Aunque los sostenedores de colegios particulares subvencionados agrupados en la Conacep -alrededor de 600- aseguran "confiar en que los senadores aún pueden modificar el proyecto" que termina con el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar, desde hace más de siete meses que reciben una intensa asesoría de un equipo de abogados que prepara una ofensiva judicial ante la reforma del gobierno.
Eduardo Escalona, quien lidera el equipo jurídico que trabaja para Conacep, afirma que dentro de las alternativas que se barajan, demandar al Estado en distintas instancias, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un escenario factible. El argumento detrás de la intención de Conacep de concurrir a la Justicia, tiene que ver con que "acá no hay ningún acto voluntario por parte de los sostenedores, sino exclusivamente imposiciones que surgen del proyecto de ley. Es falso que haya elecciones: si no hubiese proyecto, nadie estaría optando por cerrar o por transformarse en colegio particular pagado", asevera el abogado, agregando que la iniciativa, en su estado actual, haría imposible la viabilidad de los proyectos educativos.
Otra de las medidas que están evaluando, es ejercer su derecho a ser oídos en un eventual requerimiento que parlamentarios presenten al Tribunal Constitucional (TC), por lo que se sumarían a una eventual acción que emprendería la Alianza, desde donde ya han advertido supuestos vicios de inconstitucionalidad del proyecto.
El efecto que los sostenedores esperan de estas acciones legales, según el presidente de la Conacep, Hernán Herrera, es una indemnización del Estado "por el daño que la implementación de este proyecto causaría" a los sostenedores del gremio.
Por otro lado, el equipo defensor de Conacep, además de prepararse para demandar las eventuales vulneraciones de los derechos de sus asociados, no descarta alistar una defensa frente a quejas que apoderados y profesores puedan presentar ante los colegios en el marco de la reforma. Ello, porque Escalona sostiene que "los graves problemas que presenta el proyecto producirán un alto nivel de conflictividad en todas las esferas", y por lo mismo asegura que la reforma originaría juicios en distintos niveles: civiles, laborales, de insolvencia, reclamos en Contraloría y en distintos tribunales por responsabilidad del Estado.
Según la agenda de prioridades legislativas establecida por la presidenta Michelle Bachelet, la iniciativa debiese ser despachada del Congreso antes del 31 de enero de 2015. Mientras tanto, los sostenedores monitorean muy de cerca cada una de las indicaciones y cambios que puedan surgir al proyecto en lo que resta del trámite. Después de todo, la estrategia de la ofensiva jurídica que los sostenedores adoptarán frente a la reforma estará supeditada a la redacción final del texto.
ATE se organizan para oponerse al fin del lucro
Cuando la diputada Yasna Provoste (DC) presentó la indicación que termina con el lucro en las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), que les prohíbe constituirse en sociedades relacionadas con sostenedores y las obliga a pasar por un proceso de licitación antes de prestar sus servicios, se encendió la alerta entre quienes se desempeñan en el rubro. Pasaron pocos días luego de que esta discusión se instalara fuertemente en la Cámara, cuando diversos e-mails empezaron a circular entre los dueños de estas agencias –que nunca antes habrían estado organizados ni siquiera coordinados. En un mes, 68 de estas agencias, de un total de 325 que actualmente están activas, adhirieron a Agrupaciones ATE. Aunque se constituyeron como oposición a la idea que promueve Provoste, sus representantes, Francisco Arrau y Marco Burboa, afirman respaldar la prohibición de sociedades relacionadas y establecer la licitación como mecanismo obligado, pero reconocen estar en total desacuerdo con terminar con el lucro en su sector.
"Somos igual que cualquier otra empresa que presta sus servicios, ¿prohibirán el lucro a todos los que se relacionan con educación? porque entonces también tendrían que meterse con proveedores de pizarras, con inmobiliarias que construyen colegios...", argumentan. El miércoles 10 de diciembre expondrán en el Senado y, conscientes de que el ministro Eyzaguirre no comparte la indicación, esperan interpelar a los parlamentarios antes de la votación.