Luego de conocer con más detalle las indicaciones del Ejecutivo a la reforma laboral, ingresadas el sábado al Senado, el análisis de tres de las principales auditoras del país -Deloitte, EY y PwC- es uno: el corazón de la reforma se mantiene. Es decir, prevalece el fortalecimiento de la actividad sindical y de la huelga, como fue expuesto en el proyecto original del gobierno.
Pero como aún queda camino por recorrer, las entidades ven espacio para implementar nuevos cambios en lo que resta de tramitación, ya que plantean que la flexibilización fue mínima y los principales nudos para lograr un acuerdo relacionados con la titularidad sindical, el reemplazo interno en huelga y servicios mínimos, en su opinión, se mantienen.
Mónica Fernández, de Deloitte: "Definición de servicios mínimos puede ser fuente de judicialización"
"La reforma sigue siendo una reforma sindical, acorde al planteamiento inicial del gobierno y lo aprobado por la Cámara Baja. En eso no hay cambio, sino reafirmación", dice Mónica Fernández, socia y experta Laboral, Tax & Legal de Deloitte.
Y va más lejos, ya que en su opinión, los principales ejes del proyecto se mantienen e incluso "se enduceren", poniendo como ejemplo que se refuerza la titularidad sindical al dejar fuera a los grupos negociadores antes de la entrada en vigencia del resto de las normas de la reforma.
A esto se suma la prohibición del reemplazo de los puestos en caso de huelga, ya que si bien se daría una alternativa para poder reasignar funciones, "asumimos que su amplitud y flexibilidad serán limitadas".
"El reemplazo interno que se llegó a vislumbrar en algún minuto y que daba algún grado de flexibilidad para que la empresa pudiera seguir funcionando aun dificultosamente, quedó de este modo cerrado", plantea.
Uno de los puntos que más preocupa a la experta es la definición de servicios mínimos, ya que cree que pueden ser fuente de judicialización y del inicio de una negociación "confrontacional".
"Esperemos que la madurez de las partes que negocien eviten esto", manifiesta, adelantando que este será uno de los grandes temas a debatir, ya que será necesario un acuerdo primero entre varios sindicatos y luego con el empleador, lo que podría poner en conflicto el inicio de la negociación.
"La posibilidad de reclamo será ante la Dirección del Trabajo (DT) y podría producir incluso un conflicto de interés cuando la misma DT deba pronunciarse sobre otras materias de la negociación", agrega.
Por el lado positivo, Fernández destaca que en caso de huelga y existiendo una oferta del empleador, esto sea votado por la asamblea y no sólo por el sindicato.
"Por último, el que se mantengan los pactos de adaptabilidad laboral es positivo en aras de lograr algo de flexibilidad que tanto bien hace a la empresa y sus trabajadores", concluye.
Juan Andrés Perry, de EY: "Se mantiene idea inicial en torno a la prohibición de reemplazo"
Para Juan Andrés Perry, gerente senior de Human Capital de EY, si bien las indicaciones establecen modificaciones y nuevas regulaciones en ciertos aspectos, éstas no afectan los elementos "medulares".
Con relación a la titularidad sindical, expone que se reafirma el hecho que no será posible negociar con grupos negociadores.
"Es más, la ley establece que esta regulación empezará a regir una vez publicada la ley, y no dentro del plazo establecido para el inicio de la vigencia general de la reforma", recalca.
En materia de extensión de beneficios, Perry sostiene que tampoco hubo cambios sustantivos, ya que se podrá realizar con el acuerdo del sindicato y los beneficiarios, dejando fuera al empleador, aunque sin perjuicio de que la empresa aplique a todos los trabajadores reajuste de remuneraciones conformes a la variación del IPC.
En términos de la huelga, Perry plantea que se reafirma la idea inicial en torno a la prohibición de reemplazo, al igual que la norma que la vulneración de esta prohibición constituye una práctica desleal grave.
"Si bien se incorpora el reconocimiento expreso a la libertad de trabajo de los trabajadores no comprendidos en la huelga, ello no constituye una modificación relevante en cuanto corresponde a derechos que ya se encontraban previamente reconocidos en las normas vigentes", puntualiza.
En la misma línea, plantea que si bien se permitirá que el empleador realice ajustes de turnos u horario, sin que constituya práctica antisindical, las mismas indicaciones incorporan como práctica desleal el cambio de sitio o recinto en que deben prestar los servicios, lo que demuestra la idea de que prohibir el reemplazo se mantiene.
"De este modo, podemos concluir que las indicaciones no implican una modificación medular de los aspectos ya comprendidos en el proyecto de reforma laboral y que suponen un fortalecimiento de la actividad sindical y de la huelga", finaliza el experto.
Michel Laurie, de PwC: "Titularidad y reemplazo seguirán siendo materia de conflicto"
"Lo presentado en las indicaciones no es sustancialmente distinto al proyecto inicial. Desde el punto de vista de las empresas y los requerimientos que se hicieron a través de los gremios respectivos, no hubo cambios sustantivos. Sólo se abrieron algunas pequeñas ventanas", señala Michel Laurie, senior manager - Tax & Legal de PwC.
Las "pequeñas ventanas" que menciona Laurie tienen que ver con la adecuación interna que podrá hacer el empleador; el hecho de señalar explícitamente el derecho de los trabajadores que no están en huelga a seguir prestando servicios; y la definición de servicios mínimos antes de que comience la negociación colectiva, entre otros.
Pero para que los cambios propuestos funciones, para Laurie es esencial el sentido que el Ejecutivo y el Legistativo les está dando a las normas planteadas, "para que sirva de guía a los jueces que después deben aplicarla".
Como expone el experto, hay varios ejemplos donde el sentido original no ha quedado expresado claramente en la historia de la ley y después los tribunales "han interpretado cualquier cosa".
En este escenario, plantea que dos de los principales nudos que ha enfrentado el proyecto -la titularidad sindical y el reemplazo interno en huelga-, "seguirán siendo materia de conflicto".
En su opinión, la titularidad sindical, no sufrió mayores cambios, por lo que la CUT u otras organizaciones sindicales, "no debiesen oponerse al proyecto".
Pero desde el punto de vista de las empresas expone que las indicaciones no recogen sus planteamientos y sólo abren "pequeños espacios en donde podría entenderse que el proyecto original se flexibiliza", espacios que "abren la posibilidad de que el efecto del proyecto en las empresas no sea tan negativo".
"Desde ese punto de vista, ganan aquellos que han planteado que el proyecto debe ser más equilibrado y espero que se hagan otros cambios en lo que queda de tramitación en el Congreso", concluyó.
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