El SII se querella contra los hermanos Jalaff por presunto delito tributario en el marco del caso Audios Factop

Novedades en el marco del caso Audios y su arista ligada con el factoring Factop.

Este viernes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó este jueves una querella contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, fundadores del Grupo Patio, por eventual delito tributario al utilizar facturas falsas en las sociedades que controlaban.

El escrito fue presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción penal, que también está dirigida en contra del contador Marcelo Medina de Gatto, les imputa la presentación de declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, al haber utilizado facturas falsas provenientes de las empresas controladas, con el objeto de aumentar indebidamente sus costos y/o gastos y, de esta forma, determinar y enterar en arcas fiscales un Impuesto de Primera Categoría inferior al que legalmente les correspondía pagar.

"Concretamente, se les responsabiliza de ser autores del delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, en carácter de reiterado, al haber presentado durante los años tributarios 2022 y 2023 declaraciones de impuesto a la Renta maliciosamente falsas, ocasionando un perjuicio fiscal que asciende a $161.744.998", detalló el servicio en un comunicado.

Esta querella se suma a otras acciones judiciales impulsadas por el SII en el denominado Caso Factop, que es una de las aristas del caso Audios. La primera querella que presentó el organismo fue en noviembre de 2023 y se dirigió en contra de cuatro personas, entre las que destacan Daniel y Ariel Sauer (socios de Factop), por el delito de facilitación de más de 9.000 facturas falsas a distintos contribuyentes, acción penal que hoy mantiene en prisión preventiva a los mencionados imputados.

A esta acción se sumó, en agosto de 2024, una querella contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, en la arista caso Audios, por delitos tributarios asociados a un perjuicio fiscal de $ 1.000 millones, por los cuales también se encuentran en prisión preventiva Hermosilla y Villalobos.