Por Bárbara Gutiérrez P.
Desde su cargo como director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), Carlos Williamson conoció por primera vez, la experiencia de trabajar en el sector público. Su balance es positivo: “En el sector público y especialmente en el gobierno central, que es el que conozco más de cerca, hay gente muy capaz, que ha trabajado aquí por mucho tiempo, lo que revela que en nuestro país hemos construido un Estado con ciertas características que permiten pensar que existe la potencialidad para moverse rápido por lo que cualquier avance modernizador será bien recibido”.
Esto se explica, a su juicio, “porque en las últimas dos décadas ha habido interés porque la gente que se vaya incorporando sea de manera meritoria, también hay movimientos políticos pero para ser sincero, son los menos. Esto sólo se puede confirmar cuando uno no trabaja en el sector público, desde afuera existe el prejuicio de la ineficiencia”.
Williamson abandona el servicio el 11 de marzo porque su cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Sin embargo, para quienes no lo son y fueron seleccionados por proceso de ADP, su mensaje es claro: “Todos los ADP con contrato vigente, deberían mantenerse en sus cargos, ya que fueron seleccionados por concursos públicos y nunca estuvo en la letra o el espíritu de la Ley 19.882, que su cargo duraba hasta el término de un período presidencial. El gobierno de la presidenta Bachelet deberá pasar por el test de la blancura en cuanto a su coherencia con el discurso de mediados de 2010, cuando hubo muchas críticas al actual gobierno por las desvinculaciones. Hubo mucho debate en el Senado y ácidas críticas a las desvinculaciones, que no fueron menores. Además, hay que recordar que en agosto de ese año, a la salida de una reunión con el Presidente Piñera, Michele Bachelet expresó su preocupación por los despidos de directivos ADP”.
- ¿Qué corresponde hacer entonces, en estos casos?
- A mi juicio, corresponde hacer un esfuerzo por evaluar la calidad de la gestión de los directivos titulares, conocerlos, conversar con ellos, mirar sus convenios de desempeño, escuchar otras opiniones sobre su gestión y, desde luego, captar su motivación para trabajar en el nuevo gobierno que, por cierto, trae un plan estratégico diferente y, en consecuencia, la confianza en el directivo es pieza clave para el éxito del programa. Esto último es importante; la flexibilidad para remover es un aspecto virtuoso del sistema, lo que es un defecto es actuar arbitrariamente. Mi principal inquietud son las presiones político-partidistas para poner rápidamente alguien cercano a la nueva coalición y no tomarse un tiempo antes de decidir: actuar de manera precipitada o bajo la presión política le hace daño a la ADP.
- ¿Esto aplica también para aquellos que fueron seleccionados en principio por el Ejecutivo, luego pasaron a ser Provisionales y Transitorios (PyT) y luego ratificados, como el caso del director del INE?
- Todo ADP independiente de su origen, ya sea PyT o no pasaron por un proceso de selección y de mérito por lo tanto, ellos tienen las mismas características de un ADP común y corriente. De todas formas hay otros temas, cuando la nueva administración evalúe las características de la persona que puede en algunos casos, estar a cargo del diseño de políticas públicas y en vista del nuevo programa de gobierno, mas que el hecho de ser o no PyT, se evalue el rol que cumplió y si es que hay una diferencia muy grande entre la política pública que se venía aplicando y la que se pretende aplicar, más características personales, profesionales y de trayectoria, deberían llevar a tomar una decisión respecto de su continuidad o renuncia. Mi llamado apunta a ser muy responsable, a no tener prejuicios, como los pudo haber habido en el pasado, respecto a personas que cumplían bien su función pública y que sin siquiera evaluar por un tiempo, los removían y les pedían la renuncia. Espero que prime el criterio y que no tengamos ninguna razzia de desvinculaciones y se proceda con mucha cautela y prudencia. Le va a hacer bien a la alianza gobernante porque quien ya está en un cargo tiene una tremenda ventaja respecto de la que llega de afuera.
- Aunque sea legal ¿que opina de los concursos realizados durante el último período del gobierno? La oposición acusa “amarres” para el próximo gobierno…
- Aquí soy categórico: hacer concursos en el último año de gobierno no sólo es importante desde el punto de vista del gobierno, porque hay que gobernar hasta el final, sino que no hacerlo es hacerle el juego a quienes piensan que este sistema va a tender a desaparecer y que la confianza política es lo que determina la existencia de un ADP y no los méritos que pueda haber demostrado anteriormente. Creo que apuntar a esto es un disparo bajo la flotación del sistema. Todo esto aun cuando el proyecto de ley le entrega atribuciones al Consejo para decidir si un año antes de un cambio de administración conviene o no hacer concursos, pero no por razones de que la nueva autoridad sienta que hay un amarre, sino por el riesgo de que un determinado concurso no vaya a tener la suficiente cantidad de postulantes y pueda ser declarado desierto, que no existan incentivos justamente porque se acaba el gobierno.
Balance marcado por dos fenómenos
Según Williamson, dos fenómenos positivos marcan el balance del sistema este año. “Por una parte, se rompió la tendencia de que el año previo a una elección presidencial la tasa de postulantes por concurso solía caer significativamente, como ocurrió en 2005 y 2009. Preocupaba que se mantuviera esta tendencia lo que habría sido una reiteración de que los cambios políticos ahuyentan la participación, lo que desnaturaliza a la ADP, que debiera estar al margen de los ciclos políticos. Afortunadamente ello no ocurrió. En 2013 se ha mantenido con alrededor de 140 candidatos promedio por concurso, que es una tasa elevada. Esta tasa se correlaciona positivamente con la capacidad de captar candidatos idóneos, formar nóminas y evitar los concursos desiertos, declarados por nosotros, que es nuestra mayor pesadilla, ya que obliga a partir todo de nuevo, lo que es costoso en términos de plata para el Fisco y para el Estado a quien se le priva de tener pronto un titular en el cargo. En la práctica hemos mantenido una tasa de desiertos del 11% este año, que contrasta con la tasa de desiertos por sobre 20% el año 2009. Agregó además como hecho positivo el aumento en el interés por participar en las tareas públicas de profesionales del sector privado que ha permitido aumentar la tasa de nombramiento desde un 15% antes en 2010 a 37% después de ese año. Lo segundo que no solo lo señalo como un gran logro de este año sino de los últimos años, es el positivo resultado en el ámbito de la selección de los directores de escuelas y liceo municipales. Desde que se amplió la cobertura de la ADP a estos directivos en el marco de la ley de Calidad y Equidad de la Educación, esto es, comienzos del 2012, hemos realizado alrededor de 1.200 concursos y se han nombrado poco menos de 900 directores.
- ¿Cuál es el mayor logro en los cuatro años?
- La mayor satisfacción de estos 4 años es la consolidación de un sistema de reclutamiento directivo a nivel del Estado chileno, que está teniendo una amplia cobertura, más allá del gobierno central, asentado en el mérito y sustentado en un nivel de profesionalismo tanto del Servicio Civil, como brazo operativo, como del Consejo de ADP, como garantes para evitar que el sistema caiga bajo el influjo de la politización y desvirtúe su naturaleza.
- ¿Y los principales problemás detectados?
- Por un lado, la presencia de candidatos en los concursos de quienes ejercen como directivos de los cargos que se están concursando bajo la calidad de Provisionales y Transitorios, (PyT) no es una buena idea, especialmente, en el segundo nivel jerárquico. Disuaden la postulación de buenos candidatos, al concursar gozan de ventajas competitivas y finalmente son potencial amenaza de politización. Lo segundo que me inquieta, es la poca comprensión de la labor de la ADP en algunos sectores que participan de la cosa pública y del sentido que animó a un grupo numeroso y transversal de legisladores en su momento que se atrevieron a restar poder político a la coalición gobernante para “despolitizar” nombramientos que antes de la ADP tenían un propósito partidista. Para decirlo sin eufemismos, hay todavía algunos sectores políticos que desprecian a este sistema, o que dicen valorarlo cuando otros son los “afectados”, pero cuando les toca a ellos someterse a las reglas del juego, lo critican, aunque sea en voz baja para que no se piense que no apoyan estos avances modernizadores.
- Pasados 10 años desde la implementación del sistema, ¿siente que es el momento de definir qué ADP requiere Chile?
- Hoy estamos en régimen, mas del 90% de los cargos ya se han concursado más de una vez, estamos en rodaje, se ha ido consolidando la idea que es bueno tener funcionarios públicos seleccionados por mérito. Debemos apuntar a tener un sistema permanente en el tiempo, tiene que ver como un gobierno que ingresa y su punto de vista respecto de las personas que van a cumplir las funciones ejecutivas del desarrollo de las políticas publicas. Es una tremenda oportunidad para el sistema, el Talón de Aquiles es que no tengamos la capacidad de convocar personas que puedan mantenerse en el tiempo, demostrando que tienen la capacidad para el cargo; si eso se desestabiliza, el sistema va a terminar no se sí desapareciendo o reduciéndose a su minima expresión. Es una tremenda oportunidad para el gobierno entrante y a 10 años de la implementación es el momento para que los gobiernos se pongan serios. Sobre todo pensando en que podría haber alternancia, eso conspira con algo importante: la calidad de la gobernanza depende mucho de tener capacidades instaladas en el nivel directivo que se puedan mantener en el tiempo, es un capital humano que hay que preservar y hay que actuar con mucha responsabilidad política al determinar quien se va y quien se queda.
Dudas por jueces medioambientales
La experiencia vivida en el proceso de selección de jueces medioambientales para el tribunal de Antofagasta, generó una cuota de preocupación en Williamson. "Aquí se reveló un grado de desconfianza en el sistema. En este caso, la Corte Suprema rechazó 9 nombres que iban en distintas nóminas propuestas por nosotros, por tanto, idóneos desde nuestra perspectiva, aduciendo que no cumplían el perfil, lo que nos obligó a iniciar por tercera vez, un concurso (para seleccionar abogados) en un área dónde es muy difícil atraer buenos candidatos. No compartimos la decisión de la Corte Suprema, por cuanto sí cumplían el perfil el que había sido definido por el Consejo ADP conforme al mandato legal que habíamos recibido y refrendado por el TC, quien rechazó la idea de que dicha definición se trasladara a la Corte Suprema. Es un caso puntual, es cierto, pero de suma importancia, por tratarse de un tribunal que debe tratar causas medioambientales muy delicadas en el futuro en el ámbito minero y porque la decisión de la Corte fue poco coherente con el criterio que ella misma utilizó antes con los tribunales de Santiago y Valdivia".
Lento avance del proyecto de ley
- ¿En qué etapa queda el proyecto de ley de ADP? ¿Por qué finalmente, no se logró avanzar?
- El proyecto está en la Comisión de Hacienda y no sabemos si tendrá pronta tramitación. Lo importante, por ahora, es que en este tiempo ha habido mucha discusión sobre los espacios de mejora de la ADP y bastante consenso sobre la mayoría de los cambios. Más importante aún, el programa de la Presidenta electa señala de manera taxativa la necesidad de hacer cambios y declara específicamente que se suprimirá la posibilidad de elegir a los PyT (Provisionales y Transitorios), como señala el proyecto del actual gobierno, al menos en el segundo nivel jerárquico. Las otras modificaciones que apuntan al plano operativo formal del sistema son aceptadas por todos los sectores. Dónde podría haber diferencias de opinión es qué nuevos cargos se incorporarían a la ADP. El proyecto señala 98 nuevos cargos, incluidos la Dirección del Trabajo, el SII y Fonasa, entre otros. He escuchado que en la Nueva Mayoría hay una postura de revisar los cargos de nivel I, todos o al menos algunos, porque se dice que son de naturaleza más política, y evaluar entonces la opción de que dejen de ser ADP y sean de nominación directa por parte de la autoridad política. A mí no me convence la idea (...) La pregunta es ¿nos vamos a negar a la competencia y vamos a dejar que las redes políticas vuelvan a capturar a esos ADP sin contrapesos? Me parece que no, que sería una vuelta al pasado.
- ¿Qué posibilidades reales de avance le ve en los próximos meses?
- Esto puede ser especulativo, pero para ser razonable, esperaría poder ir a exponerlo antes que se termine este gobierno pero cero posibilidad de aprobación. Creo que va a ser un proyecto con algún grado de prioridad porque al interior de la Nueva Mayoría hay quienes se dan cuenta que la estabilidad de proyección y existencia del sistema depende de estas reformas, no son meramente de matices.
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