Informe encargado por Hacienda concluye que la carga tributaria de Chile está muy lejos de la OCDE
El reporte fue requerido en 2020 en el marco de las tratativas para ajustar o eliminar exenciones. Peso de los impuestos en Chile es menor que cuando los países desarrolados tenían el mismo ingreso.
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Uno de los temas que más debate generó en los diálogos sociales por la reforma tributaria, convocados por el Ministerio de Hacienda, fue el nivel de carga fiscal que hoy tiene el país.
El tema no es menor, ya que es el diagnóstico inicial para lograr un acuerdo respecto al peso de los impuestos hoy y a futuro en el país.
Por una parte, Hacienda defiende que la brecha entre Chile y los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es de cerca de ocho punto del PIB si se consideran los aportes a la seguridad social, mientras que gremios empresariales han manifestado que dicha distancia oscila entre dos y cinco unidades cuando se controla por el nivel de ingresos, por ejemplo.
Un informe elaborado por la OCDE busca zanjar las discrepancias. El reporte “Tax policy reviews: Chile 2022” -y que ya está en manos del ministro de Hacienda, Mario Marcel- establece que la recaudación de impuestos como proporción del Producto en Chile es muy baja respecto al grupo de países desarrollados bajo cualquier criterio comparativo.
En concreto, la proporción total a 2019 es de 20,7% del PIB, mientras que en la OCDE es de 33,8% del tamaño de la economía.
“El ratio de impuestos a PIB de Chile está entre los más bajos encontrados en la OCDE, basado en un rango de diferentes mediciones. El ratio de impuestos a PIB de Chile y los niveles de ingreso están entre los más bajos encontrados en la OCDE, a pesar de su convergencia con el promedio OCDE en los últimos 30 años”, señala el reporte, que será un insumo clave en la discusión de la reforma tributaria, que se iniciará el jueves 30 de junio.
Por donde se le mire...
Otra medición que se ha puesto sobre la mesa es si se debe incluir o no como parte de la recaudación tributaria las contribuciones a la seguridad social o las contribuciones obligatorias a entidades de salud y previsión privadas.
¿Qué dice la OCDE? Que al margen de si se consideran o no parte de las arcas fiscales, Chile sigue estando lejos de la media del mundo desarrollado en su carga impositiva.
Así, el ratio asciende a 26,9% en el caso de Chile y 34,8% en la OCDE cuando se incorporan las contribuciones a entidades privadas, una diferencia de casi ocho puntos porcentuales.
Ahora, si se excluyen las contribuciones a la seguridad social, la diferencia se estrecha a 5,3 puntos. Eso sí, el reporte dice que aplicar esta metodología es “poco ortodoxo”, que puede “no ser muy informativo y puede llevar a malas interpretaciones”.
El organismo también calcula si el nivel actual de carga fiscal de Chile es similar al mundo OCDE cuando registraban el mismo nivel de ingresos que el país.
De esta manera, hay que retroceder a 1978, año en que el ingreso per cápita promedio de los países del organismo era similar al de Chile hoy (US$ 23.151 a paridad de poder de compra). ¿El resultado? Chile sigue estando lejos: 20,7% versus 31,1%.
La composición
El reporte también analiza la distribución de la carga total de impuestos, concluyendo que el peso de la recaudación está concentrada en los tributos corporativos y el IVA, “mientras que los países OCDE de mayores ingresos dependen más de la recaudación por los impuestos a la renta personal y las contribuciones sociales”, destaca el análisis.
También, se enfatiza que la estructura de ingresos tributarios del país es “diferente” si se compara a cuando el mundo desarrollado tenía un ingreso per cápita similar al de Chile hoy (ver gráficos).
Hacia adelante, una de las conclusiones del documento es que Chile tiene “espacio para aumentar su bajo nivel de impuestos y rebalancear su estructura tributaria”, eso sí solo cuando la recuperación de la economía post Covid-19 esté “firmemente en su lugar”.
El documento fue encargado por Hacienda a fines del 2020, en medio de las negociaciones para concordar una “hoja de ruta tributaria” de largo plazo y la preparación del proyecto que ajusta y elimina algunas exenciones, que luego derivó en el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).