Cambios a alcances de la PGU destacan entre las 15 propuestas del sector privado para reducir la informalidad

La tasa de informalidad laboral en el país al trimestre noviembre 2023-enero 2024 llegó a 27,6%. Esto significa que en Chile hay 2.554.912 personas que carecen de acceso al sistema de seguridad social (pensión y salud) por no contar con un empleo laboral formal. Una cifra que, en los últimos años, tiene preocupados a los expertos y diversos actores sociales.

Pero ¿cómo se puede abordar la situación? ¿Qué medidas se deben impulsar para que las personas opten por la formalización laboral? Estas fueron algunas de las interrogantes que se realizaron la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), por lo cual hace unos meses formaron la mesa de formalidad laboral. La instancia -que se reunió entre septiembre y febrero, y que estuvo integrada por 15 especialistas-, elaboró 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral. 

“La informalidad no solo afecta a las personas en su calidad de vida, en su estabilidad de ingresos, sino que también a la economía en general”, dijo vicepresidenta de la CPC.

Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP.

“Acá buscamos aportar con 15 medidas concretas, enfocándonos en las más importantes, las que afectan a la mayor cantidad de personas”, dijo la presidenta de la Asociación de AFP.

“La informalidad, particularmente en jóvenes y mujeres, sigue siendo una de las causas más recurrentes de la precariedad en remuneraciones”, afirmó el presidente de la Asech.

Ajustes al subsidio trabajo joven para facilitar la contratación

Una de las propuestas del grupo liderado por la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, y el presidente de la Asech, Jorge Welch, implica modificar el Subsidio Empleo Joven (SEJ) que entrega el Sence, el cual consiste en un aporte estatal para incentivar la empleabilidad y formalidad laboral de los trabajadores en sus etapas tempranas.
“La estructura del subsidio es tal que aumenta con el ingreso del beneficiario hasta un cierto nivel de ingresos, se mantiene constante y luego disminuye a medida que el ingreso crece. Los salarios susceptibles de recibir el subsidio se ajustan solo por inflación, manteniendo su valor real”, es parte del diagnóstico de la mesa.
Si bien para el grupo de expertos el SEJ es una herramienta útil, plantean que con los años ha mostrado enfrentar distintos desafíos que afectan su efectividad para integrar a los jóvenes al mercado de trabajo formal.
Por ello, como primer punto, recomiendan realizar una revisión y posible ampliación de los actuales criterios de elegibilidad para el subsidio, con el fin de incluir a un espectro más amplio de empleadores.
En esa línea, también sugieren revisar el monto del subsidio, ya sea aumentando el porcentaje que las empresas reciben (actualmente es un tercio del total del subsidio), o incrementando el monto total para que el tercio asignado a las compañías sea mayor, entre otros focos.
Además, la mesa recomienda la necesidad de reforzar la inversión en capital humano y reconversión laboral para la formalidad.
Aquí, a modo de ejemplo, se aconseja implementar “un enfoque dual que combine intervenciones en la educación durante las etapas escolares y programas de formación técnica y reconversión laboral, dirigidos tanto a jóvenes como a adultos”.
Así, se plantea que en la educación en etapas escolares se pueden integrar materias de emprendimiento, seguridad social, finanzas y regulación administrativa en el currículo escolar.

Eliminación del régimen de renta presunta y cotizaciones obligatorias

Otro ítem del informe dice relación con el régimen de renta presunta, el que se aplica a los sectores de agricultura, transporte y minería, y les permite tributar sobre la base de ingresos estimados, en lugar de los efectivos.
En este tema, la mesa de informalidad considera que el esquema en cuestión, en materia de formalización, ya cumplió su objetivo, por lo cual el desafío es acordar “una gradualidad que permita el cambio ordenado de régimen tributario, ya que legalmente en renta presunta solo podrían estar hoy micro empresarios y pequeños empresarios”.
Así, se busca que el modelo de renta efectiva al cual transiten sea simple y que permita reconocer los efectos del período en que estuvieron en renta presunta. “Un plazo de cuatro años debiera ser suficiente y poder aplicar valor de mercado a los activos de Presunta a Transparente, solucionaría el segundo problema”, dice el documento.
El grupo de expertos cree necesario implementar las cotizaciones obligatorias a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos.
“Actualmente, la legislación chilena solo exige la contribución a la seguridad social a un subconjunto específico de trabajadores independientes, aquellos que emiten boletas de honorarios por cinco o más ingresos mínimos mensuales en el año calendario, y que tengan menos de 55 años en el caso de los hombres y menos de 50 años en el caso de las mujeres”, dice el informe.
En una línea similar a estos ejes, también propone que la obtención y renovación de permisos de operación esenciales -como los municipales, patentes, permisos ambientales u otros-, estén condicionados a demostrar el inicio de actividades ante el SII y la realización de un número mínimo de cotizaciones basadas en alguna referencia de ingresos.
Adicionalmente, el grupo sugiere avanzar en una ventanilla única para la obtención de permisos de operación, licencias, y la inscripción de empleados en el sistema de seguridad social, y poner en marcha un sistema de permisos provisorios y silencio administrativo positivo.

Reformular la pensión garantizada universal y ajustar programas sociales

Reformular el diseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es otro eje crucial para la mesa de informalidad laboral.
Aquí se plantea la instauración de un umbral mínimo de beneficios garantizados para todos los pensionados en el nivel de la línea de pobreza.
Esa referencia beneficiaría a todos los pensionados independientemente de su historial de afiliado cotizante, siempre y cuando cumplan con los requisitos de residencia y las pruebas de vulnerabilidad de ingresos estipuladas por la legislación.
Además, se sugiere establecer un beneficio aspiracional de la PGU directamente relacionado con un historial contributivo completo, es decir, con 40 años de aportaciones a la cuenta individual. “Este beneficio se calcularía de forma parcial en función de las aportaciones realizadas al segundo pilar del sistema de pensiones”, dice el informe elaborado.
De forma adicional, se aconseja la creación de un sistema de incentivos de cotización. Aquí, se plantea introducir un esquema de bonificaciones que recompense cada decenio completo de cotización, de manera escalonada.
“Este mecanismo está pensado para motivar la continuidad y consistencia en las contribuciones a lo largo de la vida laboral de las personas. Mientras más grande sea la brecha entre el umbral mínimo de beneficios garantizados y el beneficio aspiracional, se espera que el sistema de incentivos sea más efectivo”, dice el informe.
Reevaluar y ajustar los programas sociales para minimizar los desincentivos hacia el empleo formal, es otro eje de preocupación del grupo.
Para sustentar esta idea, la mesa cita una investigación realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en 2012, la cual destacó que, de 80 programas sociales evaluados, 25 generaban un efecto negativo sobre la inclinación de las personas a formalizar su situación laboral, ya que prefieren evitar la pérdida de los beneficios que típicamente sucede de forma abrupta al alcanzar un nivel de ingresos formales más alto.

Empoderar al SII y evaluar incentuvos para que consumidores denuncien

Para la mesa de informalidad también es crucial “empoderar” al SII.
Aquí, la instancia convocada apunta a dar más posibilidades al organismo para fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajadores independientes. Al establecer claras consecuencias legales y económicas, “se debería crear un poderoso disuasivo que permea toda la cadena de mercado”, dice el informe.
Los expertos también plantean imponer a los proveedores de dispositivos electrónicos para transacciones, conocidos como puntos de venta (POS), dos obligaciones legales: la formalización de actividades económicas por parte de sus usuarios; y el envío de un reporte de la transaccionalidad diaria al Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Esta medida surge como respuesta a la creciente informalidad en el comercio, exacerbada por eventos significativos como el estallido social en 2019, la pandemia, y la integración de inmigrantes de larga estancia, situaciones que han convertido a los dispositivos POS en herramientas esenciales para la operatividad de trabajadores independientes en sectores altamente informales como la pesca artesanal o el comercio ambulante”, dice el reporte.
Replicar “La Tomboleta” de 1980 es otra idea que el grupo puso sobre la mesa.
Para los expertos, es recomendable avanzar en la implementación de un sistema de incentivos que motive a los consumidores a desempeñar un papel activo en la fiscalización del mercado.
En este tema, el grupo evaluó tres alternativas: tomboleta electrónica, una medida para incentivar a los consumidores a proporcionar su RUT durante las transacciones para participar de premios y así facilitar un seguimiento más eficiente por parte del SII; denuncia compensada, este mecanismo ofrecería recompensas a los consumidores por reportar irregularidades; y deducción fiscal, una opción que permitiría a los consumidores deducir un porcentaje de sus boletas por servicios de trabajadores independientes de su base tributaria, proporcionando un incentivo fiscal directo.

Avanzar en la implementación de una sala cuna universal

La última parte del informe de más de 100 páginas, aborda tres propuestas.
La primera de ellas apunta a implementar tasas de contribución previsional diferenciadas por la edad. Aquí, la mesa propone un sistema de aportes previsionales escalonados estructurado en tres fases, “con el objetivo de optimizar la acumulación de fondos para la jubilación de los trabajadores, buscando al mismo tiempo un equilibrio entre la carga contributiva durante las diferentes etapas de la vida laboral y la adecuación de los beneficios pensionales”.
Como segundo eje, se plantea avanzar en la aplicación de sala cuna universal, garantizando su acceso tanto a mujeres que trabajan o padres trabajadores con la tutela de los hijos, sin distinción por el tamaño de la empresa.
Por último, se recomienda avanzar en una “integración efectiva de los inmigrantes”. Para ello, proponen la aceleración de la certificación de habilidades y convalidación de títulos, y avanzar en la implementación de acuerdos de seguridad social, y la revisión de las restricciones de contratación de extranjeros.