El guiño de Santana (PS) a Cuello (PC) que reflota el debate sobre la subcontratación en empresas estratégicas

El mismo acuerdo administrativo que cubre la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, según el cual correspondería al Partido Comunista llegar a la testera este año legislativo, rige para las presidencias de las comisiones, por lo que si no se respeta para la primera, también podrían variar las otras. Pero en principio, el actual presidente de la Comisión de Trabajo, el socialista Juan Santana debe entregarle la posta a su par comunista Luis Cuello, a quien le corresponde encabezar la instancia durante 2024.

Todo indica que superada la tensa y accidentada tramitación de la reforma de pensiones, cuya discusión se radicó ahora en el Senado, había que retomar la agenda de la comisión con otras materias que estuvieron relegadas al olvido por largo tiempo. Así las cosas, un proyecto que desempolvó Santana encendió las alarmas en la oposición, que consideró además que el actual presidente de la instancia  con ello le está haciendo un guiño a su sucesor.

Se trata de la iniciativa que modifica el Código del Trabajo para prohibir la subcontratación en empresas de carácter estratégico. Su autor Luis Cuello la ingresó el 18 de mayo de 2022 y luego de que fuera enviado a la comisión no se había mostrado ninguna señal de querer tramitarla… Esto hasta el martes recién pasado, pues esa jornada legislativa sorpresivamente estaba en primer lugar de la tabla de la comisión.

Si bien Cuello es el autor de la iniciativa, la suscribieron varios diputados de su sector, abarcando incluso hasta el Socialismo Democrático. Entre los patrocinantes de la propuestas hay legisladores del PC, el Frente Amplio, más la diputada del Partido Socialista (PS) Daniella Cicardini y el independiente en la bancada del Partido por la Democracia (PPD) Héctor Ulloa, además del propio Santana.

Proyecto

No obstante, aunque el actual presidente lo rescató y lo puso en tabla, se debió postergar  nuevamente el inicio de la tramitación, porque el diputado Cuello no pudo llegar a la presentación de la iniciativa, por lo que se retomará la próxima semana. Sin embargo, desde ya parece que la iniciativa no tiene buen pronóstico, porque la oposición lo descarta de plano e incluso en el Socialismo Democrático algunos admiten en privado que “no tiene piso”.

La idea matriz del proyecto establece “una excepción al régimen de subcontratación en las empresas consideradas estratégicas, con el objeto de uniformar derechos y beneficios de los trabajadoras y trabajadores que laboran actualmente bajo ese régimen y que cumplen iguales funciones que los trabajadores contratados directamente”.

Y su artículo único modifica el Código del Trabajo, añadiendo a continuación del artículo 183 letra E un 183 E bis que establece que “no obstante, no le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 183 A a 183 E a las empresas que hace referencia el artículo 362 de este Código. Por tanto, los empleadores de estas empresas deberán contratar, en todos los casos, directamente a sus trabajadoras y trabajadores”.

Y ofrece una largo listado de empresas que serían afectadas por la iniciativa en los ámbitos de servicios sanitarios, eléctricos y de gas y combustible.

“Discusión de larga data”

De cualquier modo, Santana explica que si no se había puesto en tabla antes no fue por falta de interés, sino por la apretada agenda de la comisión, no sólo por la reforma de pensiones a al que se le dio prioridad, sino que antes las 40 horas y teletrabajo, entre otros. Pero que si lo reflotó es porque la discusión acerca de la subcontratación es de larga data en Chile y que “cuestiona la forma de contrato a la que están expuestos miles de trabajadores”.

Según  el diputado socialista las empresas estratégicas cumplen una “labor fundamental para el país”, pero lo que busca es que los contratos de los trabajadores que cumplen funciones en estas empresas “sean buenos contratos que permitan garantizar que estas funciones estén realizándose en los mejores términos”, porque si son  frágiles –añade- se expone a la población.

Si bien opina que la oposición ha tenido una “postura muy rígida” en los algunos temas, tiene la convicción de que el hecho de que ese sector se oponga no puede inhibir al oficialismo “de discutir una materia que, como lo dije antes, no es una discusión que se nos haya ocurrido a nosotros, sino es de larga data en Chile”.

Por su parte, el autor de la propuesta aclaró que decidió presentarla a partir de una serie de conversaciones con sindicatos de empresas estratégicas y con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en las que identificaron una “debilidad”, que dice relación con que “muchas grandes empresas que prestan servicios como servicios básicos, que son importantes para la ciudadanía, su porcentaje de subcontratación es bastante elevado”.

Ello, desde el punto de vista de Cuello tiene una serie de implicancias, como el hecho de que “es utilizado como una herramienta para precarizar a los trabajadores, para pagar menos salarios, para temer peores condiciones laborales; pero también significa un perjuicio para los usuarios de servicios públicos, en términos de canales de información, de reclamos o de solucionar emergencias”. Para el diputado oficialista es necesario discutir el tema, pero enfatiza que no quiere hacerse un prejuicio respecto de la postura de la oposición sobre el tema.

Negativa de la oposición

Sin embargo, el actual jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), que además integra la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, entregó una idea acerca de la mirada que su sector tiene hacia el proyecto y no es nada prometedora para las aspiraciones del oficialismo. “Me parece un mal proyecto, derechamente”, es la primera reacción del diputado. Porque desde su punto de vista, “la subcontratación es una forma de hacer mucho más eficiente a las empresas no sólo privadas, sino públicas”.

Lo otro que le preocupa es que un proyecto de esta índole “implicaría tener un tremendo Estado que siga creciendo en la contratación de más trabajadores”, en alusión específicamente a las empresas públicas. Si bien admitió que es un proyecto “muy bien intencionado”, hay que mirarlo con mucha detención, porque “no puede ser un principio que aplique a todas las empresas, porque todas pueden ser estratégicas”.