Levantada la reserva de acceso a la carpeta que contiene la investigación del caso Penta, lo que hasta hace una semana eran sólo filtraciones pasaron a convertirse en acusaciones más concretas en contra de algunos candidatos que recibieron aportes del grupo y que a cambio habrían entregado boletas o facturas por trabajos no realizados, las que la Fiscalía ha calificado como "ideológicamente falsas". De ahí que tanto en la UDI, el partido más afectado, como Fuerza Pública (FP), por Andrés Velasco, y la Nueva Mayoría (NM), por el ministro Alberto Undurraga (DC), comenzaron no sólo una fuerte defensa comunicacional, sino también a barajar los escenarios judiciales que podrían afectar a los eventuales involucrados y por añadidura a los grupos políticos que los cobijan.
Así tras la apertura del proceso, el nerviosismo se ha vuelto a instalar en las filas gremialistas. El discurso sigue siendo el mismo que los máximos dirigentes del partido instalaron desde el inicio de la investigación: que el problema que afecta al financiamiento de las campañas, que habría dado origen a la famosa arista política es "transversal" y que, por lo tanto, debe abordarse desde esa óptica. El elemento adicional es que, según han sostenido sus más altos representantes, los candidatos mencionados podrían haber cometido "errores", pero en ningún caso delitos, ya que actuaron "de buena fe".
De hecho, la postura de la UDI se resume en la frase de su timonel Ernesto Silva quien señaló este lunes que "confiamos y respetamos plenamente el actuar de nuestras instituciones, esperamos que se pueda desarrollar adecuadamente, dentro de un proceso justo. No donde pueda haber hipocresía de querer apuntar con el dedo a un sector político, cuando puede haber prácticas generalizadas que corresponde a vacíos de la ley y que pueden ser mejorados si se trabaja en conjunto". Pero también se lamentó acerca de que "durante semanas y meses, acá ha habido una especie de juicio público sin que se haya dado un proceso adecuado".
A partir de este estado de ánimo, Silva optó por presionar al Ministerio Público instándolo a demostrar "si lo que va a haber acá es un foco en un partido político o se va a dar un juicio justo". Sin embargo, en el partido aseguran que no habrá defensa corporativa y que cada uno de los mencionados se está haciendo asesorar por algún abogado personal. Se dice, por ejemplo, que el senador Iván Moreira sería asesorado por Gabriel Zaliasnik, mientras que su par Ena von Baer habría contactado al abogado Jorge Balmaceda.
En todo caso, en la tienda se barajan toda clase de escenarios. Pero existe una especie de consenso en torno a que cualquier delito que se perfile en el caso Penta sería tributario y afectaría directamente a quienes emitieron las boletas o facturas, y como máximo se le podría atribuir a los candidatos el delito de autoría mediata, algo así como complicidad.
Una de las tesis que también se ha conversado es que Gajardo opte por hacer un cruce entre el aporte y las votaciones en el Congreso para tratar de configurar una "figura conspirativa". Pero lo más probable y que dan casi por hecho en el gremialismo es que una "salida alternativa", que sería aceptar los hechos y devolver el dinero.
Mientras que este lunes en la tarde uno de los socios controladores de Penta, Carlos Alberto Délano declaró en la Fiscalía voluntariamente y como imputado, según explicó su abogado, Julián López. Hoy lo haría Carlos Eugenio Lavín.
Velasco descartó "total y completamente" haber recibido aportes
El ex candidato presidencial y fundador del movimiento Fuerza Pública (FP) también es mencionado en la carpeta del caso Penta, aunque él insiste en que su relación con el grupo fue solamente "profesional" y que las facturas emitidas corresponden a asesorías realizadas.
A diferencia de otros mencionados en el proceso, este lunes el ex presidenciable decidió abordar el tema y consultado directamente acerca del hecho de que el ex ejecutivo de Penta Hugo Bravo haya declarado que los pagos a su consultora (Cactus) constituían aportes a su campaña, respondió que "cuando las personas están siendo parte de un proceso judicial hacen declaraciones que son de su propia responsabilidad y son, además, para su propio beneficio".
Así Velasco reiteró lo que ha venido sosteniendo desde que se le involucró en el caso, subrayando que fue remunerado por "un servicio prestado". Y explicó que su presencia en el edificio del grupo Penta "confirma que se trata de un servicio prestado, de una exposición hecha ante los principales ejecutivos de la empresa", descartando "total y completamente" haber recibido aportes de Penta para su campaña.
Sus entorno más cercano, como Sebastián Sichel -director ejecutivo de FP- y Juan José Santa Cruz, salieron a ratificar la inocencia del ex abanderado. Este último incluso aseguró conocer directamente los antecedentes, confirmando que Velasco "prestó un servicio, fue en las oficinas de Penta, una charla, un almuerzo de más de dos horas. Y por eso cobró".
Cercanos al ex abanderado -cuyo abogado es el penalista Manuel Garrido- aseguran que éste está "tranquilo", porque además con la entrega de la contabilidad de la consultora se confirma que no hay ninguna forma de vincular que el pago tenía como destino el financiamiento de la campaña y porque en la denuncia del Servicio de Impuetos Internos no se apunta a la figura del ex ministro.
NM respalda a Undurraga y pide dejar actuar a la Justicia
Por V. H Moreno
"Dejar actuar a la justicia sin presiones y sin prejuicios". La frase es de autoría del vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, y ha sido ocupada cada vez que le consultan sobre el Caso Penta. Esa tesis fue compartida ayer en Palacio en el tradicional comité político de los días lunes. Así, casi al fin de la reunión el tema fue puesto sobre la mesa y cada uno dio su opinión, incluído el asesor comunicacional del gobierno, Robinson Pérez, quien expuso que se debía continuar con este discurso y no apuntar a nadie en particular, en especial a la UDI, como responsables de algún delito, sin que éste no haya sido debidamente comprobado por la Justicia. Y dentro de esa estrategia, apuntan varios timoneles de partido, está el no caer en la teoría del "empate", con la tienda gremialista, al estar en el "ojo del huracán" un ministro del gabinete, el titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga. En esa línea, la defensa que tiene el secretario de Estado es que la investigación no lo atañe dentro del marco de las campañas políticas y que los servicios de la fundación Ciudad Justa sí fueron prestados, y que las facturas fueron emitidas en 2014 por lo que aún no han sido rendidas ni declaradas, ya que el año contable se cierra en abril de 2015.
En ese aspecto, desde el oficialismo no quieren ensañarse con la UDI, y más bien pretenden enfocar los esfuerzos en llevar adelante la ley de financiamiento de la política que empezará a tramitar en el gobierno. Sin embargo, también hay timoneles que creen que el Caso Penta, en algún momento también puede alcanzar a la NM, siguiendo la tesis del "caiga quien caiga".
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, y único querellante del oficialismo en el caso del fraude al FUT, señaló que "de la investigación que hemos hecho, en el caso de la fundación Ciudad Justa, los servicios fueron prestados". Además, anunció que dado los nuevos antecedentes esta semana probablemente ampliarán la querella.
citan a administradora electoral de bachelet
Finalmente la comisión investigadora conjunta de Penta y Campañas Electorales decidió invitar a la próxima sesión, del lunes 12 de enero, a la administradora electoral de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, Ana María Lagos; además del ex ministro de Minería Hernán De Solminihac, y el ex subsecretario de la cartera Pablo Wagner. Más adelante se definirá la invitación a los parlamentarios mencionados en el caso Penta.
En otra arista del caso, el PS anunció la ampliación de la querella por cohecho agravado y faltas a la probidad administrativa, presentada hace unas semanas, a soborno y lavado de dinero.