Janet Awad, presidenta Fundación Generación Empresarial: “Las empresas están en mejor pie para prevenir casos de colusión. Ha habido lecciones aprendidas”

Una convencida de que las empresas tienen que perder el miedo a mostrar que están haciendo las cosas bien. Así se muestra Janet Awad, presidenta de la Fundación Generación Empresarial.

La ejecutiva, con una amplia trayectoria en el mundo privado y gremial, tiene como foco principal de acción construir comunidad entre las empresas que conforman la entidad. ¿El fin? Que las buenas iniciativas inspiren y que, de los fracasos, se aprenda.

“Hay que visibilizar no solo las buenas prácticas, también los errores y los fracasos, porque ayudan a generan aprendizaje”, asegura.

En esta conversación con Diario Financiero, la ejecutiva aborda el trabajo de la entidad, y también las inquietudes que sigue generando en el mundo empresarial la Ley de delitos económicos.

“Obviamente, las malas prácticas empresariales y los hechos que son condenables ameritan ser penalizados. En eso no hay discusión. Pero en la bajada práctica de la ley (de delitos económicos) tengo serias dudas”.

“Tal como lo han manifestado los distintos gremios, es evidente que no están dadas las condiciones para un alza impositiva, hoy el foco debe estar en crear condiciones que potencien la inversión, el crecimiento del país y el empleo”.

- En octubre va a cumplir un año en la presidencia de Generación Empresarial. ¿Qué balance hace de este período?

- Ha sido gratificante, pero también un desafío, porque ha sido reemplazar a Gonzalo Said que llevaba ocho años en la presidencia. En este tiempo hemos estado enfocados en continuar avanzando en construir una cultura comprometida con la integridad y la ética al interior de las organizaciones.

En esto es clave sensibilizar desde los directorios -y desde los líderes- a todas las personas que hacen parte de la organización, lo que va más allá de un plan de trabajo o un simple check list. La capacitación es muy importante. Nuestro Barómetro de Valores e Integridad Organizacional (BVIO) 2022, en el que participaron más de 28 mil trabajadores de 118 organizaciones, mostró que un 75% dijo haber recibido algún entrenamiento sobre estos temas y un 83% afirmó que los valores se difunden de manera activa, lo que es una buena noticia.

- ¿Cuál quiere que sea el sello de la entidad dentro de los próximos años?

- Lo más importante sería que la fundación fuera realmente percibida y reconocida como un promotor y un articulador de la integridad dentro de las organizaciones.

El tema de la integridad no es algo lejano, debe ser parte de la vida de las organizaciones. Hay que seguir trabajando en esto, las empresas han venido mostrando un mayor interés en torno a este tema y hay que visibilizarlo.

- El Congreso aprobó la Ley de delitos económicos, y esto desencadenó una  serie de críticas por parte de diversos actores, incluso un texto se ingresó al Tribunal Constitucional. ¿Qué evaluación hace de la normativa?

-  Obviamente, las malas prácticas empresariales y los hechos que son condenables ameritan ser penalizados. En eso no hay discusión. Pero, en la bajada práctica, tengo serias dudas. Se dice que es una ley para los de cuello y corbata, ya que pone énfasis en un grupo de personas que obviamente es donde recaen las mayores responsabilidades, pero la ley no considera al resto de la organización, y los temas de integridad y probidad se tienen que abordar de manera integral en las organizaciones, como un gran engranaje. La probidad no es algo que deba quedar únicamente en la cabeza de las organizaciones, sino que en su estructura completa.

La Ley, además, es compleja, porque son muchos delitos, hay que ver las nuevas matrices de riesgo, exige contar con personas que supervisen esto. Además, ya no va a existir la certificación del Modelo de Prevención de Delitos que teníamos hasta ahora, sino que van a existir las evaluaciones. Son muchos cambios. Esto va a llevar a que muchas cosas se judicialicen.

- La CPC ingresó un “téngase presente” al TC alertando sobre algunos puntos de la Ley, pero finalmente no se consideró. ¿Cree que el sector empresarial reaccionó tarde?

- No conozco mucho el backstage. Pero las apreciaciones que existen es que efectivamente hubo instancias de participación en algunas comisiones, pero me da la impresión de que fueron pocas y que faltó debate. Y sobre todo faltó que ese debate se comunicara. Este tema estuvo silencioso y, de repente, apareció listo y armado.

- ¿Cree que, quizás, el sector empresarial subestimó el proyecto y pensó que se trataría de un proyecto más que no vería la luz?

- A lo mejor se pensó que habría más espacios de observación. También creo que quizá en algún punto se pensó que esto era tan draconiano que no iba a quedar así, que se iba a dar ese espacio para conversar. Quizá a lo mejor faltó más debate, más cooperación de todos los sectores.

Ahora, en la vida las cosas nunca son blanco y negro, y todos sabemos que siempre existen espacios de reforma a las leyes. Esto está bien álgido, hay que ver cómo evoluciona.

- A raíz de todo el debate en torno a esta nueva Ley, ¿cree que las empresas están mejor preparadas para evitar casos de colusión?

- Creo que las empresas están actualmente en mejor pie para prevenir casos de colusión. Ha habido lecciones aprendidas y, en general, existe un real compromiso, que va más allá de lo regulatorio y que parte desde la cúpula de las organizaciones, en fortalecer el gobierno corporativo, donde la integridad es un pilar fundamental.

Esto ya no es un tema que se queda en una declaración de buena voluntad, hay esfuerzos reales para hacer un aterrizaje concreto, creando conciencia a través de políticas de integridad, códigos de conducta, creación del comité de integridad y ética, implementación de plataformas de conflicto de interés y canales de denuncias que actúan como sensor, activando alertas.

El Barómetro de Valores e Integridad Organizacional (BVIO) 2022 corrobora lo anterior, pues mostró que la colusión o la concertación con la competencia es un hecho que es percibido por los trabajadores dentro de los conflictos a la integridad, pero no en gran medida, pues sólo un 3% de los encuestados mencionó este tema. Igual porcentaje de personas mencionó el uso indebido de información privilegiada o confidencial y sólo un 2% la obtención ilícita de información de la competencia.

Pacto fiscal: “Hay disposición a un acuerdo”

- ¿Qué evaluación tiene de la disposición que ha mostrado el Gobierno de buscar un acuerdo en este tema?

- Yo siempre miro el vaso medio lleno y creo que, frente a proyectos o reformas de esta relevancia, hay disposición a llegar a un acuerdo. Ahora, los acuerdos nunca dejan conformes a todos, pero se puede avanzar.

- Hoy los empresarios parecen estar cerrados a cualquier alza de impuestos o de creación de nuevos impuestos. ¿Comparte esa posición?

- Tal como lo han manifestado los distintos gremios, es evidente que no están dadas las condiciones para un alza impositiva, hoy el foco debe estar en crear condiciones que potencien la inversión, el crecimiento del país y el empleo. Existen oportunidades en las que se pueden “recoger frutos que están al alcance de la mano”, como por ejemplo ver de qué manera se está gastando lo que hoy recauda el Estado, ya que según un estudio del BID un 1,8% del PIB se estaría gastando de manera ineficiente, lo que equivale a unos US$ 5.400 millones, lo que podría financiar parte importante de las prioridades definidas en el pacto fiscal.