El ministro Marcel siguió la votación junto a sus pares de Interior, Carolina Tohá; y de la Segpres, Alvaro Elizalde. Foto: Ministerio de Hacienda
“Es un resultado radicalmente diferente a lo sucedido en el año pasado”. Con estas palabras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó ayer la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por el Gobierno sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, el cual es pieza clave del pacto fiscal que debió impulsar La Moneda luego del rechazo a la reforma tributaria original.
La iniciativa establece un procedimiento excepcional para el levantamiento del secreto bancario, modifica la Norma General Antielusiva (NGA), se crea el denunciante anónimo y se fortalecen las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros aspectos.
El texto, que según el Ejecutivo permitirá recaudar 1,5% del PIB, contó con el apoyo mayoritario del oficialismo, mientras sectores de derecha votaron en contra de algunas modificaciones al secreto bancario y la NGA.
“Es un proyecto equilibrado que busca que se cumpla con las obligaciones tributarias, pero teniendo mecanismos de transparencia y contrapeso que permitan evitar cualquier tipo de abusos”, dijo Marcel.
La sesión no estuvo exenta de problemas para que el Ejecutivo lograra las mayorías necesarias. Es así que como si bien se aprobó gran parte de la propuesta de Hacienda, 156 artículos de los 160 que considera el proyecto, hubo normas que no alcanzaron el quórum.
En el levantamiento del secreto bancario, se aprobó la totalidad de lo planteado por el Ejecutivo, a excepción del procedimiento especial para que el contribuyente pueda oponerse al levantamiento.
En la Norma General Antielusiva se aprobó lo central, pero se rechazó la aplicación administrativa de dicha norma, en lugar de la judicial. Sin embargo, se aprobó la creación del Consejo que aplicaría la NGA en sede administrativa.
También no prosperaron las normas que eliminaban la competencia de los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA) en materia de NGA, manteniendo su aplicación en sede judicial.
La oposición solicitó votación separada de algunas normas logrando el rechazo de cuatro artículos.
Las posiciones
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) destacó que se evitó “transformar al SII en juez y parte, porque el articulado que habilitaba a este servicio a declarar una conducta como elusiva no prosperó”.
El parlamentario planteó que “si le vamos a dar al SII más atribuciones en particular la NGA, tenemos que fortalecer la institucionalidad y hacerla más profesional y menos influenciable por el gobierno de turno para no tener problemas en la interpretación de estas normas. Espero que en el Senado se perfeccione”.
En contraposición, para el diputado Jaime Sáez (RD) el texto “entrega garantías a los contribuyentes respecto a una adecuada defensa y es importante que no se caiga en caricaturas de un supuesto súper poder incontrolable del SII, eso es mentira; es un servicio que en pocos casos ha caído en arbitrariedades y, cuando eso ha ocurrido, ha sido sancionado”.
El ministro Marcel señaló que las normas rechazadas generan incongruencias en el texto que espera resolver en el Senado, pero que gran parte de lo propuesto por el Ejecutivo se aprobó generando una señal de que no se van a permitir fraudes tributarios y los responsables serán perseguidos.
Respecto a la norma excepcional aprobada -que no alertará a los contribuyentes de la apertura de sus cuentas hasta que el banco haya entregado la información al SII-, dijo que “levantar el secreto bancario para alguien que está incurriendo en un delito tributario y pensar que hay que defender a aquel que es sospechoso de un delito tributario es un contrasentido total”.
La autoridad sostuvo que el proyecto “no solo contempla sanciones, sino que apoyo a contribuyentes” y vinculó la importancia de la norma con casos como el llamado “mega fraude tributario con más de 100 mil facturas falsas emitidas por cerca de 60 empresas; este proyecto tiene normas que podrían haber colaborado a una detección temprana” de esos hechos.
Afirmó que se trata de “un proyecto equilibrado que busca hacer que se cumpla con obligaciones tributarias, pero teniendo los mecanismos de transparencia y contrapeso que permitan evitar cualquier tipo de abusos en esta materia”.
El escenario en la Cámara Alta
El ministro Marcel sabe que en el Senado la tarea de sacar adelante el proyecto de cumplimiento tributario no será fácil.
A la minoría en la Cámara Alta debe sumar el cambio en la composición de la comisión de Hacienda, donde se tramitará el proyecto. A diferencia del año pasado, la mayoría ahora la tiene la oposición, entre quienes están Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN) y Felipe Kast (Evópoli), quien tiene comprometida una censura al presidente de la instancia Ricardo Lagos Weber (PPD) si no renuncia a su cargo. El otro integrante de la comisión es José Miguel Insulza (PS).
A lo anterior se añade la pérdida de la mesa del Senado que le correspondía al oficialismo y que por falta de acuerdo quedó en manos del representante de Renovación Nacional, José García, y como vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
A nivel legislativo desde la oposición ya han advertido que son contrarios a varios puntos relacionados con la Norma General Antielusiva, lo que sumado a los temas que espera reponer el Gobierno -que no avanzaron en la Cámara Baja-, hacen muy probable que el proyecto deba volver a tercer trámite con los diputados. Con el avance del proyecto de cumplimiento tributario al Senado, el Ejecutivo prevé presentar la próxima semana ante la Cámara de Diputados el último paquete de modificaciones que forma parte del pacto fiscal referido a la reforma al impuesto a la renta.
Los pendientes que advierten las auditoras
Expertos tributarios de Deloitte, EY y PwC Chile pusieron en la mesa algunas de las consideraciones que se deben hacer de cara a la próxima etapa del trámite legislativo.
Tarea le queda al Gobierno por convencer con su propuesta de proyecto de cumplimiento tributario al mundo de los expertos. Aquí tres visiones sobre lo que se aprobó y rechazó ayer en la Cámara. Para el socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, “el proyecto aprobado presenta importantes incongruencias que requieren una reformulación a nivel de Senado”. En particular, menciona, la aplicación de la NGA quedaría radicada en sede judicial pero previo aprobación del Consejo Consultivo, “el cual fue creado para controlar la aplicación de la norma a nivel administrativo”, advierte. En una línea similar, el socio adjunto de Consultoría Tributaria de EY, Víctor Fenner, destacó que la iniciativa fue rechazada “ahí donde más arreciaban sus críticas: aplicación administrativa de la norma general antielusiva (NGA) y secreto bancario. Ahora bien, esto no necesariamente debería ser considerado una derrota, por cuanto la gran mayoría del proyecto fue aprobado en los términos que quería el Ejecutivo, y con medidas sobre las que hay bastante consenso que van a ser positivas para el sistema tributario”. En cuanto a la norma general antielusiva, la socia del área Legal y tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, señala que “se rechazó el cambio de la calificación de la elusión y evasión a sede administrativa, lo que me parece correcto hasta que no haya una gobernanza en el SII que sea independiente del Ejecutivo”. Y en el terreno del secreto bancario, pone el foco en que la propuesta del Gobierno tras las indicaciones presentadas esta semana, incorpora un procedimiento excepcional en el cual el SII solicita la autorización al juez del Tribunal Tributario y Aduanero para levantarlo, sin oposición del contribuyente, en ciertos casos excepcionales. “En este punto, lo que es criticable es que sin haber indicio de ningún delito tributario ni conducta elusiva, el SII tendría acceso a las cuentas corrientes de los contribuyentes sólo por el hecho de pertenecer a un “grupo empresarial” o “sólo por tener operaciones con partes relacionadas”, afirma.
Aspectos clave en secreto bancario, Norma General Antielusión y denunciante anónimo
El proyecto incluye entre sus aspectos principales, los siguientes puntos.
Secreto bancario: Se establece un procedimiento excepcional de levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización respecto a materias como delitos tributarios y de elusión en operaciones internacionales, en línea con la tendencia mayoritaria a nivel OCDE. Este procedimiento se podrá accionar solo una vez que se ha notificado al contribuyente que el SII ha abierto una fiscalización y, por ende, posee indicios de posibles faltas a la normativa tributaria, y requiere siempre la autorización de un juez para acceder a la información.
Norma General Antielusiva: Se rechazó que la calificación de la elusión corresponde a una facultad del SII a nivel administrativo, previa consulta a un Consejo Asesor Consultivo (CAC) de carácter externo y compuesto por personas con reconocida experiencia en materia tributaria o económica. Se aprobó un perfeccionamiento a la regulación de la carga de la prueba, estableciendo que acreditar el abuso o simulación es responsabilidad del SII, mientras que acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes será responsabilidad del contribuyente. Asimismo, y a solicitud de las Pymes, se eleva el mínimo para la aplicación de la NGA desde 250 a 1.000 UTM (casi $70 millones) de diferencia de impuestos, por lo que en la práctica esta herramienta se enfoca en grandes contribuyentes.
Denunciante anónimo: Se introduce la figura del Denunciante Anónimo para perseguir delitos tributarios, tal como ya se implementó en el mercado de valores. Quienes denuncien estos delitos tendrán garantizado su anonimato para evitar posibles represalias. Sin embargo, realizar denuncias anónimas maliciosamente falsas será un delito con sanciones penales y multas.
Apoyo PYME: Se reduce la tasa de interés de deudas tributarias desde 18% a una tasa variable que oscilará en torno a 6-7%. Se establece la posibilidad de realizar convenios preferentes de pago de deudas tributarias para las Pymes, en 18 cuotas, con un pie de 5%, y condonación de intereses y multas. Se implementa una nueva norma que permite la declaración de incobrabilidad de deudas tributarias, y una medida para solicitar de oficio la prescripción de deudas. Se establecen normas transitorias en materia de convenios de pago, incobrabilidad y prescripción de deudas antiguas; y se fortalece la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).
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