SII señala que analizará los "nuevos antecedentes" dados a conocer por los Pandora Papers para determinar si se cumplió con la normativa tributaria
La entidad señaló que también se está coordinando con el grupo especializado de la OCDE para analizar los pasos a seguir en la materia.
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Continúan los movimientos luego de que el domingo se conocieran nuevos antecedentes sobre la venta de Minera Dominga de parte de la familia Piñera al empresario Carlos Alberto Délano, operación que, según publicó Ciper y LaBot, se realizó en un paraíso fiscal a fines del 2010.
Esto, en el marco de las revelaciones de los denominados "Pandora Papers", en el que se filtraron antecedentes tributarios de líderes de la política, los negocios, el deporte y la cultura a nivel global, quienes operaron a través de sociedades en paraísos fiscales. Si bien la serie de reportajes se inició en Chile con la venta de Dominga, Ciper y LaBot anticiparon nuevas revelaciones que involucrarán a empresarios como Andrónico Luksic y Leonardo Farkas, entre otros.
El lunes fue la Fiscalía la que señaló que investigaría la operación en busca de eventuales delitos y esta tarde se le sumó el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La entidad dirigida por Fernando Barraza emitió una comunicación en la que anunció que investigará los "nuevos antecedentes" dados a conocer por la investigación periodística para determinar si dicha transacción y los movimientos que se conozcan que involucren a contribuyentes chilenos se realizaron acorde a la normativa tributaria vigente en el país.
"El Servicio de Impuestos Internos informó que está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers, y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley", aseguró el servicio.
Asimismo, la repartición señaló que se está coordinando con la red de administraciones tributarias de la OCDE, denominada Jitsic (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration) para "analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers", tal como lo hizo -recordó la institución- en otras filtraciones masivas en los últimos años como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks.
No a los paraísos fiscales
El anuncio de la entidad se produce en un contexto en que ha reforzado el trabajo conjunto con organismos internacionales para desincentivar el uso de las jurisdicciones de baja tributación, también conocidas coloquialmente como "paraísos fiscales".
Por dichos emplazamientos, se entiende cualquier jurisdicción que contemple una baja carga tributaria sobre sus contribuyentes o que restringa la entrega de información a las autoridades tributarias de los países originales de determinados contribuyentes.
"Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación", señaló el SII.
Así, prosiguió la entidad, además de instrumentos como los convenios de doble tributación y convenios de intercambio de información, desde 2016 el SII forma parte de la Convención Multilateral sobre Asistencia en Materia Tributaria, suscrita por 144 jurisdicciones, y desde 2018 integra el Acuerdo para el Intercambio Automático de Información Financiera, firmado por 112 países en el marco del Foro Global de Transparencia. Además, desde el 2017 Barraza integra el directorio del Foro de Administración Tributaria (FTA) de la OCDE, "que potencia el intercambio de información para fortalecer la fiscalización", recalcó el servicio.
En el marco de la divulgación de los Panama Papers (2016), el SII señaló que revisó las operaciones de 109 contribuyentes, generando auditorías con resultados en 12 casos. En los Paradise Papers (2017), en tanto, se analizaron 92 casos, de los cuales 24 fueron fiscalizados. Por último, en Bahama Dataleaks (2020), se están realizando análisis de 199 contribuyentes.