Por R. Carrasco
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, informó que el gobierno repondrá en el Senado la norma que establece que el alza del reajuste al ingreso mínimo desde los
$ 193 mil hasta $ 210 mil no es con efecto retroactivo y debe regir desde el mes de publicación de la iniciativa en el Diario Oficial.
De esta forma, el Ejecutivo busca revertir la aprobación de la indicación respaldada por la oposición y parte de RN que establece que el pago del reajuste será de forma retroactiva desde julio de 2013. Independiente de lo que ocurra en el Senado, el diputado Ernesto Silva (UDI) anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar dicha norma.
Larroulet sostuvo que la norma aprobada en la Cámara de Diputados “es inconstitucional, porque no se le puede imponer al sector privado una carga con efecto retroactivo. La claridad desde el punto de vista constitucional es total. El Ejecutivo va a seguir con su proyecto como fue presentado en la Cámara objetando la retroactividad”.
Comisión de Hacienda
El Senado tiene previsto analizar hoy en la mañana en comisión de Hacienda el proyecto y por la tarde que la sala de la Cámara Alta analice y someta a votación la normativa que eleva de
$ 193 mil a $ 210 mil el sueldo mínimo para los trabajadores entre 18 y 65 años lo que implica un reajuste nominal del 8,8% y si toma en consideración la inflación de mayo de 2012 a mayo de 2013 el reajuste alcanza a la cifra de 7,9%.
LyD: costaría us$ 7 millones
Un costo de US$ 7 millones tendría para las empresas con menos de 50 trabajadores la indicación que busca que el reajuste del salario mínimo a $ 210.000 comience a regir a partir del 1 de julio, teniendo así efecto retroactivo -como ha sido tradicionalmente- según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD). Esto, de acuerdo al centro de estudios, porque se estima que el 47% de los 300 mil trabajadores formales que trabajan más de 30 horas por semana y que ganan el salario mínimo trabajan en empresas con ese número o menos de empleados, significando un alza del costo por trabajador (considerando leyes sociales y gratificaciones) de aproximadamente $ 23.000. "A esto habría que sumar, además, qué pasaría con todos aquellos finiquitos suscritos durante el mes de julio cuya remuneración por la relación laboral sea el sueldo mínimo o se calcule sobre la base de éste", sostiene el estudio.
LyD sostiene que es un error plantear como fundamento la necesidad que el reajuste "dure los 12 meses" porque se trata de "un proyecto de ley permanente y no temporal como sería el caso, por ejemplo, de la ley de presupuesto. Así, el reajuste se mantiene vigente mientras no se presente un nuevo reajuste (...) en la ley de 19.564 de 1998 se estableció el reajuste para 1999, 2000 y 2001 así como en 2005 la ley 20.039 estableció el reajuste para 2006 y 2007".