A pocos días de que comience la discusión en particular de la reforma laboral en la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, las conversaciones entre el gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría se han intensificado.
En las últimas reuniones almuerzo de los lunes en la cartera de Huérfanos 1273, la ministra del área, Javiera Blanco, confidenció a los diputados y senadores oficialistas de las comisiones de Trabajo que en el Ejecutivo están dispuestos a realizar ajustes en uno de los puntos que ha sido objeto de fuertes reparos en el proyecto: la definición del derecho a huelga de los trabajadores, según reveló uno de los legisladores que asistió a esas citas.
Según el mensaje del proyecto, la huelga es el último recurso que disponen las organizaciones de trabajadores para hacer valer sus reivindicaciones.
Para que la paralización sea un instrumento eficaz, la iniciativa legal considera el fin de la facultad del empleador de reemplazar los puestos de los trabajadores en paros legales.
Sin embargo, en este punto el texto del Ejecutivo define que "las legítimas diferencias y aspiraciones de las partes deben ser encausadas en un marco de respeto y juridicidad. Aquellas conductas que se desvíen de este cauce son sancionadas en forma específica, particularmente aquellas que representen un ejercicio violento del derecho a huelga".
Al respecto, el artículo 412 del proyecto laboral considera prácticas desleales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de éstos y el empleador (...), "el ejercicio de fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva, especialmente si obstaculizara el ingreso para prestar servicios del personal directivo y de trabajadores no involucrados en la huelga".
A juicio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el gobierno equivocó el camino al introducir en la reforma un concepto de huelga pacífica, siendo que la experiencia indica que en el país los conflictos en el marco de la negociación colectiva no son violentos.
En el mundo sindical también acusan que el proyecto apunta a la criminalización de los dirigentes a través de las sanciones por prácticas desleales.
La CUT también busca eliminar la adaptabilidad laboral, ajustes en piso mínimo sin reajuste por IPC real, aclarar fórmula de servicios mínimos y turnos de emergencia y acotar las nuevas atribuciones de la Dirección del Trabajo (DT).
Fuentes de la Nueva Mayoría informaron que la ministra Blanco reconoció que en este último tema también habrá modificaciones. Para ello se está buscando una fórmula que permita morigerar las sanciones o lisa y llanamente terminar con la criminalización del movimiento sindical.
Ya en enero, en un seminario sobre reforma laboral, el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, anticipó que el proyecto del Ejecutivo era mejorable y abrió la puerta a cambios en "fueros, sindicalización y prácticas antisindicales".
Reunión clave
Desde el oficialismo trascendió además que para la próxima semana el Ministerio del Trabajo convocará a una reunión con diputados y senadores del bloque para profundizar sobre el espacio de perfeccionamiento de la reforma laboral.
En la instancia también se intentará consolidar el apoyo transversal a la iniciativa antes del inicio de la votación en particular programada para el 7 de abril.
Proyecto laboral supera su primera valla en el Congreso
Su primera valla superó ayer el proyecto de reforma laboral del gobierno en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Con los siete votos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y seis en contra -de los representantes de la derecha y del independiente Gabriel Boric-, se aprobó en general la iniciativa.
Antes de la votación, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, defendió la constitucionalidad del proyecto y enfatizó la disposición del gobierno para avanzar en esta materia. "Hoy debemos debemos saldar una deuda con el mundo del trabajo. Estamos abiertos a escuchar propuestas que mejoren el proyecto", dijo.
En ese contexto, ante las críticas de dirigentes por atentados a la libertad sindical, Blanco afirmó que "estamos disponibles a concordar perfeccionamientos o aclaraciones en este punto".
También se mostró dispuesta a revisar los nuevos procedimientos que incorpora la reforma para la Dirección del Trabajo e incorporar las observaciones de la Corte Suprema.
En otras materias de la agenda laboral, adelantó que en las próximas semanas trabajarán en materias de productividad y capacitación en trabajadores activos. También confirmó que se avanzará en la negociación colectiva del sector público con la asesoría de la OIT. Para ello anticipó que en abril se constituirá una mesa de trabajo para impulsar un acuerdo en esta materia.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se hizo cargo de las críticas de los gremios a la reforma y defendió que el proyecto mejora la productividad y genera espacios de relaciones laborales con menos conflictividad.
También indicó que el texto no tiene ninguna norma que que precarice las condiciones laborales. Asimismo, mostró la disposición al diálogo del gobierno y reiteró que la agenda laboral no se agota con el proyecto de derechos colectivos.
Cambio en la jornada laboral del comercio
Esta votación coincidió ayer con la aprobación unánime en el Senado del proyecto de ley que regula la jornada laboral dominical de los trabajadores del comercio, y que ayer quedó en condiciones de transformarse en ley.
Este paso fue calificado como "histórico" por la ministra Blanco.
La iniciativa legal establece que se le otorgará al trabajador un descanso dominical de 7 domingos anuales, adicionales a los dos mensuales ya existentes.
De esos domingos, tres pueden ser reemplazados por días sábado, que se podrán adosar a un domingo de descanso. Cambio que se podrá efectuar por acuerdo colectivo entre las partes.
El proyecto considera, además, que las horas trabajadas en días domingo tendrán un recargo adicional remuneracional de un 30% sobre el valor de la hora correspondiente al sueldo base.
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