En manos del SII está la decisión de si continúa la investigación por la arista política del caso Penta, según se desprende de las aclaraciones que hizo ayer el fiscal Carlos Gajardo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. El personero precisó que dicho organismo era el encargado de hacer las denuncias sobre eventuales irregularidades en el financimiento de campañas políticas por parte del grupo empresarial a que él investiga por el fraude al FUT.
Junto con establecer que se trata de casos del año 2013 y no de campañas anteriores como se había informado, Gajardo reconoció que “hay hallazgos de una investigación de conductas que podrían ser constitutivas de delito”.
Si bien no quiso pronunciarse explícitamente sobre la existencia de una arista política del caso, explicó que las indagatorias en esa línea dependen de la decisión del SII, respecto a lo cual afirmó que “es necesario que haga uso de sus facultades”.
Este tema adquirió connotación a raíz de que apareciera involucrado el senador UDI Iván Moreira, por supuestos pagos de Penta a su chofer, el que declaró ante el fiscal.
Una situación que generó inquietud en las filas del partido que preside el diputado Ernesto Silva, quien el pasado lunes tras reunirse con la directiva de la colectividad y luego de haber recabado una serie de informaciones, salió a enfrentar el caso descartando irregularidades de parte de parlamentarios o candidatos de la UDI, decidiendo no hacerse cargo de las acusaciaones de las cuales no tienen conocimiento oficial.
Ello en referencia a que efectivamente y como reconoció ayer el fiscal, no ha existido hasta ahora una investigación que pueda confirmar la existencia de una arista política en este caso.
De acuerdo a distintos trascendidos, SII tomaría una decisión respecto de si hace denuncias por este tema, este fin de semana. Se trata de una decisión en la que estaría presente el factor político, no sólo por las implicancias que una investigación sobre posibles irregularidades en el financiamiento empresarial de campañas tendría para la UDI, sino que para todos los sectores, incluída la Nueva Mayoría.
Congreso
En medio de este episodio, en el Congreso se instaló el debate respecto a la necesidad de perfeccionar la norma que regula el financiamiento de la política, con opiniones coincidentes respecto a que hay que transparentar la ley, aunque no necesariamente ello pase por eliminar los aportes de las empresas a las campañas.
De ahí la relevancia de las indicaciones aprobadas durante la tramitación del proyecto que cambia el binominal en la Cámara Baja, presentadas por los diputados independientes Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson y que apuntan, por un lado, a prohíbir las donaciones de las empresas a las campañas políticas y, por otra, a que no se permitan los aportes reservados.
Un tema donde no hay consenso, mientras algunos legisladores reconocen que dado que los partidos no tienen financiamiento, el aporte de las empresas es necesario, otro grupo de senadores, entre ellos el PS Carlos Montes están de acuerdo en la forma y el fondo de las polémicas indicaciones.