´El último consejo nacional ampliado de la Central Unitaria del Trabajadores (CUT) fue clave a la hora de definir la postura del gremio frente a la reforma laboral. En la instancia se valoró el envío del texto y se destacaron algunos puntos, pero también se plantearon varios reparos al articulado.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, profundiza en las observaciones y adelanta los planteamientos que harán cuando expongan su visión el próximo 2 de marzo en la Cámara de Diputados.
- ¿Hoy existe un juicio más crítico de la reforma laboral?
- En nuestro consejo nacional ampliado del 16 de enero afinamos los planteamientos que vamos a llevar tanto a la Cámara de Diputados como frente al Ejecutivo respecto de la iniciativa que establece nuevas relaciones laborales. Se hizo una valoración de los aspectos contenidos en el proyecto, hay materias que son históricas demandas del movimiento sindical, sin embargo, hay una claridad muy importante en el movimiento sindical de que no es suficiente garantizar los derechos sino se dan todas las condiciones para que ellos se ejerzan.
Eso pasa por avanzar en una plena libertad sindical, de lo contrario restringimos la acción sindical y eso impide que los derechos que se buscan consagrar se puedan implementar. Vamos a solicitar la revisión del capítulo 11 del proyecto de ley, que tiene una mirada prejuiciosa respecto del rol sindical, que entendemos parte de una suerte de mala fe al suponer que se debe imponer nuevas sanciones a la acción sindical, cuando lo que uno buscaba -y todos así lo suponíamos- era que se trataran de equilibrar las partes y no establecer equilibrios falsos entre empleadores y trabajadores. No se puede avanzar hacia una acción sindical punitiva y en ese ámbito y otros donde tuvimos diferencias con el Ejecutivo en el debate previo al envío del proyecto de ley, son materias que hay que discutir y profundizar en el debate parlamentario.
- ¿A qué atribuye que el gobierno haya introducido la figura de sanciones a dirigentes sindicales?
- Acá lo que se trata de establecer es un marco que dé plenas garantías a todos los actores, por lo tanto uno pudiera entender que estas concesiones tienen que ver con hacer guiños hacia un sector que no es el mundo sindical. A nuestros ojos eso es equivocado, porque si se mira el espíritu de lo que el programa de gobierno dice en materias de reformas laborales, se señala que se tiene que nivelar la cancha respecto del actor más debilitado, que es el mundo sindical y no buscar falsos equilibrios, de dejar a todos contentos.
Somos partidarios de que con el Ejecutivo se aborde este debate y que pueda incluso eliminar parte de algunos de estos planteamientos dentro del proyecto, porque aquí la base es que ningún trabajador quiere llegar al conflicto y si tenemos que llegar a esa instancia es porque hay indisposición de ambas partes o, al menos, de la parte empresarial. Hay que entender que cuando llegamos a la huelga no podemos satanizarla, ni considerarla indeseada, es parte de la legítima acción sindical y la entendemos como una acción que tampoco debe significar la debacle, porque los trabajadores vivimos de nuestro salario.
Entonces, somos los primeros interesados en que efectivamente los conflictos se resuelvan bien. Tratar de buscar resguardos para proteger al empresariado en el marco de derechos colectivos para los trabajadores, no tiene ningún sentido y sólo expresaría contradicción entre lo que el propio mensaje presidencial plantea y la redacción del articulado, donde partiendo del principio de la buena fe con el actor sindical finalmente se demuestra que tiene prejuicios. Eso es preocupante.
- ¿Comparte la fórmula de fin a la extensión de beneficios?
- Ese, sin duda, que es un avance sustantivo. Para que se pueda tener un sindicalismo atractivo no sólo hay que tener sindicatos fuertes, sino que además deben tener tutela de derechos sobre aquello que negocian y, por lo tanto, en ese ámbito saludamos que se ponga fin a los adherentes, porque eso es terminar con una concepción asistencialista del sindicato.
- ¿Están conformes con el mecanismo de servicios mínimos?
- Ese es un punto complejo dentro del proyecto porque generaliza la norma del servicio mínimo y, por otro lado, no sólo se amplía sino que se matiza la profundidad del derecho a huelga efectivo. Eso peligra cuando se le pone al lado esta concepción tan genérica de los servicios mínimos, donde al final del día pudiera ingresar un poco de todo. Creemos que ahí lo que corresponde es acotar mucho más la concepción que el proyecto de ley plantea y hacerlo en el marco de lo que la OIT dice: que los servicios mínimos se refieren a acciones que pueden tener impacto directo no en la producción sino que en la posibilidad de que la empresa pueda quebrar o tener un daño irreparable.
-¿Ve adecuado el rol que da el proyecto a la Dirección del Trabajo?
- Nosotros somos partidarios de una DT fuerte, no estamos en la misma parada del empresariado de querer menos Estado. Donde tenemos aprensión es en la excesiva injerencia de la DT en el marco de la negociación colectiva, que es un espacio preferente de relación entre contrapartes.
Derechos consagrados
- ¿Son partidarios de la adaptabilidad laboral en el proyecto?
- A nuestro juicio, ese es un debate que no dice relación con el objetivo del proyecto de ley, por lo tanto vamos a pedir que se elimine. Uno puede entender el debate sobre las jornadas de trabajo en nuestro país y ese es un debate que podemos abordar, pero no lo podemos hacer en el marco que plantea el proyecto, porque en el fondo se nos están imponiendo nuevos temas para abordar en las negociaciones colectivas y eso nos parece peligroso pues al final del día lo que puede terminar significando es mayor precariedad para los trabajadores, so pretexto de que hoy van a ser más poderosos los sindicatos.
- ¿Los temas que quedaron fuera del proyecto van a ser impulsados en otras reformas?
- Hay materias de debate laboral que tienen que ser abordadas y que no requieren un debate constitucional, por ejemplo aquel sobre el subcontrato. Pero claramente hay un debate sobre derechos consagrados, es decir, sobre la posibilidad de que no se vulnere por un próximo gobierno lo que hoy se avance. Nosotros sabemos que esto no se resuelve sólo con el debate de un nuevo Código del Trabajo, eso tenemos que ir a pelearlo en el ámbito de la nueva Constitución, allí se puede abordar el debate de la negociación ramal y del artículo 384 del Código Laboral.
Tras las declaraciones del diputado Patricio Melero (UDI), quien dijo que si ellos volvían a ser gobierno iban a echar pie atrás con estas reformas, demuestra que avanzar en esta reforma no es garantía de que consolidamos derechos, para eso el debate de la nueva Constitución es clave, ahí debe quedar consagrado no sólo el derecho al acceso al trabajo, sino que el derecho al trabajo decente, el derecho a la organización sindical sin que se satanice a los dirigentes con restricciones que a ningún otro actor social se le aplica.
La visión sobre Alberto Salas
- ¿Qué expectativa tiene la CUT con la llegada de Alberto Salas a la CPC?
- Particularmente no conozco a Alberto. Interpreto sobre la base de declaraciones de él y de Andrés Santa Cruz que ellos asumen que hasta ahora el empresariado no ha logrado ser el actor que se necesita para el debate país. En el ámbito laboral mi evaluación es que se han atrincherado demasiado y que eso les ha jugado en contra, los ha alejado más que incidir en el debate que estamos haciendo.
Mi expectativa es que con este nuevo presidente de la CPC se pueda retomar ese camino de incidencia, nosotros no tenemos que asustarnos de que el empresariado pueda ser un actor contribuyente, eso es necesario, lo que no puede ocurrir –y que se está viendo hoy- es que el empresariado trate de imponerse como el único actor en ámbito laboral. Si piensan en un fortalecimiento institucional que les permita ser un actor mucho más visible, uno esperaría que el nuevo presidente de la CPC no sólo sepa representar bien los intereses gremiales, sino que también sepa ponerse a la altura de los debates país.
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