Es el actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta y encabezó la Comisión Mixta que llegó al acuerdo que facilitó que la ley corta de isapres viera la luz. El timonel de la UDI, senador Javier Macaya, lamenta que “tuvimos que ceder a que la propuesta ideal a la que aspirábamos no fuese recogida”, aludiendo a la mutualización.
En esta conversación con Diario Financiero plantea que “esa integración público-privada que se vio durante la pandemia, donde se aplicaron criterios de solidaridad también al sistema privado, fue lo que permitió que Chile fuera de los mejores países en el mundo en el combate de la pandemia. Eso es algo reconocido internacionalmente. Ese espíritu es algo que tenemos que ser capaces de reflotar de cara a la discusión en materia de la reforma a la salud”. Y subraya que los tribunales de Justicia no pueden hacer políticas públicas a través de sus fallos.
“Es momento de cerrar e ir tomando decisiones. Lo bueno es que hay un horizonte de plazo. El Gobierno debe presentar un proyecto de ley en octubre”.
“La justicia no puede hacer políticas públicas a través de sus fallos”.
- Se dice que para llegar al acuerdo todos tuvieron que ceder. ¿Qué tuvo que ceder su sector?
- Primero, una solución que es temporal. A nosotros nos hubiera gustado tener una solución más definitiva para un sistema que tiene una grieta profunda desde 2010, con el fallo del Tribunal Constitucional. Creemos que la existencia de un plan garantizado, la incorporación de criterios para eliminar la discriminación por sexo, edad, condición de salud, había que avanzar en esa dirección. Hay un proyecto de ley durmiendo por años en el Parlamento y mientras eso no se legisle, no vamos a tener una solución definitiva que le dé sustentabilidad al sistema. Ahora, creíamos, desde esa perspectiva, que la deuda y la estabilidad financiera se garantizaba de mejor manera con la propuesta de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile o con la propuesta de mutualización.
- Pero eso no fue posible.
- Como no la conseguimos sacar adelante, sobre todo porque el Gobierno la llevó al Tribunal Constitucional, creíamos que esta era una propuesta intermedia, no era nuestra propuesta ideal. Y sobre todo, desde esa lógica, tuvimos que ceder a que la propuesta ideal a la que aspirábamos no fuera recogida. En la vía de la iniciativa que tenemos en esta materia, que es exclusiva del Presidente de la República, asumimos que era más importante ponerse en los zapatos de los usuarios del sistema antes que dejar que se generara un descalabro que les hubiera generado un impacto a ellos más que a las instituciones mismas.
- ¿Por qué la mutualización era clave para ustedes?
- Porque te permitía interpretar correctamente un fallo que lamentablemente la Corte Suprema aplicó con un descriterio que generó inestabilidad. Al final terminó siendo injusticia en vez de justicia. Nosotros respetamos los fallos de la Corte Suprema, pero sí podemos, desde la perspectiva legislativa, darle directrices distintas y la mutualización permitía valorar adecuadamente no sólo las alzas que habían realizado las isapres, sino también las rebajas que habían realizado. La Corte Suprema sólo consideró las alzas, sin entender que las isapres también habían hecho rebajas a ciertas personas que por su condición de menor riesgo o edad, le habían terminado cobrando menos. La Corte Suprema sólo consideró las alzas, lo que hizo que finalmente la deuda llegara a niveles exponenciales de mil y tantos millones de dólares que ponían en riesgo la estabilidad del sistema.
Pago de deudas
- En ese sentido, ¿se sienten ganadores en este gallito legislativo?
- Creo que cuando la política trata de buscar en código parlamentario o político, ganadores o perdedores, la que pierde es la gente. Llegar a un acuerdo siempre importante para darle estabilidad al sistema. Leo ahora que algunas isapres están reclamando por esto y creo que es el momento que todos, incluyéndolas, porque también son responsables de las situaciones que han ocurrido en esta materia en los últimos 14 años, donde se han opuesto en su momento a cambios que eran importantes para el sistema, tenemos una responsabilidad importante, como te decía, la Corte Suprema, una responsabilidad muy relevante de los poderes ejecutivos, no solamente de este Gobierno, sino también de los gobiernos anteriores y del Parlamento, que ha sido incapaz de legislar.
- En el oficialismo muchos hicieron hincapié en que con esta solución finalmente se está aplicando la subsidiariedad, como concepto. ¿Comparte esa mirada?
- Estoy absolutamente en desacuerdo, porque no aplicar una solución o no aplicar lo que ellos denominan un perdonazo, tiene bonita retórica cuando tú tratas de hacerlo en lógica de lucha de clases o la retórica contra los, comillas, abusadores. Pero, al final, la caída de una isapre o de varias isapres podía significar que una deuda que se aspira a que se pague, no se pagará nunca, porque cuando una institución quiebra no paga sus deudas. Y, en segundo término, que es lo más grave, personas que tienen tratamientos vigentes hubiesen tenido discontinuidad de esos tratamientos, porque son el último eslabón de la cadena, e incluso terminar falleciendo. El exministro Mañalich calculó que el potencial riesgo de no tener una solución en esta materia era de hasta 40 mil vidas. O sea, acá cuando se legisla sobre temas económicos, extracción de recursos naturales, educación, pensiones, siempre hay un componente social económico importante, pero acá el componente social es sinónimo de vidas. Y eso es lo que había que tener en consideración para buscar una solución.
- Otro argumento de la oposición fue que la deuda se va a con la misma plata de los afiliados, que les va a entrar por un bolsillo y salir por el otro. ¿Por qué no sería así?
- Porque el sistema funciona con financiamiento privado y, por tanto, es cierto que quienes financian sus propias coberturas son los afiliados al sistema. Eso es real. Pero no haber generado las condiciones de pago, el plazo, el pronto pago, hubiese significado mucho peores consecuencias para los usuarios del sistema. Y, en la parte económica, que también era relevante, eran deudas que no se pagaban, porque
- Si los afiliados financian su cobertura…
- Eso es parte del funcionamiento del sistema, son los afiliados con su 7% y las coberturas adicionales quienes financian el sistema. Lo que se está haciendo es que el sistema tenga un tiempo determinado para pagar esa cobertura, que no es inmediato, porque cuando la deuda superaba en tres veces el patrimonio del total de la industria, lo que iba a significar eso, de no haber buscado una solución, era la quiebra de esas instituciones. Y eso tenía dos consecuencias adicionales, no se paga la deuda y enfermos que están enfermos, enfermaban más o fallecían.
- ¿Qué tanto sirve esta solución si, por ejemplo, se aumentaron los años para el pago de la deuda?
- Sirve, porque no había pago posible de deuda si es que las instituciones quebraban; y sirve porque hay continuidad de la cobertura que prestan las isapres hoy día al eslabón más débil, pero más importante de la cadena, que son las personas. Uno no puede olvidar que de las isapres cuelgan hospitales, laboratorios, los propios médicos.
- ¿Comparte los reclamos de las isapres?
- Las isapres son parte de los responsables de este problema. Acá hay dos grandes responsables, que son las propias aseguradoras y el Estado de Chile, sus tres poderes. Una Corte Suprema con un descritero importante a la hora de fallar con efectos generales; un Legislativo que lleva 14 años con un fallo del Tribunal Constitucional que lo obliga a tomarse en serio este asunto; y, tres o cuatro ejecutivos, con este, que han pasado con este tema en sus narices. Y la discusión ideológica de tener un seguro único que está plasmada en el programa de Gobierno, versus la discusión la libertad de elección o la integración público-privada eficiente en la que nosotros creemos, ha estado en colisión permanente. Es momento de cerrar eso e ir tomando decisiones y lo bueno de esta solución que se plantea con la aprobación de este proyecto de ley, es que hay un horizonte de plazo para eso.
- ¿Cuál?
- Octubre de este año. Hay una obligación del Gobierno de presentar un proyecto de ley, que nosotros esperamos que zanjándose estas pulsiones, particularmente en la izquierda, que están plasmadas no en un programa de ciencia ficción o en la campaña del terror de la oposición, sino que en lo que se establece en el programa de Gobierno de quienes hoy día legítima y democráticamente nos gobiernan, que es el fin de las aseguradoras privadas y el monopolio estatal en salud; bueno, esperamos que esa idea sea dejada de lado.
Justicia y políticas públicas
- A propósito de eso mismo, ¿es una buena señal que se haya aprobado este proyecto y que el Gobierno lo haya impulsado y defendido con tanta fuerza?
- Creo que el Gobierno choca con la realidad en esta materia. La instauración de un monopolio estatal en el aseguramiento de la salud hubiese significado la pérdida de vidas. Y, claro, en Chile hoy día estamos pagando en la mala educación de nuestra juventud, una mala reforma educacional y es grave, pero es más grave que se pierdan vidas por una mala política pública. Creo que el Gobierno ha entendido en parte eso. Y esperamos que de aquí a la discusión que se va a iniciar con la presentación del proyecto en octubre, tengamos los consensos suficientes para sacar adelante una reforma que ponga fin a la discriminación de nuestro sistema de salud, que dé libre movilidad a los usuarios, que haya un fondo de compensación de riesgo, que haya un plan universal que sea asimilable tanto en Fonasa como en las aseguradoras privadas, que creemos que es parte de la solución que se tiene que poner en octubre.
- ¿Esa sería la solución al problema de fondo, que es la crisis del sistema de salud?
- Sí, con el componente adicional que hay muchas situaciones que tenemos que ser capaces de regular en forma adecuada.
- ¿Cuáles, además?
- Las licencias médicas son un desangramiento permanente del financiamiento del sistema; tenemos que tomarnos en serio las situaciones que ocurren con el fraude de licencias médicas y mal uso de las mismas. Tenemos que entender que la justicia no puede, por un derecho tan relevante como es la vida, hacer políticas públicas o legislar a través de sus fallos judiciales. Y eso no es sólo en este tema en particular de las isapres, sino que también enfermedades de alto costo. O sea, necesitamos políticas públicas que (operen) con la lógica con la que funcionó en su momento (con) la pandemia del Coronavirus. Creo que ese es el mejor ejemplo, donde la integración público-privada funcionó. Esa integración público-privada que se vio durante la pandemia, donde se aplicaron criterios de solidaridad también al sistema privado, fue lo que permitió que Chile fuera de los mejores países en el mundo en el combate de la pandemia. Eso es algo reconocido internacionalmente. Ese espíritu es algo que tenemos que ser capaces de reflotar de cara a la discusión en materia de la reforma a la salud.
- A propósito del espíritu, en su intervención el día de la votación, el senador Lagos Weber invitaba a la oposición a abrirse a llegar a acuerdos en otros temas tanto o más complejos como este, como son la reforma en pensiones y el pacto fiscal. ¿Más que voluntad, existe disposición de concretar acuerdos en esas materias?
- Si el Gobierno deja de lado sus pulsiones ideológicas -acá tuvo que dejar de lado algo que está establecido en su programa de Gobierno que era el monopolio estatal en materia de salud-, en materia de pensiones, si el Gobierno deja de lado la lógica del estatismo en las pensiones y la pérdida de la libertad de elección de las personas, yo no considero que sea tan difícil llegar a un acuerdo, pero depende más de ellos que de nosotros.
- ¿Y en el Pacto Fiscal, cumplimiento tributario, que es lo que tienen más cerca porque está en tramitación?
- En el Pacto Fiscal, me pasa que en el momento que está viviendo el mundo, no sólo Chile, creo que resulta una contradicción vital subir los impuestos. No me parece que sea algo que converse con el momento económico que vive el país. Hay materias que están incorporadas en el fast track económico, particularmente las que dicen relación con la agilización de inversiones, en las cuales nosotros, por cierto, vamos a tener acuerdos. Hay muchos temas donde se pueden construir acuerdos, pero no para subir impuestos y no para generar pérdida de libertad de elección y de lo que significa la propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos.
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