Hacienda calcula que eximir a adultos mayores de cambios en DFL-2 costaría hasta US$ 75 millones por año

El gobierno comienza a mostrar sus cartas en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Ya en julio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abrió a modificaciones en algunos de los temas más controversiales de la iniciativa, como el fin a la exención de impuesto a la renta para los arriendos percibidos por propiedades DFL-2.

En este punto, ayer el secretario de Estado fue más allá. En el marco de su presentación en la comisión de Hacienda de la Cámara, la autoridad reveló que se cuantificó el impacto de mantener dicha exención para los adultos mayores dueños de inmuebles DFL-2. Este ha sido uno de los temas donde la oposición ha solicitado cambios.

El lunes comenzarán las audiencias públicas en la comisión, con la asistencia de la CUT, la CPC, la CNC, el CPLT y la Conapyme. El martes irán Repetto, Jorratt, Micco, Fuensalida y Wagner.

Así, eximir de impuesto a la renta por los ingresos de hasta dos DFL-2 en adultos mayores pertenecientes al 60% de menores ingresos de la población le costaría al Fisco menores ingresos por US$ 40 millones al año.

Ahora, el mismo ejercicio pero para todo el universo de personas mayores de 65 años, implicaría un costo fiscal de US$ 75 millones por ejercicio.

“Estamos tomando nota y haciendo simulaciones, eso servirá para discutir posibles indicaciones”, señaló el ministro ante los diputados.

En la misma línea, Marcel entregó una minuta a los parlamentarios aterrizando los números detrás del beneficio de DFL-2, argumentando que los propietarios de estas viviendas son principalmente contribuyentes de altos ingresos.

Así, un 22,2% de las personas en el tramo de ingresos por hasta 70 UTA anuales (tramo de tasa de 23%, donde comienza el alza del impuesto personal que propone la reforma) posee dos o más propiedades DFL-2, cifra que aumenta a 27,9% en el tramo de impuesto personal de 30,4%, y a 32,2% para el tramo de gravamen de 35%.

Mientras que en el grupo de personas que son gravadas con la tasa más alta del Global Complementario, un 29,1% es propietario de dos o más inmuebles DFL-2.

En cambio, de los contribuyentes exentos o que no declaran impuesto personal, solo 0,7% posee dos o más bienes raíces con esta franquicia tributaria.

Según cálculos de Hacienda, un 80% de los propietarios de dos o más DFL-2 se encuentran en el 3% más rico de la población, con ingresos mensuales sobre $ 4 millones.

Debate por fondos de inversión

Uno de los tópicos que concentró la discusión en la instancia fue el fin de los beneficios tributarios para los fondos de inversión privados y públicos, a menos que inviertan en actividades de capital de riesgo certificadas por la Corfo.

Los diputados opositores Miguel Mellado y Frank Sauerbaum (ambos RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Gonzalo de la Carrera (independiente exRepublicanos) cuestionaron la medida, ya que -coincidieron- desincentivaría la inversión y el ahorro en el país.

Marcel recogió el guante y enfatizó que el principal ahorro en el país no lo realizan los fondos de inversión, sino que los trabajadores a través de los fondos de pensiones, luego las empresas y en tercer lugar el Fisco.

Señaló que al crearse las franquicias a los fondos de inversión, se hizo pensando en incentivar el capital de riesgo, pero solo el 5% de los montos hoy se destinan a ese mercado.

“No hay que pensar en la exención como un incentivo al ahorro, sino más bien hay que pensar si se justifica un tratamiento tributario especial”, dijo el ministro, recordando que esta idea “no se le ocurrió al gobierno solo”, sino que es parte del set de sugerencias que hizo la comisión de economistas convocada por el exministro Ignacio Briones en 2020.

Confirmadas primeras audiencias

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión, Jaime Naranjo (PS) confirmó las primeras audiencias públicas por el proyecto: el lunes asistirán representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), además del Consejo para la Transparencia (CPLT), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Conapyme.

El martes será el turno de la economista Andrea Repetto, del exdirector del SII, Michel Jorratt, del exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, de la abogada Carolina Fuensalida, y del economista Rodrigo Wagner.