Durante casi toda la mañana de ayer corrió el rumor de que sus vacaciones habían terminado y que el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, regresaba a Palacio. Y también que la vocera de gobierno (s), Claudia Pascual, se podía referir al tema. Sin embargo, pasaron las horas y ninguna de las dos cosas se concretó.
Y es que nadie en la casa de gobierno quería hablar de la nueva polémica protagonizada por quien fuera sindicado como la mano derecha del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y que ahora está cuestionado porque dos empresas creadas por él -Socoar y Greentec- mantienen contratos con el Estado por la venta de insumos médicos por más de $ 417 millones.
Un episodio que se suma a las críticas que Riquelme ha recibido, entre otras cosas, por su rol en el caso Caval, el borrado del computador de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, y su declaración de patrimonio incompleta.
Todos temas delicados y a los que nadie quería aludir en La Moneda. Muestra de ello es que ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo escuetamente: “Yo tengo una opinión sobre eso y se la voy a dar a su excelencia la Presidenta de la República cuando vuelva, que ya está pronto, de su período legal de vacaciones”.
Si bien hasta ahora el discurso en Palacio ha sido que no existen argumentos jurídicos que justifiquen la salida de Riquelme de su cargo, o que al menos sea sometido a un sumario, esta vez la situación podría ser diferente.
Ello, porque existe la posibilidad de que las demás empresas que participaron en las licitaciones que ganaron Socoar y Greentec, impugnen los procesos y presenten acciones legales. Algo similar a lo que ocurrió en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), donde algunas firmas estamparon una denuncia ante el Ministerio Público por contratos directos con compañías que fueron elegidas a dedo.
Caso que en julio del año pasado comenzó a ser indagado por la fiscalía y al que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que el 3 de febrero pasado se querelló contra ex funcionarios de la repartición.
Eso habría llevado a la propia presidenta Bachelet, quien según un asesor está al tanto del tema, a ordenar que se revisaran todos los antecedentes. Algo que más tarde fue confirmado por el ministro de Salud (s), Jaime Burrows, al anunciar que la cartera realizaría un levantamiento de información para determinar si los millonarios contratos de las empresas creadas por Riquelme, cumplían con la ley de compras.
“Hoy (ayer) instruimos a la Subsecretaría de Redes hacer un levantamiento de la información respecto de esos contratos, si se ha cumplido con la ley de compras o no, y estamos a la espera de los resultados que van a ser dados a conocer en su momento”, explicó el secretario de Estado.
Y agregó: “Vamos a levantar la información y vamos a cumplir con todo lo que requiere la ley de nosotros respecto de los controles que tienen que realizar sobre las compras que se hacen a nivel de los servicios”.
Fuego amigo
El silencio en La Moneda, contrastó con el del PPD, partido donde milita Cristián Riquelme. Una vez conocidos los antecedentes el jefe de la bancada de diputados de esa colectividad, Jorge Tarud, insistió en que es necesario que el administrador de La Moneda dé un paso al costado.
“El daño que le está produciendo al gobierno y a la propia presidenta Bachelet es inmenso y cada día que pasa el daño se profundiza. En consecuencia, él no tiene el derecho a seguir en esta línea imperturbable de no presentar su renuncia”, aseguró el parlamentario.
A renglón seguido, añadió que “puede no haber nada ilícito en los actos por los cuales se le denuncia, sin embargo, aquí hay un tema ético y la opinión pública se confunde entre las labores de un funcionario público que tiene poder de decisión, con sus actividades comerciales personales”.
felipe Ward (udi) no descarta una nueva comisión investigadora
Si hay alguien que ha insistido en la necesidad de que Cristián Riquelme deje su cargo en La Moneda, ese es el diputado UDI, Felipe Ward.
El parlamentario gremialista, quien formó parte de las comisiones Caval I y II, realizó ayer un nuevo llamado al Ejecutivo para que responda ante la ola de cuestionamientos que hay contra el director administrativo de Palacio.
Según el congresista, que ayer el gobierno no haya emitido " un juicio público, declaraciones, ni vocería", es algo incomprensible.
"Yo entiendo que hay una vocera subrogante, no debe ser fácil enfrentarse a este tema, pero finalmente no protegen a la Presidenta de la República no haciendo una pauta y no contestando frente a los medios y la opinión pública", recalcó Ward.
Recogiendo los dichos de Jorge Burgos, el parlamentario señaló que "acá lo que corresponde es que den la cara, que den a conocer cuál va a ser finalmente la decisión de la Presidenta de la República. El ministro del Interior ha señalado que no le corresponde a él tomar una decisión respecto de la permanencia o no de Cristián Riquelme y sí le corresponde a la Presidenta".
Por eso, instó a la jefa de Estado a suspender su descanso en el Lago Caburgua y regresar a Santiago lo antes posible para aclarar toda la situación.
"El año pasado no quiso interrumpir sus vacaciones, que este año las interrumpa por un día, pero que tomen una decisión de una vez por todas respecto a esta persona", dijo Ward, en alusión a lo que pasó en febrero de 2015 cuando estalló el caso Caval y la mandataria aseguró que no sabía del tema y que se había enterado por él a través de la prensa.
Respecto a la posible salida de Riquelme de su puesto, el diputado UDI dijo "si no lo hace la Presidenta de la República (sacarlo de su puesto) que renuncie voluntariamente. Públicamente preséntenlo como quieran, pero esta persona no puede seguir trabajando en La Moneda".
Pero independiente de lo que suceda con el administrador de palacio, Ward deslizó la posibilidad de que se constituya una nueva instancia para indagar los antecedentes.
"Me atrevo a decir que sí vamos a tener una comisión investigadora en marzo. Obviamente, está íntimamente ligado a la permanencia o no de Riquelme en La Moneda", subrayó el parlamentario.
E insistió: "Esperamos que él no siga trabajando en el palacio de Gobierno, pero estos antecedentes deben ser investigados".
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