En agosto el Gobierno anunció el Plan de Fortalecimiento de la Industria Regional del Biobío, un conjunto de 32 medidas de corto y mediano plazo para enfrentar dos desafíos económicos de la región: la pérdida de dinamismo productivo; y el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH).
A poco más de dos meses de su puesta en marcha, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, destaca que ya están en práctica ocho de las acciones anunciadas, varias orientadas a contener el impacto laboral del cierre de la compañía.
“Y ya se está trabajando en hacer seguimiento a las otras medidas que se están llevando adelante, que tienen que ver con acelerar proyectos de inversión pública, facilitar o agilizar los permisos que requieren ciertas operaciones de inversión privadas, entre otras”, cuenta Boccardo.
“Para la envergadura de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y los trabajadores a relacionarse con nuevos sectores económicos”, dijo Boccardo.
La primera fase del programa tuvo como foco central disminuir el impacto laboral y productivo del cierre de Huachipato, y revertir, en el corto y mediano plazo, las pérdidas de empleo, producción e infraestructura industrial que ha sufrido la región en los últimos años.
Ante esto, además de las asesorías a los trabajadores desvinculados, se aplicaron subsidios de retención que tuvieron como objetivo apoyar a las empresas proveedoras de CSH a mantener la relación laboral con sus trabajadores; y los de contratación, que son para que los trabajadores desvinculados puedan desempeñarse en empleos donde sus habilidades y competencias sean requeridas.
Además, se ha vinculado a las empresas proveedoras de CSH con otro tipo de empresas para construir nuevos vínculos comerciales.
Entre octubre y noviembre, al subsidio de retención laboral han postulado 57 empresas, involucrando a 896 trabajadores. Y, de ese grupo, 17 ya han recibido un pago.
Al apoyo para la contratación, han postulado 21 empresas, involucrando a 99 trabajadores. En este último no hay datos de pago, porque se paga a fin de mes.
“El cierre de la empresa (Huachipato) se da el 8 de agosto, y el 15 de noviembre ya estábamos pagando los primeros subsidios. Entonces, para la envergadura de la crisis, este plan está permitiendo, por un lado, evitar una crisis laboral mayor y lograr una transición, apoyando a las empresas proveedoras y los trabajadores a relacionarse a nuevos sectores económicos”, destaca Boccardo.
El personero agrega que otro eje central es el monitoreo del impacto de estas medidas: “Estas requieren de un acompañamiento, un seguimiento, para asegurar que la recolocación o reinserción de los trabajadores está funcionando; que están llegando a empleos acordes a sus habilidades”, explica.
Hace unos días, en la región se realizó también una feria laboral exclusiva para la zona, en la cual participaron 35 empresas, ofreciendo más de 550 puestos de trabajo.
“Esta feria laboral fue, creemos nosotros, una excelente oportunidad, tanto para trabajadores que se pudieron quedar en la región, porque había empresas regionales que ofertaron, y también para las compañías de fuera de la región que fueron a buscar trabajadores, porque los trabajadores de CSH son altamente calificados, que se desempeña en procesos industriales complejo y que es muy bien valorado por la industria”, dice Boccardo.
- Este plan surge particularmente a raíz del cierre de CSH, pero entiendo que se enmarca en un trabajo que apunta a fortalecer la institucionalidad para reaccionar a este tipo de crisis laborales. ¿Es así?
- Eso fue un diagnóstico compartido que teníamos en el Gobierno respecto a la necesidad de contar con una institucionalidad más resiliente, más robusta, que pueda actuar ante determinadas coyunturas, y en diversas situaciones que se dieron en los últimos dos años asociadas a incendios, inundaciones y otros.
En este tiempo, pudimos ir avanzando en distintas medidas, en distintos diseños, que de cierta forma ya despliegan una respuesta institucional y coordinada interministerialmente, como en la situación que se produjo en Huachipato.
Por ejemplo, los subsidios de retención laboral los desplegamos en los incendios. También se coordinaron ayudas con Corfo, Sercotec, Sence, entre otras, y se generaron alianzas que ahora también están funcionando.
Por lo tanto, aquí es importante señalar que, por un lado, había un trabajo previo que nos permitió llegar con cierto trabajo avanzado a la situación de Huachipato. Y, por otro, tiene que ver con líneas programáticas de nuestro Gobierno que apuntan justamente a fortalecer ciertas líneas productivas y laborales acorde con las transformaciones que está viviendo el mundo.
Lo que se viene para 2025
En relación con la agenda laboral para el próximo año, Boccardo cuenta que los esfuerzos estarán orientados a, por una parte, finalizar la tramitación de las iniciativas legislativas que buscan mejorar las condiciones laborales de los buzos y de los recolectores residuales; y, por otro lado, presentar nuevas iniciativas.
En línea con esto, Boccardo adelanta que prontamente ingresará el proyecto de ley para perfeccionar el sistema de subsidios laborales.
“En las próximas semanas, de aquí a fin de año, esperamos poder ingresar el proyecto de reforma a los subsidios laborales que de cierta forma se nutre de todo este aprendizaje que hemos tenido en los últimos años en materia laboral. Los contenidos y los detalles no me corresponde a mi anunciarlos, pero es un proyecto que esperamos ingresar prontamente porque sabemos que es una herramienta muy relevante tanto en materia laboral como en materia de reducir la informalidad laboral”, dice.
Vinculado con lo anterior, Boccardo también abordó las críticas a las cifras laborales e informalidad laboral que han cuestionado diversos expertos, quienes plantean que el país pasa por una emergencia laboral.
“Las cifras no nos pueden dejar tranquilos. Y es por ello que esperamos desplegar y estamos desplegando una serie de proyectos que esperamos que también muestren interés, preocupación y apoyo en el Congreso, como son por ejemplo los anuncios que se hicieron en materia de seguridad y enfermedades profesionales, y también esperamos avanzar en una reforma integral al sistema de subsidios, distintas iniciativas que apuntan a abordar la informalidad”, plantea.
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