Por Rodolfo Carrasco M.
En el marco de la discusión de la partida del Tesoro Público, hoy la oposición insistirá en pedir elevar el monto del Fondo de Libre Disponibilidad para el futuro gobierno debido a que consideran que los US$ 600 millones que contempla el erario 2014 no son suficientes.
El senador Andrés Zaldívar y el diputado Pablo Lorenzini, ambos DC, pedirán un trato equivalente a lo que pasó en 2010 cuando se dejó a la administración de Sebastián Piñera, US$ 500 millones que equivalen al 1,1% del presupuesto de ese año. Por ello, piden que el mismo porcentaje sea considerado, lo que implica elevar a US$ 700 millones el monto ofrecido por la actual administración.
Todo indica que, en definitiva, el tema será zanjado en la comisión mixta que parte el 19 de noviembre y dependiendo del resultado de las elecciones tanto a nivel presidencial como parlamentario las posturas se reforzarán. A eso hay que sumar que en la Nueva Mayoría señalan que las 50 medidas para los primeros 100 días de un eventual gobierno de Michelle Bachelet, tiene un costo de
US$ 700 millones y por lo mismo, exigirán poder llegar a esa cifra.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvo que “el gobierno ha dejado un monto de libre disponibilidad de US$ 600 millones, es un aumento de 33% en relación a lo que nos dejaron a nosotros, y nos parece que es un monto absolutamente razonable para las necesidades de un nuevo gobierno, cualquiera que sea. Me parece que esta crítica es más bien una táctica política de campaña, porque en privado todo el mundo reconoce que ese es un monto suficiente”, dejando claro que será difícil elevar la cifra.
En tanto, en la discusión en las subcomisiones, la glosa relativa a fondos presupuestarios para Conadi fue objetada por la oposición que pide mayores recursos para las becas indígenas y será resuelta en sala de comisión mixta al regreso de las elecciones. Además, el senador Eugenio Tuma (PPD) quien preside la subcomisión, apuntó a que no se contemplan recursos para aplicar la consulta indígena a la que obliga el Convenio 169 de la OIT.