Chile sigue a la cabeza de la gestión de recursos humanos en la administración pública en América Latina, según la más reciente medición que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la institucionalidad del Servicio Civil.
Acorde con la investigación, que se ajusta a los postulados de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y de las buenas prácticas internacionales, este liderazgo es parte de sucesivas mejoras que se han impulsado en el país desde la primera vez que se sometió a la medición en 2004.
Desde entonces, el Índice del Servicio Civil local ha mejorado. Si en 2004 Chile se ubicaba en segundo lugar a nivel Latinoamericano (con 59 puntos en una escala de 1 a 100) detrás de Brasil, desde 2013 pasó a ser el más desarrollado en la región. Una década después -ya que el año de estudio corresponde a 2023-, la valoración global de Chile continúa subiendo, pues ha pasado de 67 a 73 puntos, y ha ratificado su primer lugar entre los servicios civiles evaluados en la región.
A modo de referencia, en la última medición Brasil obtuvo 68 puntos, Uruguay 60, Colombia 57, Paraguay 40 y Ecuador 34 puntos.
"Nuestras instituciones públicas son muy robustas al compararlas en el espejo de América Latina, y pese a que muchos pueden sorprenderse con esta afirmación, este estudio del BID nos muestra evidencia que confirma no sólo nuestro liderazgo regional, sino también nuestro progreso al compararnos con nosotros mismos a través del tiempo. Este informe demuestra que políticas de continuidad como la Alta Dirección Pública, así como las normas sobre gestión de personas en el empleo público implementadas desde 2016, logran que el país avance a paso firme", destaca Felipe Melo, director nacional del Servicio Civil.
Lo destacado
En Chile el Servicio Civil se define como una entidad descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda. En su misión, que involucra “fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado”, cuenta con dos subdirecciones: Alta Dirección Pública, que implementa acciones para el adecuado funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) -a través del cual se realizan contrataciones del Estado-; y la de Gestión y Desarrollo de las Personas, que supervisa, coordina y perfecciona esta dimensión mediante el diseño de políticas y la dictación de normas en este ámbito.
Y precisamente el estudio del BID destaca particularmente el esquema ADP, el cual amplió sus alcances al participar en la selección de 4.536 cargos en 2013 a 5.007 cargos en 2022, y que también se perfeccionó gracias a la Ley 20.955 de 2016.
Esta norma, valoró el informe, fortaleció la legitimidad del sistema, optimizó del funcionamiento de los procesos de reclutamiento y selección, mayor restricción a las solicitudes de renuncia de funcionarios ADP de segundo nivel jerárquico -al exigir que en los primeros seis meses de un nuevo período de gobierno las solicitudes de renuncia se fundamenten e informen ante el Consejo de Alta Dirección Pública-, y el reforzamiento de la competencia de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
En lo que se refiere a la participación de las mujeres en los concursos ADP, el informe realzó que se han mejorado todos los porcentajes: el de postulación, el de mujeres que integran nóminas, el de nóminas integradas por al menos una mujer y el de nombramiento de cargos del primer y segundo nivel jerárquicos.
“El año 2023 cerró con 182 mujeres nombradas en cargos de la ADP, lo que representa un récord histórico del 41% de todos los nombramientos del sistema y alcanza el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, mencionó el análisis.
El tamaño del empleo público es otro factor. Aquí la investigación destacó que este ha crecido desde el anterior diagnóstico en números absolutos, así como en porcentaje de la población y de la población económicamente activa, sobre todo empujado por aumentos en Salud y Educación.
No obstante, la investigación del BID señaló que “sigue situándose entre los de menor tamaño de la región” y agregó que aunque el gasto en personal ha subido un 35,8%, el porcentaje que representa respecto del gasto público se ha reducido y el que representa respecto del producto interno bruto (PIB) se ha mantenido constante. “El desafío es seguir velando por el equilibrio entre un crecimiento del empleo público, según necesidades específicas, y la responsabilidad fiscal”, agregó el texto.
En relación con los perfiles y los procesos de reclutamiento y selección en el empleo público, el informe sostuvo que se han registrado importantes progresos en este período. Por ejemplo, se destacó la capacidad de elaborar perfiles de cargos, la cual está instalada de forma extendida.
“El reclutamiento a través del portal Empleos Públicos y la postulación en línea por medio del mismo portal han crecido significativamente y su uso se ha generalizado, en beneficio de la información, la transparencia y la igualdad de oportunidades”, menciona el informe.
La participación de las asociaciones de funcionarios en diversos espacios de diálogo es otra característica destacada del servicio civil chileno, la cual, a juicio del informe “le dota de legitimidad”.
Junto con los logros, el BID identificó la necesidad de promover la modificación de la legislación para unificar o armonizar las diversas calidades jurídicas existentes (funcionarios a planta, contrata y honorarios).
“El reto se centra en modificar la legislación unificando o armonizando estos regímenes, a los que habría que añadir el del Código del Trabajo (CT), de modo de sumar el respeto de los derechos laborales y los estándares de empleo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la flexibilidad organizacional necesaria para responder a los desafíos del entorno”, se lee en el documento.
Tras los resultados, para Melo "es clave corregir nuestro pesimismo por una mirada más equilibrada, que valore adecuadamente nuestros avances y desafíos pendientes. Al hablar del sector público chileno, estamos acostumbrados a oír opiniones demasiado críticas. Efectivamente hay mucho por corregir, pero los avances son numerosos y difíciles de refutar".
Por su lado, Florencia Attademo-Hirt, representante en Chile del BID y gerente general del departamento de países del Cono Sur, agrega que "el estudio presenta varios ejemplos en los que Chile se convierte en una referencia para América Latina. Ese es el caso del Sistema de Alta Dirección Pública (conocido como ADP), que ha contribuido a cerrar las brechas de género en el sistema”.
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