Sector minero pide cambios al royalty y mayor certeza jurídica en la propuesta del Ejecutivo

El rubro minero también fue protagonista de los diálogos tributarios ayer en la U. de Chile. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, puso el foco en la necesidad de certeza jurídica y reglas claras para el sector.

Así, delinéo tres principios a resguardar en la reforma: la necesidad de fomentar la inversión pública y privada, responsabilidad fiscal y justicia distributiva; proveer certeza jurídica a los contribuyentes y responder a la evolución de las necesidades y preferencias de la ciudadanía; y potenciar los incentivos a la inversión y desarrollo de capacidades productivas.

Hernández puso el acento en el “equilibrio” entre la tributación y el desarrollo de la actividad, poniendo como un “mal ejemplo” el proyecto de nuevo royalty a la minería aprobado por la Cámara de Diputados. Como alternativa, propuso modificar la escala del impuesto específico a la minería “para aumentar la recaudación a un límite que no comprometa la inversión en nuevos proyectos”, y poner un límite por volumen de producción, bajo cuyo umbral no se grave con el tributo “de modo de fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería”.

“Para recuperar la inversión, es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica y tributaria”, cerró Hernández, quien llegó a la cita junto al vicepresidente de Sonami, Francisco Costabal.

Luego fue el turno de los ejecutivos de Capstone Copper Chile, que tienen proyectos en el país como Mantos Blancos, Mantoverde y Santo Domingo (en proceso de construcción). Todos en el norte del país.

El vicepresidente senior de la empresa, Giancarlo Bruno, apuntó contra el proyecto de royalty a la minería, señalando que se puede “mejorar” el texto hoy en el Senado.

“Tal como está, tiene mayor impacto en mineras con costos más altos. Mantiene un impuesto a las ventas sin considerar adecuadamente el ciclo de precios y costos, lo que podría significar pagar gravámenes aun teniendo pérdidas”, afirmó y afirmó que la normativa podría impactar “fuertemente” proyectos de mediana minería como Mantos Blancos, Mantoverde y Santo Domingo.