ChileValora, la inusual historia de un servicio que todos los sectores miran con buenos ojos

Este año ChileValora logró algo pocas veces visto. En solo cuatro meses y 12 días se tramitó, por completo, en el Congreso la Ley que moderniza y fortalece la institución a cargo de validar formalmente las competencias laborales de las personas mediante la certificación. Un instrumento cada vez más respetado por los diversos actores del mercado laboral.

Todo un hito, más al considerar que el servicio no era del todo conocido por los parlamentarios y, pese a esto, logró un respaldo unánime en el Congreso, y no solo una vez, sino que dos: en la Cámara de Diputados y Diputadas, como en el Senado.

Tras lo aprobado, ChileValora contará con financiamiento institucional directo a través de la Ley de Presupuestos. Además, contempla un despliegue territorial de la entidad a través de la apertura de oficinas regionales, estimula el uso de la franquicia tributaria para certificación; y permite la homologación de la certificación de competencias laborales otorgadas por otros países, entre otros ejes.

Ximena Rivillo, directora ejecutiva de ChileValora.

“La existencia de nuestro directorio tripartito con gobernanza basada en el diálogo social ha sido clave para entender esta política pública como política de Estado”.

Pero ¿Cómo se logró dicho hito? Si se tratara de otro proyecto, la respuesta probablemente apuntarían a la estrategia legislativa, a las negociaciones previas con las mesas del Parlamento o, incluso, al foco de las indicaciones o a los personajes a cargo de dichas discusiones. Sin embargo, acá la respuesta tendría una relación pura y dura con el rol que juega el servicio y su orgánica.

Directorio tripartito

La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, es la institución pública encargada del reconocimiento formal de las competencias adquiridas por las personas en su vida laboral mediante la certificación, independiente de la forma en que las hayan adquirido y de si tienen o no un título o grado académico.

Nacida al amparo de la Ley 20.267, publicada en junio de 2008, una de las características que diferencia a esta entidad de cualquier otra, es su estructura. En su directorio conviven representantes de trabajadores, empleadores y del Estado y, adicionalmente, cuenta con una dirección ejecutiva, la cual es nombrada por la instancia tripartita.

Esta estructura se relaciona directamente con el rol que cumple el servicio, ya que con la participación de los empleadores, trabajadores y el Estado, ChileValora levanta las competencias asociadas a una ocupación, desarrollando a partir de esos perfiles planes formativos para la capacitación.

Así, las personas que estiman que reúnen las competencias para un perfil pueden evaluarse a través de centros debidamente acreditados para tal efecto. Quienes aprueban esa fase, obtienen una especie de sello de calidad, que es cada vez más respetado por los empleadores. ¿Qué indica? Que su conocimiento ya fue puesto a prueba.

“Creo que uno de los elementos que ha sido fundamental para que la certificación tenga respaldo y legitimidad pública, es la figura del tripartismo, comienza destacando Ximena Concha, quien fue la primera secretaria ejecutiva de ChileValora, desde 2009 a julio 2018.

Para ella, el diálogo social que se da al interior de la institución, no es algo “accesorio, ni meramente consultivo. Los actores, el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, a través de sus organizaciones más representativas, son parte del corazón de la institucionalidad, y no solo a nivel de la institucionalidad pública como tal, sino que también en todo el proceso de generación de los perfiles laborales que luego permiten certificar a un trabajador”, destaca.

Una visión que también comparte Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien lideró el directorio de ChileValora entre 2017 y 2022. “La gobernanza que tiene es lo clave, ahí está la fórmula. Están los trabajadores, el Gobierno y nosotros como empresarios, esa gobernanza la da la mirada amplia que le permite al servicio ver a dónde hay que dirigir los esfuerzos y cuáles son los perfiles laborales que requieren certificarse, que el sistema esté conectado con la necesidad de las empresas”, resalta Mewes.

Una fórmula de trabajo que fue ampliamente reconocida en el Congreso, mientras se discutía el proyecto de modernización de la institución.

“Un proyecto de ley aprobado en tiempo récord de cuatro meses y doce días es un nítido ejemplo de convergencia política, respaldando una herramienta técnica, validada por los actores de la industria, trabajadores, empleadores y el Estado”, expresa Ximena Rivillo, actual directora ejecutiva de ChileValora.

Los números tras 15 años

A la fecha, el servicio -que este año cumplió 15 años- ha constituído 48 Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL, que están a cargo del proceso de generación, adquisición y actualización de las unidades de competencias laborales, los que han levantado 1.015 perfiles laborales en 18 sectores y 50 subsectores económicos.

Estos perfiles están presentes en 181 ocupaciones descritas en la encuesta Casen 2022, lo que equivale a una cobertura potencial del 60% del empleo en el país.

Además, se han generado 526 planes formativos consistentes con los perfiles ocupacionales levantados, los cuales permiten alinear la oferta de capacitación laboral. En esa línea, ChileValora ha sellado alianzas con 17 Instituciones de educación superior técnico profesional para que reconozcan las certificaciones en los procesos de admisión de 99 de sus carreras.

Desde 2002, año en que se empezó a certificar a través del Programa Chile Califica, a diciembre de 2023, se han ejecutado 203.693 procesos de evaluación y se han otorgado 182.934 certificaciones laborales.

“Tenemos el convencimiento de que la certificación es una herramienta moderna, ágil y efectiva para los cambios en el mundo del trabajo de hoy y del futuro. La existencia de nuestro directorio tripartito con gobernanza basada en el diálogo social ha sido clave para entender esta política pública como política de Estado, que seguirá contando con apoyo transversal”, concluye Rivillo.