Luego de 14 años de discusión, la normativa que rige al sector de seguridad privada tendrá una regulación especial y detallada, gracias al proyecto de ley que está ad portas de ser despachado desde el Congreso.
La normativa que regula guardias de centros comerciales, transporte de valores y bancos, entre otros rubros, fue aprobada en gran parte por el Parlamento y solo fueron enviados a comisión mixta cuatro artículos, por lo cual desde la Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD) esperan que durante diciembre el texto sea definitivamente despachado desde el Congreso.
En general, la propuesta entrega una nueva definición de empresas de seguridad privada. Establece que son aquellas que tienen por objeto suministrar bienes o prestar servicios para la protección de personas, bienes y procesos productivos en determinadas actividades. Sólo podrán actuar con este fin aquellas autorizadas por la SPD. Para esto, deberán cumplir con una serie de requisitos, como contar con personalidad jurídica de derecho privado.
Esta ley marco va a regular una industria que mueve cerca de US$ 500 millones al año, y que en términos del personal que se ve involucrado, supera en cuatro veces el número actual de funcionarios de Carabineros en ejercicio.
Se cambió la definición de transporte de valores y sus actividades vinculadas. La norma lo define como la custodia y traslado de valores de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional y que sólo podrá realizarse por empresas autorizadas por la SPD.
También, incluye normas para las empresas de seguridad electrónica, que son definidas como aquellas que tienen por objeto la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos con fines privados conectados a centrales receptoras de alarmas y videovigilancia.
La norma se hace cargo de establecer lineamientos para la seguridad privada en eventos masivos. El objetivo es evitar riegos para la integridad de las y los asistentes o los bienes, junto con alteraciones a la seguridad y orden público.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explica a Diario Financiero que la norma permitirá en general contar con actores de seguridad, ya sean trabajadores o empresas, con mayores capacidades de las que tienen hoy. "Esta ley fija el estándar a la par de los más altos a nivel mundial, finalmente podremos avanzar en la especialización de los guardias, podrá contar con mejores implementos adaptados a las actividades que realice”.
Destaca que los guardias “contarán con cámaras corporales cuando sea adecuado y tanto ellos como las empresas tendrán el deber de denuncia dentro de 24 horas, como también conservar y poner a disposición las pruebas pertinentes. Todo esto para ampliar y mejorar la información disponible para llevar adelante procesos posteriores”.
Cámaras corporales
Un cambio relevante es que la ley determina que los guardias privados deberán portar cámaras corporales. Esto es, la seguridad privada que tiene autorización para portar armas de fuego, que deberán contar con sistemas de registro audiovisual durante el ejercicio de sus funciones en los casos, forma y periodicidad que determine el reglamento que se dictará después de que se apruebe la ley.
Lo anterior también aplicará para los guardias de seguridad privada que no tienen autorización para portar armas de fuego, que sean clasificados para enfrentar un nivel de riesgo alto.
El plazo de entrada en vigencia para los sistemas de registro audiovisual corporales es de seis meses después de la publicación del último de sus reglamentos complementarios.
Malls y transporte de valores
Los centros comerciales pueden optar a nuevas medidas de seguridad.
Además, si bien antes el estándar de entidad obligada se fijaba en la disponibilidad de dinero en efectivo, ahora se determina por una serie de otros factores de riesgo, como el tipo de actividad, la ubicación del establecimiento, el valor o peligrosidad de la mercadería, la concurrencia de público, entre otras.
En el caso del transporte de valores y bancos, se moderniza todo el proceso de certificación y con la nueva flexibilidad y adaptación de las entidades obligadas, las capacidades estarán más cercanas a su realidad para que puedan ejercer tareas de forma más efectiva.
Eventos masivos
También, la ley regular los derechos y deberes de asistentes y organizadores a eventos masivos.
Se establecen los criterios mínimos para el plan de seguridad del evento y se establecen normas de responsabilidad civil de organizadores y productores.
Esta es una de las grandes innovaciones del proyecto, ya que actualmente no existe una norma de rango legal de aplicación general, que regule este tipo de eventos, pese a los riesgos para la seguridad pública que muchas veces genera su realización. Podrán además contar con guardias de seguridad especializados en conciertos o eventos masivos de índole deportivos.
Cifras del sector
Esta ley marco, según el Ejecutivo, va a regular una industria que mueve cerca de US$ 500 millones al año, y que en términos del personal que se ve involucrado, supera en cuatro veces el número actual de funcionarios de Carabineros en ejercicio.
En ese sentido, se debe tener en cuenta que, a 2022, la cantidad de personas naturales acreditadas -pendientes, vencidos y al día- como seguridad privada son 264.535 individuos. A su vez, la cantidad de empresas acreditadas son 2.609 hasta el año pasado.
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