes en una de las ediciones en O’Higgns.

Informalidad y escasez de vivienda: otros grandes lomos de toro en la mira empresarial

La informalidad laboral y empresarial también inquieta a los gremios regionales. En Coquimbo, por ejemplo, los gremios plantearon que se ha transformado en una problemática que ha ido al alza, y en el sector de la construcción, agregaron, un tercio de los trabajadores se desempeñarían sin contrato.

Misma problemática se observa en Los Lagos, región en la cual la informalidad laboral alcanzó un 28% a diciembre de 2023, lo que corresponde a 122,5 mil personas que tienen un empleo sin ningún tipo de protección.

Otro frente que también está preocupando al sector privado dice relación con el déficit de viviendas.

En Valparaíso, por ejemplo, el requerimiento habitacional es de 99 mil viviendas, lo que representa un 10,7% del total nacional, siendo la segunda región con mayores necesidades habitacionales del país después de la Metropolitana.

En Biobío, el requerimiento habitacional es de 79 mil viviendas, lo que representa un 8,5% del total nacional.

Permisología: la piedra de tope de las inversiones que se menciona en todas partes

La certeza jurídica y la permisología son otro de los grandes temas que aqueja al sector privado en regiones, donde acusan que existe una alta burocracia en estas materias.

Tanto es así que el documento elaborado por la CPC plantea, a modo de ejemplo, que una declaración de impacto ambiental se está demorando 16 meses en su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hasta obtener una resolución de calificación ambiental, la cual hace menos de una década demoraba unos 12 meses.

A su vez, un estudio de impacto ambiental actualmente tarda en promedio 44 meses en su tramitación ambiental, cuando hace unos años se demoraba 30 meses.

Y si bien la certeza jurídica es un tema que preocupa a todas las regiones visitadas, el análisis expone que los gremios empresariales del Biobío manifestaron especial énfasis en el hecho de que han comprobado cómo los inversionistas locales buscan entornos jurídicos estables y predecibles que minimicen los riesgos legales y aseguren un retorno adecuado de sus inversiones.

Ante esto, los representantes de los gremios de la región señalaron que se necesita agilizar los permisos y destrabar los proyectos para concretar inversiones, revitalizar el crecimiento y el empleo.

Capital humano especializado: un nuevo y desafiante frente

Los rubros tecnológicos no son los únicos complicados con la escasez de talento laboral especializado. En las regiones, son varias las industrias que están viendo dificultades para encontrar trabajadores ad hoc con sus demandas y necesidades.

En Antofagasta, en industrias como la minera y sus proveedores, por ejemplo, existe una importante demanda de talento, que se estima en unos 34 mil nuevos trabajadores para la próxima década.

Sobre este tema, en Atacama, los gremios plantearon la necesidad de fomentar el acercamiento y la colaboración entre el sector privado y las instituciones educativas, como liceos, centros de formación técnica e institutos profesionales, con el apoyo del Estado, para potenciar el desarrollo de capital humano que están requiriendo las empresas de la región.

Este tema también tiene en alerta a los empresarios de O’Higgins, entre quienes existe una creciente preocupación por la fuga de talentos a nivel regional y la falta de incentivos para el retorno de profesionales, lo que compromete el crecimiento sostenible de la zona. “Es necesario realizar un levantamiento de brechas educativas para facilitar la formación de mano de obra calificada, diseñando planes de capacitación que respondan a las necesidades de los distintos sectores productivos”, plantearon los representantes de O’Higgins.

Medio ambiente: uso de suelos y dudas por alcance de leyes

Si bien en materia medioambiental una parte importante de las preocupaciones del sector privado en regiones se vincula con la regulación, el despliegue en terreno de la CPC permitió constatar que no es lo único, ya que habría una serie de otras problemáticas adicionales, relacionadas con la importancia de la administración del suelo y en general del ordenamiento territorial (como la modificación del Plan Regular Metropolitano de Valparaíso (Premval), que abarca 1.670 hectáreas del sector Quintero-Puchuncaví, y en torno al cual habría mayores restricciones para el emplazamiento de empresas.

En Los Lagos, en cambio, se pudo identificar una preocupación en torno a la Ley Lafkenche, la cual crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), cuyo propósito es resguardar y mantener las tradiciones y conductas habituales que aquellos pueblos hacen de los recursos naturales vinculados al borde costero, como la pesca y usos religiosos, recreativos y medicinales.

Con relación a este tema, los gremios regionales plantearon que existen varias dificultades en torno a la aplicación de la legislación, y acusaron que su implementación “no ha sido razonable” sino que más bien fuente de dificultades, pues las comunidades han solicitado grandes extensiones de borde costero y mar territorial, lo que afectaría a varias regiones de Chile -entre ellas Los Lagos- arriesgando la paralización de inversiones.

“Según datos de SalmónChile, hay más de 4 millones de hectáreas relacionadas con solicitudes de la ley Lafkenche, lo que perjudica gravemente la realización de diversas actividades económicas de actores del borde costero”, menciona el documento.