Llegó el esperado día. Este viernes entra en vigencia la Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y, con ello, la primera fase de la reducción gradual que contempla la norma, lo cual implica que desde este viernes se trabajará una hora menos en la gran mayoría de las empresas del país.
¿En qué pie llegan las empresas a este día? ¿Qué expectativas tienen respecto al impacto que tendrá esta normativa en sus organizaciones?
Esas fueron parte de las preguntas que la Fundación Carlos Vial Espantoso (FCVE), en alianza con Diario Financiero, llevó a 103 áreas de personas de empresas (que representan a más de 276 mil trabajadores) y 109 sindicatos (representantes de más 69 mil socios).
Los resultados mostraron que los nuevos límites al inciso 2 del artículo 22 del Código del Trabajo, que regula a los trabajadores exentos de la jornada laboral, es uno de los temas que genera más inquietud.
Un 85% de las organizaciones consultadas reconoce que, a raíz de la ley, ha debido revisar qué trabajadores que se encontraban contratados con exclusión de jornada podrán seguir contratados en esa modalidad.
Desde el viernes quedarán excluidos de la limitación de jornada los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas.
Del grupo de organizaciones que han revisado la situación de las personas contratadas bajo dicha modalidad, un 49% señaló que “mucho menos” o “algo menos” de la mitad de los trabajadores contratados bajo dicha figura podrá conservarla.
En la vereda contraria, el porcentaje restante cree que la “mayoría”, “inmensa mayoría” o “todos” podrán seguir vinculados con la firma bajo ese formato.
Casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
En este proceso de revisión de sus contrataciones, el 25% de las organizaciones consultadas ha tenido que, a lo menos en una oportunidad, consultar a la Dirección del Trabajo (DT) sobre la aplicabilidad del artículo 22, inciso 2, en uno o más cargos de su organización.
Sobre este tema, además, un 20% ha reformulado uno o más cargos con el fin de anticiparse a la implementación de la Ley que implica llegar a 40 horas semanales en abril de 2028.
El sondeo también profundizó en la disposición de los sindicatos a aceptar acuerdos para que la nueva jornada (de 44 horas) se pueda realizar sobre la base de un promedio de hasta cuatro semanas. Esto implicará que la jornada no podrá exceder de 45 horas ordinarias en cada semana, ni extenderse con este límite por más de dos semanas continuas en el ciclo.
Sobre esto, la encuesta arrojó que al 26% de los sindicatos sondeados les han solicitado formal o informalmente la aprobación de un promedio de jornada cuando la Ley entre en vigencia.
Además, e independientemente de que las empresas hayan formalizado la solicitud, el registro mostró que las organizaciones sindicales han mostrado, en general, una buena disposición para acoger una jornada ordinaria de 40 horas que se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas.
De hecho, el 63% de los sindicatos consultados expresa “bastante” o “completa” disposición a ello.
Sin embargo, pese a estas afirmaciones, un 59% de los sindicatos declaró tener “nada o poca” participación en la preparación organizacional para implementar la Ley.
Visiones dispares sobre impacto
Con respecto al efecto que podría generar la reducción, la encuesta arrojó que las áreas de personas son menos optimistas que los sindicatos respecto al efecto que tendrá en los trabajadores la Ley de 40 horas.
De hecho, casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
Las diferencias se intensifican al preguntar por el impacto en productividad. En esta dimensión, un 32% de las áreas de personas ve que habrá un impacto positivo, mientras que entre los sindicatos cerca del 80% sí considera que lo hará.
“Necesitamos entonces que productividad y reducción de jornada vayan de la mano. ¿Se puede? Claro que sí. La evidencia sobre productividad muestra que ésta se ve influida por múltiples factores, tales como la capacidad de innovar, cómo se organiza la empresa y -muy importante- la motivación y bienestar emocional de los trabajadores”, sostiene Camila Fernández, directora ejecutiva (s) de la Fundación Carlos Vial Espantoso.
Con todo, para la vocera es importante revertir lo que muestra el estudio sobre la baja participación de los sindicatos en la definición del plan de implementación de la ley por parte de las empresas. “La Ley significará cambios de contratos, reformulación de cargos, decisiones de modalidades y otras modificaciones que deben comunicarse y discutirse para transitar con éxito y aprovechar esta oportunidad”, destaca.
La preparación del sector privado de cara al nuevo escenario
Más allá de las cifras, hay empresas enfocadas en llevar un buen proceso de implementación de la Ley.
Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Personas y Organización de Antofagasta Minerals, relata que actualmente en la firma cuentan con distintos tipos de turnos, que van entre las 42 y 44 horas.
Y, para implementar los nuevos lineamientos de la legislación de manera óptima, Barceló señala que realizaron pilotos durante cinco meses antes de la entrada en vigencia la ley, justamente para entender y generar aprendizajes con anticipación en sus equipos de trabajo, donde se analizaron cuatro grandes frentes de trabajo: carga laboral, experiencia de las personas, tareas y procesos, y dinámicas de trabajo.
“Buscamos mantener un equilibrio entre la consolidación de la organización, a través de la productividad y competitividad, en conjunto con el bienestar de las personas que la conforman”, explica.
Para ello, “se evaluaron distintos modelos para la adaptación del sistema de trabajo, y recogimos la percepción de todos los trabajadores que participaron en los pilotos respecto del mejor sistema que habilite el equilibrio entre una jornada reducida, la productividad esperada y una conciliación laboral y personal óptimas”, agrega..
Valentina Arriagada, gerenta de Quality Lab Spa -un laboratorio de análisis para la industria, el agro y el ambiente- expone que la preparación para la aplicación de la Ley ha sido “un desafío importante, ya que implica equilibrar derechos y deberes”.
En esa línea, agrega, han estado analizando sus procesos y “dialogando con nuestros colaboradores y evaluando áreas que necesitan más énfasis o tecnología. Nuestro enfoque principal es garantizar que la empresa continúe cumpliendo con sus compromisos con los clientes, quienes son nuestra razón de ser. Confiamos en que, al implementar esto gradualmente, estamos en el camino correcto”.
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