Exenciones tributarias: propuesta de la oposición permitiría recaudar al menos US$ 1.400 millones

Finalmente, ayer la oposición le presentó al Gobierno su propuesta de “mínimos comunes”, que no solo considera como punto clave a la renta básica universal, sino también la eliminación o ajuste de una serie de exenciones tributarias.

En específico, se propone terminar con la franquicia de IVA para las constructoras, ajustar la tributación de los fondos de inversión, eliminar gradualmente la renta presunta, reducir el beneficio por arriendo de viviendas DFL2, poner término a la exención a las ganancias de capital en operaciones bursátiles (artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, LIR), y derogar aquella que favorece el pago de impuestos para los excedentes de libre disposición al jubilar.

Si bien dentro del bloque no hay cálculos finos respecto a cuánto se recaudará con las medidas, los números entregados el mes pasado por Hacienda y el informe del exdirector del SII, Michel Jorratt, permiten cuantificar algunas franquicias.

De esta manera, los cambios propuestos permitirían recaudar entre US$ 1.430 millones y US$ 1.757 millones al Fisco.

El término del beneficio para la construcción se lleva los principales montos: Hacienda lo estima en US$ 669 millones, mientras que la oposición en alrededor de US$ 600 millones. Luego viene la derogación del artículo 107, con US$ 515 millones calculados por Jorratt y US$ 351 millones por Hacienda. Cierra el podio el término de la exención a los ingresos por arriendo de viviendas DFL2, con US$ 354 millones valorados por el Ejecutivo y US$ 193 millones de parte del exjefe del SII.

Terminar con la renta presunta gradualmente permitiría al Estado recaudar US$ 198 millones, calcula el ingeniero, mientras que hacer tributar a los fondos de inversión como contribuyentes de Primera Categoría agregaría US$ 67 millones. Por último, el Fisco recaudaría US$ 21 millones por terminar con el beneficio para los excedentes de libre disposición.

El beneficio clave

Justamente este último punto es mirado con preocupación en el sector privado.

La normativa actual permite que todo afiliado que cuente con a lo menos 10 años de afiliación en cualquier sistema previsional pueda retirar parte del saldo de su cuenta de capitalización individual como excedente de libre disposición si sus fondos previsionales le permiten obtener una pensión al menos igual al 70% del promedio de sus remuneraciones imponibles.

Dicho excedente se puede generar a través de instrumentos como el ahorro previsional voluntario (APV) o los depósitos convenidos.

Jorratt explica que eliminar este beneficio se justifica en que muchos ejecutivos de altas rentas “convienen” con sus empleadores que les depositen anualmente en su cuenta de AFP millonarios bonos de desempeño, los que luego son retirados antes de jubilar libres de impuestos.

“Esto va a afectar principalmente a ejecutivos de altos ingresos, ya que los directivos de rentas medianas optan más bien por el APV”, señala, especificando que la idea es que dichos retiros tributen bajo las reglas del Global Complementario.

El académico de la U. de los Lagos y asesor técnico de la oposición, Hernán Frigolett, incluso califica la exención de impuesto para el retiro de dichos excedentes como una “puerta giratoria en materia de elusión”, ya que mecanismos como el depósito convenido y al APV de por sí ya tienen beneficios en materia de tributos.

Sin embargo, el tema es mirado con distancia entre los expertos. Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, considera “regresivo” eliminar dicha exención, “porque afecta a personas jubiladas, que pueden ya no estar generando rentas de otra fuente distinta a la pensión”.

El socio de Mena Alessandri & Asociados, Cristián Mena, cree que este debate “hay que verlo en forma sistémica con la reforma que se quiere hacer al sistema de seguridad social, ya que hay vasos comunicantes”.

Para Álvaro Moraga, de Moraga & Cía., eliminar el beneficio fiscal “encierra un contrasentido”, ya que “hay consenso en que el problema de las pensiones se está dado por la informalidad y las lagunas previsionales. Se debería pensar en mecanismos de incentivo para que las personas se incorporen a la formalidad en sus trabajos y oficios, en especial las de rentas medias o bajas”.

Mercado de capitales

La socia de Brzovic & Cía y de la alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, cree que es un “error garrafal” eliminar el artículo 107 de la LIR: “Los peruanos lo hicieron en el 2010 y su mercado bursátil se fue a pique. Los créditos hipotecarios se encarecieron y luego de ver tanto desastre, repusieron el beneficio”, recalca.

El socio de Recabarren & Asociados, Álvaro Pérez, plantea que eliminar esta franquicia “de una sola vez” generará efectos nocivos para el mercado de capitales: “Para los inversionistas institucionales, fondos de ahorros previsionales y compañías de seguro, la eliminación de esta franquicia generará un impacto negativo colateral a gran parte de nuestra población”, advierte.

El socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, sugiere más bien considerar un tasa reducida para gravar a ciertas operaciones con instrumentos líquidos, que puede variar entre el 10% y 16%, “de forma tal que el potencial impacto al mercado de capitales no sea tan severo”, agrega.

Rodrigo Stein, socio líder de Servicios Tributarios y Legales de KPMG Chile, cree que las propuestas del documento opositor tendrán un efecto “bastante limitado” en recaudación. “Varias de estas exenciones ni siquiera son de las 20 partidas de gasto tributario más altas. Es el caso, por ejemplo, de la exención a los excedentes de libre disposición (US$ 20,8 millones), fondos de inversión privado (US$ 67 millones) e impuesto de 10% sobre distribuciones o dividendos pagados por fondos de inversiones públicos y fondos mutuos a inversionistas extranjeros (US$ 1,6 millones”, agrega.

El gerente senior de Consultoría Tributaria de EY Chile, Nicolás Brancoli, enfatiza que las propuestas “solo presentan algunos principios que no sabemos cómo se propondrá su materialización”.

El experto esper que se sugieran medidas “serias, que tengan en cuenta la necesidad de mayor recaudación, pero también fomentar la inversión y reactivar económicamente al país”, señala.