En el marco de los denominados Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) que contempla la Ley Lafkenche, este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero del Gobierno Regional de Aysén votará la solicitud de concesión de más de 600 mil hectáreas marinas a comunidades indígenas, a lo que se oponen distintos sectores.

Entre ellos se encuentra el diputado por la zona Miguel Ángel Calisto, quien espera que la solicitud sea rechazada y emplazó a la gobernadora de la región, Andrea Macías Palma, a que se manifieste claramente sobre “la importancia del desarrollo productivo, entendiendo que el mar es de todos los ayseninos”.

Según Calisto “el litoral de Aysén, en estos momentos, está en una situación peligrosa. Existe una solicitud de 622 mil hectáreas de concesiones para uso de borde costero, a través de la denominada Ley Lafkenche, para 38 personas de dos sindicatos. Nos parece que esto es un riesgo, particularmente para el desarrollo de la región”.

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Desde el punto de vista del diputado “no se le puede entregar en concesión esa cantidad de hectáreas a tan pocas personas, es una desproporción”, pues es necesario entender las actividades productivas que se realizan en el litoral, añadió, detallando que la pesca artesanal es la más afectada; pero también lo será la industria salmonera, “que aporta el 25% del PIB a la Región de Aysén. Este es un motor económico que no podemos soltar, tomando en cuenta la fragilidad económica de la región”, advirtió el parlamentario.

Adicionalmente a lo dicho, Calisto explicó que en la zona existe una “gran riqueza” de la industria bentónica, que ha permitido que la región de Aysén se muestre en el mundo con recursos tan importantes como la luga roja, el loco y el erizo.