Aduanas arremete: categorizará a operadores de comercio según su riesgo tributario

La reforma tributaria dotó de una serie de nuevas atribuciones al Servicio Nacional de Aduanas para la fiscalización del correcto pago de impuestos en las operaciones internacionales que involucran al país, siendo una de las principales la disponibilidad de mayores recursos –tanto humanos como financieros- para abordar la fiscalización a posteriori de los actores ligados al comercio exterior. Es decir, que puedan ser fiscalizados una vez ya realizadas las operaciones en las que están involucrados.

En 2015 la entidad hoy liderada por Claudio Sepúlveda implementó un plan especial de fiscalización a los operadores de comercio exterior, el cual ya está comenzando a dar frutos: entre ese año y agosto de 2017, el organismo ha realizado alrededor de 100 auditorías “integrales” a operadores de comercio exterior, a partir de lo cual ha presentado más de 1.200 denuncias reglamentarias y penales ante el Ministerio Público por infracciones a la normativa aduanera.

De esta manera, el servicio ha generado cargos –diferencias entre los derechos aduaneros efectivos y los declarados por el operador- por montos cercanos al millón de dólares.

En esta línea, el organismo aplicará una innovación y comenzará a categorizar a las empresas de comercio exterior sobre la base de su grado de cumplimiento tributario.

El subdirector de Fiscalización de Aduanas, Javier Uribe, explica que la idea es replicar el modelo del Servicio de Impuestos Internos (SII), en la línea de segmentar a los contribuyentes entre niveles de potencial incumplimiento, en categorías como “alto, medio y bajo” riesgo de no cumplir con sus obligaciones impositivas.

“El servicio ha logrado importantes avances en la implementación de la estrategia de auditoría a empresas, que fiscaliza de forma selectiva e integral a las empresas que operan en el comercio exterior”, puntualiza el ejecutivo, quien detalla que se utilizan técnicas de análisis de riesgo y que se dividirán en dos a los grandes operadores.

En el primer grupo, denominado “grandes importadores”, se ubicarán las empresas que tramitaron destinaciones aduaneras de importación por un período de 24 meses y que representen en montos CIF (costos en el que incurre el vendedor, como seguros y fletes de transporte) el 80% del valor importado.

En el segundo grupo, definido como “grandes exportadores”, se incluyen a los contribuyentes que tramitaron destinaciones aduaneras de exportación en un período de 24 meses, que representen el 80% del valor exportado.

Cambiar conductas

Si bien las cifras, tanto de auditorías como de cargos, parecieran bajas, Uribe recalca que el objetivo del plan no es acumular denuncias contras las empresas, sino generar un cambio en la manera que tienen de operar.

“El programa de auditoría a posteriori a las grandes empresas del sector está en una fase de desarrollo, donde lo que se busca es que los operadores que presentan irregularidades cambien su comportamiento”, dice el ejecutivo (ver entrevista relacionada).

Así, enfatiza que el seguimiento de los resultados del proceso es un elemento “clave” para el análisis.

Zonas francas

Como parte de dicho plan integral, Aduanas ha puesto especial foco en las zonas francas, donde entre 2015 y 2017 ha generado cargos por más de US$ 248 millones en diferencias entre los inventarios declarados y los efectivos.

Trazabilidad minera: servicio presenta 5.300 denuncias desde 2015

A US$ 30.010 millones, un 50,1% de las exportaciones totales, ascendieron el año pasado los envíos de productos mineros desde Chile al exterior. Y consciente de la importancia de este sector, el Servicio Nacional de Aduanas ha implementado desde 2015 un plan especial de fiscalización para el rubro, que consta de un programa de control de exportaciones mineras (mediante la trazabilidad de los productos) que ya está generando resultados.

Según Aduanas, entre 2015 y 2017 ha presentado 5.306 denuncias infraccionales y 71 penales ante el Ministerio Público por diferencias entre la declaración de envío de las mercancías y el valor efectivo exportado fuera del país.

En el período, el fiscalizador ha realizado 20 auditorías al sector minero, con 234 supervisiones de embarques y el incremento en 567% de la cantidad de productos mineros -tanto metálicos como no metálicos- analizados, que pasó de 3 a 20 entre 2015 y 2017.

Con este programa, Aduanas busca realizar el seguimiento a los productos mineros en las distintas etapas desde su declaración hasta su salida efectiva del país, para establecer si los montos exportados fueron subestimados, evadiéndose potencialmente las obligaciones tributarias de las empresas.

"Este programa ha implicado ajustes, como la modificación en las normas aduaneras aplicables a la minería metálica y no metálico, el diseño y la aplicación de estrategias de muestreo para los principales productos mineros exportados y la contratación de recursos humanos especializados en el área minera", señala el subdirector de Fiscalización de Aduanas, Javier Uribe.

El organismo ha destinado más de $ 1.000 millones en inversión para fortalecer sus capacidades de análisis, instrumentos e infraestructura en el Laboratorio Químico del organismo para abordar las nuevas facultades.

De los US$ 30.010 millones exportados por el sector minero el año pasado, el 86% (US$ 25.909 millones) correspondió a envíos de cobre.

Los otros enfoques

Aduanas está inmerso en el diseño y ejecución de una serie de otros planes de fiscalización, en el marco de las mayores atribuciones que le confiere la reforma tributaria.

Desde 2015 inició un plan especial de fiscalización para controlar las exportaciones de litio, con el fin de "obtener una trazabilidad completa" de los envíos de este mineral.

Asimismo, el servicio fortalecerá la supervisión de las importaciones de productos agrícolas y de combustibles, este último siendo uno de los principales ítem ingresados al país.

"Necesitamos hacer revisiones más profundas a las empresas"

- ¿A qué responde este nuevo énfasis de fiscalización del servicio?

- En el marco de la reforma tributaria hemos recibido más recursos para desarrollar de forma más profunda la fiscalización a posteriori, en una lógica que está dentro de lo que recomienda la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estamos muy claros de que no podemos realizar todo en materia de fiscalización en puertos o puntos de salida del país. No todo se puede revisar en la línea, sino que tenemos la necesidad de hacer revisiones más profundas visitando a las empresas y revisando la documentación aduanera de las operaciones.

Lo que hacemos es fomentar ciertas líneas estratégicas asociadas a la reforma tributaria, que tienen que ver con gestionar mejor el riesgo y, por otra parte, generar una mayor cobertura de la fiscalización de manera más eficaz e inteligente.

- ¿Se estaban cometiendo muchos delitos en este segmento?

- Hoy tenemos una mayor especialización en cuanto a la contratación de personal que desarrolle auditorías y estamos muy preocupados no solo del ingreso de las mercancías, sino también de la salida. Y eso se logra a través de la trazabilidad. Lograr la trazabilidad completa de las operaciones es fundamental para nosotros y por eso estamos realizando auditorías integrales a los grandes operadores y levantando hojas de vida. Esperamos en 2018 tener complementamente levantada la información sobre el comportamiento tributario y aduanero de estos contribuyentes.

- ¿Qué se busca lograr con esto?

- Es una lógica muy similar a la que opera el Servicio de Impuestos Internos: hay que apuntar a quienes son muy malos, y a quienes son buenos ayudarlos a cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Eso qué ha significado? Comenzar a categorizar a los operadores de comercio exterior y hacer un levantamiento de cuáles son sus comportamientos en distintas áreas. Luego de eso, priorizamos.

- Las cifras de denuncias y cargos no son particularmente altas en este segmento.

- Hoy estamos preocupados de medir la efectividad de nuestros resultados. La reforma busca aumentar la recaudación y reducir la evasión. Eso no solo lo medimos en levantar cargos, sino también respecto de si la empresa cambia su comportamiento tributario.